"Bombón, pasá fotito": sextorsión, un delito virtual que preocupa en tiempos de pandemia

La modalidad se repite: un hombre empieza a chatear por redes con una mujer; desconoce su perfil pero la chica se ve atractiva – o, al menos, eso es lo que muestran sus fotos – y encima se interesa por él, le insiste, lo seduce, y lo persuade, hasta que la conversación empieza a subir de tono. En ese punto, las palabras ya no alcanzan: ella necesita verlo en bóxer, desnudo. Quiere fotos. Y el hombre, por supuesto, accede a todos los pedidos de su flamante conquista virtual y envía el material más hot. Lo que sigue después no es un intercambio de placer: es el principio de un infierno que solo se soluciona con plata. Mucha plata.

El chantaje no es novedoso – en los últimos años, incluso, algunos ya lo han bautizado con diferentes nombres populares como “sextorsión”, “sextortion” o “pornoextorsión” – pero con el auge frenético de la virtualidad que impuso la pandemia del coronavirus desde marzo del 2020 algunos sectores de la Justicia encienden la alarma por el crecimiento de este tipo de delitos. Una de las voces que se manifiesta al respecto es la del agente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Balcarce, Rodolfo Moure, quien ratifica que “han proliferado” las causas en los últimos meses.

Si bien se trata de delitos de vergüenza, que no entienden de fronteras ni de jurisprudencia, y que justamente por su condición muchas veces no son denunciados por las víctimas, el fiscal se preocupa por el punto de origen de las maniobras extorsivas y pone la mira en lo que sucede dentro de los pabellones de la Unidad Penal de Batán. “No digo que lo hacen todos los delincuentes que están alojados en la cárcel pero sí se ha determinado que un gran número de ellos está usando los celulares para cometer delitos y eso motivó diferentes allanamientos en investigaciones que intervine para secuestrar esos aparatos”, sostiene.

A pocos días de lo que fue el comienzo de la cuarentena más estricta en el país por la llegada del Covid-19, el juez de Ejecución Penal, Juan Galarreta, había hecho lugar al pedido formulado por la Comisión por Provincial por la Memoria y ordenó al Jefe del Complejo Penitenciario Batán la habilitación inmediata del uso de los celulares por los internos alojados en las Unidades Nº15, 44 y 50 para paliar el impacto psicológico de no poder ver a los familiares a raíz de las restricciones que estableció el Gobierno de Alberto Fernández por razones sanitarias.

Pero Moure advierte que diferentes internos “aprovecharon esta libertad extraordinaria” para continuar con su raid delictivo y señala que la problemática no solo tiene como epicentro a Batán, sino a cárceles de otros puntos de país, como Santa Fe y Córdoba. “Con la pandemia se produjo una especie de libertad anticipada en el uso de las comunicaciones y en muchos casos se demostró que esa libertad se aprovecha de mala manera. Entiendo yo que no podemos permitir que un detenido utilice libremente el celular desde adentro de una cárcel si tiene el control del Servicio Penitenciario, por lo menos”, apunta.

Al reconstruir la extorsión, el fiscal dice que primero se entabla una comunicación entre la víctima y una persona que finge “ser una mujer y habla en tono sexual” para poder acceder a las imágenes íntimas y que, luego, esa conversación se corta intempestivamente y entra un llamado de la “policía”. “Ahí les dicen que si no quieren ser denunciados o que si quieren evitar que las imágenes enviadas se divulguen le deben depositar tanto dinero en una cuenta. Y esto, por lo general, se hace a través de transferencias electrónicas o algún otro medio que es muy difícil de rastrear. Así se hace la extorsión o la estafa, según el caso”, precisa, en una entrevista con 0223.

El representante del Ministerio Público Fiscal dice que las personas que suelen caer en estas maniobras son hombres, de entre 40 y 50 años, y reconoce, además, que los delincuentes disponen de mecanismos “muy elaborados” para no fallar en la extorsión: dice, por ejemplo, que en varias llamadas simulan los ruidos de los handies policiales para hacer “más creíble” el contacto entre la víctima y el supuesto efectivo policial. “En uno de los allanamientos secuestramos una grabación de un handie que lo ponen encima del micrófono del teléfono y entonces la persona que está de otro lado piensa que es de verdad. Lo tienen todo muy preparado”, asegura.

“No se pueden hacer generalizaciones que no corresponden a la realidad”

El juez Juan Galarreta defiende el uso de los celulares dentro de las cárceles y asegura que esa medida permitió, en primer lugar, “descomprimir” la posibilidad de que se gestaran “motines” en los  establecimientos carcelarios de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros tuvimos antecedentes de esto: en la Unidad 44 tuvimos una revuelta producto de que se cortaban las visitas. Y era lógico porque, indudablemente, si te vedan la posibilidad de comunicarte con tus seres queridos, se genera un problema”, recuerda.

El magistrado pide hacer un “ejercicio empático” con la situación que atraviesa a los internos y afirma que una prohibición de estas características – es decir, imposibilitar todo tipo de comunicación ya sea virtual o presencial – “no tiene ningún anclaje constitucional”. “La prohibición va de bruces con los principios constitucionales. La comunicación familiar y con el exterior, y más aún para las personas que están en ámbitos de encierro, es uno de los derechos fundamentales para garantizar el crecimiento y el desarrollo personal”, remarca.

Galarreta, además, reconoce que el uso de teléfonos celulares dentro de la unidad penitenciaria tampoco es cosa nueva y que ya había circulación de estos dispositivos hasta antes de la pandemia. “El celular se ha instalado en el imaginario colectivo, y en muchos operadores judiciales, como una vía que facilita la criminalidad pero los celulares ya existían aún antes de que se habilitaran. Estaban ocultos, sí, pero es hipócrita decir que no”, comenta.

Según los datos del Servicio Penitenciario que revela a este medio el funcionario judicial, desde el 20 de marzo del 2020 al 20 de marzo del 2021 solamente hubo dos allanamientos en el penal de Batán por causas en las que los celulares se habrían utilizado para la consumación de algún ilícito: uno de los procedimientos se registró el 18 de junio del 2020 en el marco de una investigación vinculada a comercialización de estupefacientes y el otro fue el 4 de febrero del 2021, en el marco de una investigación vinculada a una extorsión. “Casi que no hay ningún impacto, y son delitos que existieron siempre”, insiste.

El juez marplatense, entonces, pide “no hacer generalizaciones que no corresponden a la realidad a partir de un hecho específico”. “Es indispensable manejarse con datos fidedignos y analizarlos en relación con el universo. No podemos caer en el lugar común de generalizar a partir de un caso”, señala, en contracara al planteo del fiscal.

El responsable del Juzgado de Ejecución Penal Nº2 asegura que con las medidas que se implementaron por el contexto de pandemia se logró una “disminución notable de la violencia” dentro del penal de Batán y recuerda, también, que cada uno de los dispositivos telefónicos que circulan dentro de la cárcel están “debidamente registrados”. “Ahora los internos no tienen que andar escondiendo los celulares. Todos se han plegado voluntariamente a registrarlos. Y si quieren cometer un delito, van a tener un inconveniente porque el dispositivo va saltar en el registro”, destaca, sobre la dinámica del sistema vigente.

“El protocolo que implementamos fue modelo para otras jurisdicciones que, en forma paulatina, se fueron sumando a esto y abrevaron el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires para hacer efectivo un derecho constitucional básico como el de la comunicación. Algunas provincias, como Santa Fe, todavía no permiten el uso de los celulares en la cárcel y esto está vinculado con la problemática del comercio de estupefacientes que tienen ahí pero aun así creo que es un error”, concluye el juez.