La ampliación del operativo de seguridad en playas dio un nuevo paso

La Comisión de Legislación dio el aval al proyecto para que los guardavidas ya presten servicio desde octubre. El oficialismo volvió a abstenerse a la espera de los informes del gobierno.

Con el nuevo aval, solo resta el tratamiento de la Comisión de Hacienda. Foto: Prensa HCD.

3 de Octubre de 2022 12:25

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Concejo Deliberante volvió a respaldar este lunes el proyecto del Frente de Todos para adelantar a octubre el inicio del operativo de seguridad en todas las playas de General Pueyrredon, tras la aprobación en la Comisión de Legislación, donde el oficialismo volvió a abstenerse reclamando aguardar la opinión del gobierno municipal.

El proyecto para modificar parcialmente la Ordenanza Nº14.269 que establece el Reglamento para Seguridad de las Actividad Acuáticas en General Pueyrredon fue apoyado por cinco votos, del Frente de Todos y Acción Marplatense, mientras que los cuatro concejales de Juntos se abstuvieron, en una sesión que contó con la presencia de decenas de guardavidas, quienes protagonizaron cruces con concejales oficialistas.

“Hay una nueva realidad que tiene que ver con los feriados puente, el Previaje, las competencias en la ciudad, que generan un aumento significativo en el turismo que viene a la ciudad en octubre. Por lo tanto hay que adecuarse a la realidad, atendiendo a quienes nos visitan”, manifestó Roberto Páez (FdT). En la misma línea se expresó Horacio Taccone (AM), quien puso en escena la fuerte afluencia de visitantes por eventos como los Juegos Bonaerenses y adelantó la intención de su bloque se presentar modificaciones al proyecto del Frente de Todos, contemplando también la realización de gestiones para que Provincia colabore con el financiamiento del servicio.

En cambio, el reclamo del oficialismo volvió a depositarse en la velocidad con la cual se está aprobando el expediente en las comisiones, sin aguardar a contar con los informes de las áreas competentes del Ejecutivo. “El acuerdo en la Comisión de Turismo era que este expediente se iba a poner en tratamiento con los informes del Ejecutivo”, se quejó Agustín Neme (Vamos Juntos), quien volvió a señalar que la propuesta es "demagógica". “Desde el 20 de septiembre hubo tiempo para que haya una voluntad el Ejecutivo. Esto no se puede dilatar más”, le retrucó Páez. Además, el edil del Pro planteó un cambio al proyecto opositor, incorporando que el financiamiento deberá estar a cargo no solo del Municipio, sino también de Provincia y Nación.

Los guardavidas acompañan el proyecto y volvieron a decir presente en el Palacio Municipal. Foto: 0223.

La radical Marianela Romero insistió en que “es importante que tengamos la información del Ejecutivo, estaríamos modificando una ordenanza sobre cuestiones que están en funcionamiento. Hoy hay 18 playas de nuestra ciudad que tienen el servicio, más las de Chapadmalal, no seríamos claros con la modificación”. En tanto, Angélica González (Coalición Cívica) pidió contemplar el debate sobre la ampliación del servicio de guardavidas en el Presupuesto 2023, habida cuenta del impacto financiero de la medida. "El municipio no cuenta con los fondos para afrontar este reclamo de los guardavidas", planteó, más conciso, el presidente de la comisión, Daniel Núñez (UCR).

De este modo, el proyecto presentado el 16 de septiembre por la concejal Mariana Cuesta ya superó las instancias de las comisiones de Turismo y Legislación, y solo le resta Hacienda, donde la oposición también cuenta con mayoría. De esa forma, estaría allanado el camino para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el 13 de octubre, donde sería decisivo el voto de Nicolás Lauría, quien cuenta con el antecedente de haber presentado un proyecto que abordaba la problemática de la falta de guardavidas en octubre.

El proyecto plantea modificar el artículo 4 del Capítulo III de la Ordenanza 14.269, para llevar de 150 a 180 el mínimo de días en que el servicio se debe prestar en el periodo que va del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. Ello no implica taxativamente que el servicio comience el primer día de octubre, ya que el Ejecutivo puede determinar el momento en el cual cumplir con el mínimo exigido.