La Justicia analiza si concede la excarcelación de Gabriel Galvano y Andrés Bracamonte

La Justicia marplatense comenzó a avanzar este jueves con las diligencias administrativas para determinar si acepta o rechaza el pedido de excarcelación de Gabriel Galvano y Andrés Bracamonte, los rosarinos que permanecen en la cárcel de Batán al estar acusados por la brutal golpiza que sufrió Matías Montín en el boliche Ananá de Playa Grande.

Fuentes judiciales que consultó 0223 confirmaron que tras la presentación que formalizó Sergio Fernández, el abogado defensor de los imputados, ya se empezaron a certificar los domicilios y los antecedentes penales de los jóvenes.

Una vez que finalicen estos trámites y que se reúnan los elementos suficientes como para argumentar una decisión, se prevé que el Juzgado de Garantías Nº1, a cargo de Daniel De Marco, se expida sobre la excarcelación entre el lunes y el martes.

El letrado Fernández, entre otros argumentos expuestos a favor de la salida de sus defendidos de la Unidad Penal de Batán, había señalado que ambos jóvenes no poseen ningún antecedente que permita poner en duda su conducta y la predisposición de colaboración para con la causa penal en curso.

Por esta fecha, Matías Belloso, el jugador de Arsenal que asoma como el tercer involucrado en la pelea que terminó con la internación en terapia intensiva de Montín, sigue imputado pero en libertad ya que las autoridades valoraron la decisión de ajustarse al proceso por voluntad propia, sin advertir otro riesgo de entorpecimiento para la investigación.

Andrea Gómez, la responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4, es la fiscal que quedó a cargo de la pesquisa y ya anticipó que mantendrá la carátula de acusación por el delito de "lesiones graves en ocasión de riña" a pesar del pedido que había hecho Ignacio Trimarco, el abogado de la familia de la víctima, para agravar la imputación a "tentativa de homicidio".

En su primera intervención en la causa, la funcionaria judicial decidió realizar en la tarde de este jueves un allanamiento en el establecimiento nocturno donde se sucedieron los hechos de violencia para tratar de obtener más imágenes de las cámaras de seguridad y otros rastros criminalísticos relacionados con el delito en cuestión.