Caso Lucía Pérez: designan a Hilda Kogan como presidenta del juicio político

Hilda Kogan, la segunda cabeza que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, presidirá el jury político que se hará contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes el 28 de noviembre de 2018 donde absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por la acusación de violación seguida de muerte contra Lucía Pérez.

Con esta designación, el jury ya queda constituido, con acusadores públicos y con acusadores particulares, según explicó a LaVaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse que acompaña a la familia de la adolescente de 16 años en el pedido de destitución de los magistrados que intervinieron en el primer fallo por el resonante caso que se gestó en octubre del 2016 en en el sur de Mar del Plata.

No es la primera vez que Kogan toma intervención en la causa de la adolescente. Ya lo había tomado un primer contacto con el expediente en mayo de este año, cuando respaldó el dictamen de Casación que ordenó la realización de un segundo juicio. Allí, junto a su pares Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud, sostuvo que la sentencia del 2018 perpetuaba "estereotipos" y tenía un carácter "arbitrario".

"La influencia de los estereotipos de género discriminatorios demuestra su parcialidad y es una expresión de violencia institucional", había resuelto con dureza en su dictamen una de las principales referentes del máximo tribunal de Justicia dentro del territorio bonaerense.

En el marco del jury, en el rol de acusación estarán el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, la Comisión Bicameral integrada por doce legisladores (cinco senadores y siete diputados), y el defensor del pueblo, Guido Lorenzino. Además la familia de Lucía se suma como adjutora, la figura que describe dentro del juicio político al acusador particular.

De ahora en más, resta que se fijen los plazos para ofrecer las pruebas y luego convocar a la audiencia del debate contra Gomez Urso y Viñas. La imputación que recae contra ambos magistrados es por los delitos de "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta".

La novedad judicial renueva la esperanza en los familiares de la menor, que el pasado 8 de octubre cumplieron el quinto de aniversario de lucha por justicia. Todavía esperan, tras el fallo de Casación y la confirmación de la Suprema Corte, que se defina la fecha del segundo juicio contra Farías y Offidani.

El juicio político había sido impulsado el 22 de mayo de 2019 por la diputada Victoria Donda -hoy al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) - junto a su pares Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Romina Del Plá y Facundo Moyano.

El llamado “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales” atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el Juez o Funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la “buena conducta” que se requiere para continuar en el ejercido de la función. Es presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

La denuncia que sostienen desde un principio los familiares de Lucía es que el 8 de octubre de 2016, a las 10.30, Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, la llevaron hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella y después la trasladaron sin vida a un centro médico alejado de la ciudad.