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Judiciales

8 de Noviembre de 2019 17:31

La ley de la polémica: cuáles son las sanciones por incumplir el "Pacto Fiscal"

En el marco de los cruces entre Montenegro y Arroyo por los nombramientos de personal, 0223 detalla las penas que están previstas dentro del marco de la legislación 25.917.

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, previsto en la Ley 25.917, volvió al centro de debate de la escena política marplatense después de los duros cuestionamientos que hizo el intendente electo Guillermo Montenegro a su antecesor, Carlos Arroyo, por la cantidad de nombramientos que acusa en los últimos meses.

En síntesis, la norma que fue impulsada en el territorio bonaerense por la gobernadora María Eugenia Vidal, establece que los intendentes, durante los seis meses previos a terminar su mandato,  asuman compromisos tendientes a "no incrementar gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales”. 

La ley también limita el endeudamiento de las comunas al 10% de lo que representan sus recursos corrientes y obliga a las administraciones municipales a elaborar un informe en forma trimestral en el que se brinde un detalle de la cantidad de empleados y sus diferentes niveles de haberes.

Ahora, la polémica se reaviva en Mar del Plata porque Montenegro asegura que, lejos de adecuarse al texto de la ley, Arroyo avanzó con numerosos nombramientose en distintos entes y secretarías claves así como en Obras Sanitarias. "Están haciendo una retirada a lo cowboy: designan familiares, amigos y pariente", había graficado Alejandro Rabinovich, hombre de confianza del jefe comunal electo.

Sin embargo, desde el arroyismo aclaran que por estos meses sólo se cumple con el pase a planta permanente de 107 trabajadores temporarios, en base a lo pactado en las negocaciaciones paritarias que antes se llevaron adelante con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). "Acá no hay otra cosa más que dar cumplimiento al acuerdo paritario", ratificó Alejandro Vicente, el Secretario de Gobierno, a 0223 Radio.

En el marco de estos cruces, Montenegro inclusive había instado a revisar las designaciones de estos meses y a constatar la "posibilidad de la comisión de un delito" por parte de Arroyo al no dar cumplimiento a la legislación vigente.

¿Qué consecuencias puede haber por no acatarse al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal? Ante la consulta que le hizo este medio, el abogado Martín Colombo, con paso previo por la Municipalidad, explicó que si se incumple la ley "hay sanciones propias del sistema que ya están establecidas en la ley nacional".

Al enumerar las consecuencias, el letrado precisó que están vinculadas con "divulgar la situación, restringir el derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (NdeR: conformado por ministros de economía y Gobiernos provinciales), limitación de avales y garantías otorgadas por Estado Nacional y limitación de transferencias presupuestarias, a excepción de aquellos impuestos coparticipables que se transfieran directamente a las Provincias".

Colombo, quien se desempeñó como procurador municipal durante la gestión de Gustavo Pulti, dijo también que "puede haber responsabilidades administrativas, contables y penales", en base al tipo de incumplimiento que sea advertido en la administración. "Esto lo aplica después el Tribunal de Cuentas o las autoridades judiciales competentes en el ámbito penal", indicó.

La primera polémica

A fines de enero del año pasado, la Municipalidad de General Pueyrredon adhirió a la Ley 13.295, por la cual la Provincia de Buenos Aires ya había adhreido a la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal 25.917. Sin embargo, el camino para materializar esta adherencia no estuvo excento de otras discusiones políticas en la ciudad.

Concejales opositores habían lanzado críticas a la iniciativa promovida desde el oficialismo por tildarla como una medida "antipolítica". El debate dilató su implementación inmediata en el ámbito lcoal y Arroyo decidió sumarse a través de un decreto, obviando el tratamiento que debía darse en el marco del recinto deliberativo.

"No teníamos otra", fue el sincericido que lanzó Guillermo Arroyo, hijo del intendente y concejal de Agrupación Atlántica, al justificar la decisión para poder recibir asistencia financiera por parte de la administración de Vidal.

Como era de esperar, el decreto reavivó las críticas de la oposición y se anuló. Finalmente, en una sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo aprobó por mayoría la adhrencia al régimen, que el intendente terminó de promulgar y poner en marcha el 30 de enero de 2018.

"La verdad de la milanesa es que con un solo presupuesto no se puede, no podremos resolver el millón de problemas que tenemos por los costos que hay en la obra pública y ahí es cuando aparece la mano de la presidencia y de la gobernación. Si no adhreimos al Pacto Fiscal, no vamos a tener la ayuda de Nación y Provincia que es fundmanetal", enfatizó en su momento el intendente Arroyo.