Abuso en el camping "El Durazno": declaran "no culpables" a Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba

El jurado que intervino en el juicio por la investigación del abuso sexual contra una menor en el camping miramarense "El Durazno", ocurrido en la madrugada del 1 de enero del 2019, declaró "inocentes" a los jóvenes acusados Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba.

La sentencia que acordaron las doce personas - seis hombres y seis mujeres - que integran el jurado se conoció hace instantes según lo que pudo confirmar 0223.

La lectura del fallo se escuchó a través de un parlante ubicado en las afueras del Teatro Auditorium, con la presencia, no solo de familiares y allegados, sino de organizaciones sociales. En un primer momento, la lectura del tribunal había dado por culpable a uno de los acusados pero pronto se rectificó.

El dictamen claramente se contrapone con la postura acusatoria que mantuvo desde el primer momento el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado, representado por el abogado Maximiliano Orsini.

El paso a paso del juicio

En un escenario inédito como el foyer del Auditorium, el debate comenzó el martes. Luego del juramento de los doce jurados titulares y los seis suplentes, en la primera jornada el juez Fabián Riquert dio las instrucciones iniciales para luego escuchar los alegatos de apertura de la querella y las defensas. Los dos primeros testimonios que se escucharon fueron los de los padres de la adolescente, quienes detallaron las circunstancias de los hechos.

Durante la segunda etapa del debate, el eje central estuvo puesto, primero, en la declaración de la víctima en la sala y minutos después en la exhibición de la cámara Gesell que dio en el primer momento de la investigación. También tuvieron la oportunidad de declarar  dos testigos.

El jueves, en tanto, hubo dos declaraciones testimoniales y uno de los puntos más importantes del día se registró con la presencia de un ateneo de peritos médicos, al que siguió un ateneo de peritos psicólogos y psiquiatras. Y sobre el cierre de la etapa probatoria, declaró el imputado Lucas Pitman.

Y el viernes, previo a conocerse el veredicto, tanto la querella como los abogados defensores - Noelia Agüero, Martín Bernat junto a Agustín Robbio y  Marcelo Jiménez - de los acusados de abusar de la adolescente dieron los alegatos finales para permitir la instancia de deliberación de los doce jurados.

¿Por qué un juicio popular?

Los imputados fueron los que pidieron ser juzgados a través de esta modalidad y evitar la instancia de un debate tradicional con un tribunal de magistrados. En septiembre del año pasado, el juez de Garantías, Saúl Errandonea, autorizó esta posibilidad.

La familia de la adolescente que denunció el abuso se opuso desde un primer momento. A través de su abogado, Maximiliano Orsini, plantearon que el mecanismo de juzgamiento resultaba “inconstitucional” para el tipo de delito investigado (abuso sexual) y que se vulneraban los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la legislación nacional, algo que rápidamente descartó el juez Riquert.

¿Por qué el juicio no fue de acceso público?

La reserva del desarrollo del debate fue garantizada por la Justicia dado que en oportunidad de la audiencia preliminar se había dispuesto la necesidad de la instancia privada habida cuenta del delito de integridad sexual y que la adolescente que protagonizó el hecho es mujer y menor de edad, lo cual es objeto de especial protección judicial.

Las autoridades solamente permitieron la toma de imágenes antes de la primera audiencia y de los alegatos finales, evitando fotos de las mujeres y hombres que fueron seleccionados para conformar el jurado popular.

¿Por qué un teatro?

Ante la falta de instalaciones judiciales con características acordes para recibir al número de personas que ameritaba el debate, se optó por el foyer del complejo provincial de las artes para garantizar el cumplimiento de las medidas de cuidado en el contexto de la pandemia del Covid-19 con la presencia del juez, un secretario, dos fiscales, tres defensores, un particular damnificado, imputados, testigos, allegados y los 18 jurados (titulares y suplentes). La posibilidad de utilizar la sala se formalizó a través de la cesión a la que accedió la Subsecretaría de Políticas Culturales de la Provincia  de Buenos Aires.