Arroyo, un intendente que se va con cuentas a rendir en la Justicia

El 10 de diciembre Carlos Arroyo dejará de estar al frente del Gobierno municipal pero deberá seguir dando explicaciones por su obrar en los últimos cuatro años: es que la Justicia local tiene distintas denuncias en su contra en las que se investigan diferentes irregularidades en las que habría incurrido la gestión.

Son varios los expedientes que se tramitan en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº10 de Delitos Económicos. Uno de ellos es el que está ligado con la Obra Asistencial Mutual (OAM), que inició en enero de 2018 una acción penal contra el máximo responsable del Municipio por las millonarias deudas que se reclamaban en concepto de retenciones de aportes personales y patronales.

"La causa está en plena etapa de investigación, con algunos otros sucesos que fuimos acompañando en este tiempo, y en relación a todo lo que hay entendemos que el único camino posible es citar a indagatoria a Arroyo y sus funcionarios para que den explicaciones por lo que hicieron y lo que dejaron de hacer", afirmó a 0223 César Sivo, el abogado que representa a la entidad que dirige Rubén Pili.

El letrado dijo que los fiscales David Bruna y Javier Pizzo están a la espera de que concluya una pericia que permitirá avanzar con las imputaciones planteadas y la ronda de indagatorias en el corto plazo. "Acá hubo una  evidente la retención de dinero por parte de la Municipalidad. Mourelle (NdeR: ex Secretario de Hacienda) reconoció públicamente que la plata la destinaba a un plazo fijo. Entonces, ese dinero que tenía que utilizar para pagar la obra social lo tenía para hacer un negocio financiero", apuntó.

Sivo recordó que los cargos que acusa OAM sobre Arroyo, su ex Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y funcionarios de entes descentralizados involucran los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “malversación de caudales públicos”, “administración fraudulenta” y “abuso de autoridad”. “Son varios los delitos que están dando vuelta en esta causa”, sintetizó.

El mismo abogado también presentó a principios de agosto una denuncia penal, pero esta vez dirigida únicamente al jefe comunal y Mourelle, en representación de la empresa Rocma SRL, por falta de pagos que desembocaron en una millonaria deuda en el marco de una obra por la puesta en valor de la plaza del barrio El Martillo.

"El dinero, que correspondía a partidas que enviaba el Gobierno nacional, llegó pero los pagos se trabaron a Rocma porque la Municipalidad no presentaba la documetnación adecuada en relación al trabajo hecho por las cooperativas. Aparentamente, lo que hicieron fue llevar documentación falsa", señaló.

Sivo consideró que esta denuncia es particularmente "grave" porque demuestra maniobras de "apoderamiento de dinero de Desarrollo Social que debía ser utilizado para paliar la crisis que se vive con el alto nivel de desocupación que hay en Mar del Plata".

"Las cooperativas tenían que hacer esos trabajos pero se quedaron afuera porque el Municipio lo hizo a través de sus empleados, que ya cobran sueldos. Por eso, cuando el Ministerio pedía que le liquiden las tareas el Municipio decía que no tenía recibos. Pero luego enviaron recibos que no hay ninguna duda que son falsos. Ahí ya hay una irregularidad", sostuvo el letrado.

Además, el representante legal de Rocma dijo que cuando las autoridades de la firma iban a reclamar por el faltante de dinero, que originó una deuda aproximada de 12 millones de pesos, "los empezaron a correr con el obro de tasas" y otras maniobras. "Le inicairon un juicio, la embargaron, la complicaron, la ahogaron, la dejaron sin fondos y le exigieron un trabajo sin cumplir con el dinero que tenían que pagarle", enumeró.

Sivo sostuvo que los delitos en los que habría incurrido Carlos Arroyo y su ex responsable de la Secretaría de Economía y Hacienda se enmarcaría dentro de las figuras de "administración fraudulenta" y "malversación de fondos públicos".

Y recientemente, el mismo abogado, en representación del concesionario de la Unidad Turística Fiscal de Playa Grande, Sergio Goransky, impulsó otra denuncia más contra el intendente en la que lo acusa por los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En este caso, la presentación judicial se funda a partir del acuerdo que firmó Arroyo a principios de abril con Playa Azul permitir el desembarco de un nuevo boliche en la cochera del lugar, en contraposición con la letra original del pliego que se había pactado con el Municipio.

"Es propio desconfiar sobre cuáles son las intenciones del Intendente para exponerse de semejante forma en protección de Playa Azul S.A., en virtud de no poder encontrarse beneficios concretos para el municipio -sino todo lo contrario- y de adquirir la firma evidentes y jugosas ganancias con su obrar", se sostiene en la denuncia.

En el escrito, el letrado también consideró "necesario investigar a fondo el desempeño dentro de los hechos denunciados que les cupieron a Andrés Barbieri y a los controlantes de la firma Playa Azul S.A. por sospecharse la posible intervención espuria y/o participación criminal en los hechos anteriormente mentados".

En la presentación se le imputa al abogado Barbieri la posible comisión del delito de "tráfico de influencias". "Es de vital importancia identificar el carácter de las negociaciones llevadas a cabo entre la empresa y el municipio, en cuantas reuniones se llegó al Acta Transaccional, quienes han sido los verdaderos intervinientes, en qué carácter lo han hecho, y cuáles fueron las motivaciones que derivaron en su involucramiento", se insistió.

Más denuncias

A mediados de noviembre, Fiscal General Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, sumó otra denuncia penal contra el intendente  por los numerosos nombramientos que habrían tenido lugar en el último tramo de su gestión y que representarían un incumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que adhirió el Municipio en 2018.

A partir de las fuertes sospechas que se sembraron en estos meses, el funcionario judicial pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que se profundice con una investigación las designaciones que denunciaron a la prensa concejeles, el intendente electo Guillermo Montenegro y desde el propio Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

Pettigiani sostuvo que de comprobarse la comisión de los hechos ilícitos que se le imputan al intendente se configuraría el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Dentro de la prueba que incluyó en su presentación, el fiscal citó distintas publicaciones periodísticas y propuso que se cite a declarar a los concejales Balut Tarifa Arenas (Unidad Ciudadana) y Angélica González (Coalición Cívica), al Guillermo Montenegro, a Alejandro Rabinovich (hombre de confianza del intendente electo) y Antonio Gilardi, quien se desempeña como Secretario General del STM.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal exigió que las autoridades judiciales intervinientes en la causa llamen a indagatoria a los "responsables" de los hechos denunciados, entre los que se involucra la figura del propio Arroyo.

También hizo lo propio la Federación de Sindicatos de Muncipales de la Provincia de Buenos Aires (Fesimubo), que para la misma fecha denunció el incumplimiento de la ley 14.656 -también conocida como de "Empleo muncipal"- por parte de 70 municipios, entre los cuales se incluyó al distrito de General Pueyrredon.

En relación al incumplimiento en que habría incurrido Arroyo, García había explicado a 0223 Radio que "firmó un convenio colectivo y al otro día lo incumplió con la complicidad del ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, que nunca lo instó a cumplir con lo que el mismo habia firmado". 

"Esta situación junto con la quita de la bonificación docente es la que provocó el conflicto de casi 29 días que los vecinos no se merecían por la mala administración del Intendente", agregó eñ gremialista, quien reiteró que "todas estas provocaciones tuvieron su correlato en la peor elección de un intendente que busca la reelección".

El Secretario General de la Fesimubo había adelantado que Arroyo tendría "un montónde problemas" a partir de la presentación que se impulsó. "Esto o la quita de bonificaciones son cosas que deberá pagarlo con su patrimonio personal", ratificó.