Estafa inmobiliaria a una familia marplatense: "Nos provocaron un perjuicio económico, emocional y laboral"

Una familia de Mar del Plata fue víctima de una estafa inmobiliaria cuando se contactó con un martillero y corredor de bienes raíces de la ciudad, pareja de una conocida, para alquilar una vivienda en La Plata.

La búsqueda del inmueble respondía a una situación familiar y laboral compleja: "Mi padre reside en La Plata y está enfermo, es una persona mayor con problemas de motricidad, insulinodependiente e hipertenso. Junto a mi esposo trabajamos en el Servicio Penitenciario, por lo que iniciamos gestiones para obtener un traslado a dicha ciudad", declaró Gabriela en diálogo con 0223.

Planteada la situación de urgencia, "esta persona nos puso en contacto con una casa ubicada cerca de la Unidad N°9, en la zona de calle 9 bis y 85. Nos ofreció el inmueble y nos indicó que debíamos comunicarnos con su pareja. También propuso realizar una reserva si enviábamos garantías y documentación respaldatoria", explicó.

Debido a la confianza existente con la mujer y la premisa de que su novio tenía contaba con una inmobiliaria operativa en ambas ciudades, "le expliqué que debíamos entregar una vivienda otorgada por el Estado, ya que residimos en el barrio Penitenciario. El traslado implicaba informar con anticipación la fecha de salida, coordinar una mudanza a otro municipio y permitir la evaluación del mobiliario para organizar su traslado. En ese contexto se confeccionó una oferta ad referéndum donde se detallaban todas estas condiciones", indicó.

"En una de las cláusulas se establecía que la oferta quedaba sin efecto si la mudanza no se concretaba antes del 31 de enero —fecha prevista— o si la propietaria rechazaba la propuesta. Aun así, esta persona nos solicitó que enviáramos garantías, recibos de sueldo y demás documentación, indicando que la dueña necesitaba un anticipo y un mes de adelanto, ya que se trataba de un alquiler por otro alquiler y requería ese dinero para mudarse y liberar la vivienda", continuó.

El primer conflicto surgió cuando se enteraron que la dueña de la vivienda no estaba informada de que debía desocupar la casa antes del 31 de enero. "El dinero fue enviado al supuesto corredor, quien afirmó que era necesario para que la dueña alquilara un departamento. Realizamos la transferencia en el momento por un total de 1.100.000 pesos, de la cual conservo todos los comprobantes. A partir de entonces, dejaron de responder llamadas y mensajes", denunció.

Para planificar la mudanza, la mujer contó que se presentó personalmente en la vivienda y nadie de la inmobiliaria apareció para mostrarla. "Hablé con la madre de la propietaria y, al regresar a Mar del Plata, intenté nuevamente comunicarme con él sin obtener respuesta. Al escribirle directamente a la dueña para consultarle si había tenido contacto con esta persona", señaló.

Más tarde, la propietaria le confirmó que desconocía completamente la operación: "No había firmado ningún documento, ni había recibido dinero y no estaba informada sobre ninguna mudanza. Ante esta situación, intentamos comunicarnos nuevamente con la inmobiliaria sin éxito. La dueña decidió desistir de la negociación, ya que no quería involucrarse en un conflicto y no había recibido pago alguno. Según lo estipulado en la cláusula, al no aceptar la oferta, el contrato quedaba sin efecto y el dinero debía ser reintegrado, lo cual nunca ocurrió", manifestó.

A pesar de todo, y con un mínimo de esperanza de que la situación cambiara, esperaron hasta el 31 de enero, fecha prevista para la mudanza, pero nunca se realizó ni se devolvió el dinero. "En su lugar, recibimos respuestas evasivas y amenazas. El supuesto corredor de bienes raíces me gritó y me prohibió volver a comunicarme con la propietaria, ya que al hacerlo quedaban en evidencia los chanchullos que estaba cometiendo", reveló.

Como consecuencia directa, asegura que se retrasaron los estudios y tratamientos de su hijo. "Él asiste a neurólogo, psicólogo y psiquiatra, y concurre a una escuela especial. La mudanza debía realizarse a fines de enero para poder organizar su escolaridad, la integración educativa y los tratamientos correspondientes. A esto se suman mis propios tratamientos médicos y obligaciones laborales", resaltó.

Actualmente se ven obligados a viajar constantemente: "Yo me voy a La Plata los miércoles a las 12 de la noche y regreso los sábados de madrugada. Mi esposo viaja los sábados por la noche y vuelve los martes a la noche. Esta situación se extenderá al menos hasta el 1º de marzo", comentó.

Además, debieron solicitar un préstamo que les generó un grave perjuicio económico, ya que sus ingresos no son elevados. "Contábamos con un dinero destinado a la mudanza que tuvimos que utilizar para alquilar otra vivienda. Presentamos nuevamente garantías, abonamos depósito y anticipos, lo que implicó un gasto cercano a un millón y medio de pesos en otro alquiler", agregó.

A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo 2023, aún no saben a qué establecimiento educativo podrá asistir su hijo y no pudo realizar los trámites ante IOMA para la cobertura de la integración por discapacidad, según planteó.

"Estamos sufriendo pérdidas económicas constantes a raíz de personas que, según sabemos, fueron funcionarias públicas y resultaron exoneradas de la fuerza por delitos económicos. Junto a su pareja, residen en La Plata, alquilan propiedades en Mar del Plata y las subarriendan a mayor valor", expuso.

Por toda esta situación, "realizamos la denuncia correspondiente por estafa, la cual fue derivada al área de delitos económicos. Lo que solicitamos es que la investigación avance, ya que el daño causado es grave. No solo perjudicaron a un menor que debe iniciar el ciclo lectivo, sino que nos provocaron un perjuicio económico, emocional y laboral. Además, actualmente debemos trasladarnos a La Plata y adquirir elementos básicos como si estuviéramos alojados en un hotel, sin contar con una vivienda estable, mientras estas personas continúan estafando a otros", concluyó.