Hacinamiento en Batán: "Se ejecuta una política que está lejos de respetar los derechos humanos"

Los jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata sumaron preocupación por el grave estado en el que se encuentra la Unidad Penal Nº15 de Batán y reconocieron que los “datos y evidencias” de la superpoblación y el deterioro de las instalaciones desnudan una política penitenciaria que no respeta los derechos humanos.

“Los hechos denunciados particularmente en el ámbito de la UP15 y probados en audiencia, constituidos por la existencia de un cúmulo de situaciones sobre las que será necesario trabajar por consenso y de manera planificada con todos los involucrados para poder revertir, se presentan como violatorios de normas protectoras del respeto a la dignidad de las personas allí privadas de libertad”, apuntaron los magistrados de la Sala I, al ratificar la orden de la jueza Mariana Irianni de prohibir el ingreso de presos de otras jurisdicciones a la cárcel, con excepción de Necochea.

Los jueces reconocieron que el relevamiento de infraestructura que llevó adelante la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expuso como una “realidad incontrastable” el nivel de “gravedad de las condiciones de habitabilidad de la UP15”, y también se apoyaron en distintas fotografías que se exhibieron en el marco del hábeas corpus correctivo que impuso la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de la ciudad. “Hay una necesidad de avanzar en un plan de trabajo urgente, que evite otros derrumbes o pérdidas de vidas humanas, que se extienda a lo largo del tiempo y que permita poner en valor el establecimiento”, coincidieron.

En el fallo que se resolvió este viernes y al cual accedió 0223, Riquert y Viñas señalaron que “los datos y las evidencias son elocuentes y no solo alejan la ejecución de la pena de una política penitenciaria humanista y respetuosa de los DDHH, sino que habilitan los instrumentos de control para evitar que se agrave la situación, en garantía de una coerción que, teniendo como centro de atención a la persona, debería estar exenta de tratos degradantes, inhumanos y crueles, desde el inicio de cualquier proceso”.

Al ampliar su mirada al resto de las unidades penitenciarias de la Provincia, los jueces advirtieron, tal como reconocieron las propias autoridades gubernamentales, que la situación actual carcelaria registra la “sobre-población más grande de su historia” y lamentaron que se haya “devaluado a niveles intolerables al destinatario de la prisión como sujeto de derecho, en su dignidad humana, mediante el incremento sin tregua de población estable en un ámbito de encierro penitenciario colapsado, deteriorado y sin perspectivas -en lo inmediato- de cambio favorable”.

Los jueces tuvieron que ratificar la orden de prohibir el ingreso de personas detenidas o condenadas de otras localidades ante la apelación que presentó Dina Rossi, la Directora Provincial de Política y Gestión Penitenciaria, de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con la que se buscó dar marcha atrás con la decisión inicial de la jueza Irianni.

Al justificar su postura, la funcionaria recordó que el Gobierno prevé construir “otro pabellón colectivo” en la cárcel de Batán, junto a tres más distribuidos en las unidades de Campana y Florencio Varela, para generar, en total, 480 nuevas plazas. Sin embargo, los magistrados de la Sala I apuntaron que es “insuficiente e impreciso como respuesta” esta eventual alternativa de solución, de modo que se espera por el plan de obras y mejoras que está obligada a presentar la cartera provincial el 3 de octubre ante la Justicia local.

Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), al 31 de agosto había 1596 internos en el penal de Batán, cuando su capacidad real es para 1106 personas. Un escenario similar se advierte en la otra unidad del complejo, la número 44, donde están alojadas 532 personas cuando su capacidad es para 410.

La jueza Irianni interpuso la restricción de ingresos en Batán a principios de septiembre, lo que causó fuerte revuelo en Mar del Plata y la zona. En principio, su dictamen establecía cautelarmente “la prohibición de ingreso de nuevos detenidos y/o condenados a la Unidad Penal nº XV de Batán”. Después, en un segundo dictamen, la jueza aclaró que esto solo se limitaba a “los detenidos procesados o condenados de otras jurisdicciones”.