Hasta febrero, la cárcel de Batán seguirá sin recibir presos de ciudades vecinas

La audiencia judicial que debía realizarse esta semana para analizar las medidas con las que se revertiría el deterioro estructural que arrastra la Unidad Penal Nº15 de Batán desde hace 14 años, y que en septiembre motivó el dictado de orden de restricción de ingresos de nuevos detenidos, finalmente se tuvo que reprogramar para febrero. La postergación fue forzada por las propias autoridades del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que en 75 días no presentaron ningún plan de obras integral para poner en valor la cárcel.

A raíz del alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y el deterioro “generalizado” de las instalaciones del establecimiento carcelario, desde el 1 de septiembre hay una resolución vigente de la jueza marplatense Mariana Irianni que prohíbe a otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – alojar sus detenidos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite, a Batán.

Pese a los duros cuestionamientos que hicieron funcionarios provinciales, la decisión fue ratificada 30 días después por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, donde los jueces jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas también insistieron en la necesidad de que el Gobierno bonaerense presente un "plan de obras y mejoras que fuere necesarias para superar el grado de deterioro edilicio, condiciones de seguridad y salubridad de alojamiento” de las personas detenidas en la UP 15.

Así, de acuerdo a los plazos fijados en audiencias previas, la expectativa de las autoridades judiciales era poder contar con ese plan de obras este 15 de noviembre. Pero plan, al final, no hubo: lo único que acercó el viernes, a contrarreloj, la Directora Provincial de Política Penitenciaria Dina Rossi al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata fue un escrito con tres informes preliminares.

El primero refiere detalles con respecto a los avances en el proyecto del convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la “reconstrucción de la unidad penitenciaria XV”; el segundo trata sobre las tareas de limpieza y desobstrucción del sistema de red de desagüe pluvial y cloacal de la cárcel, así como la adquisición de materiales para la construcción y adecuación de tapas para cámaras cloacales y tareas de plomería y gas; y el tercero se relaciona con un relevamiento del sistema eléctrico de las instalaciones que se realizó “para planificar y coordinar tareas para readecuar y reacondicionar el sistema eléctrico”.

La jueza Irianni ya envió cada uno de los expedientes a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia para que los propios ingenieros del máximo tribunal de la Provincia “indiquen si lo presentado se corresponde con medidas estructurales tendientes a la puesta en valor como se ordenara”. Entonces, a la espera de una respuesta y de la presentación de un plan de obras concreto, se resolvió postergar la audiencia en la que se definirá la continuidad de la orden que prohíbe el ingreso de detenidos de otras localidades a Batán recién para los primeros días de febrero, una vez finalizada la feria judicial. “No tenía sentido hacer una audiencia insuficiente. Por eso se volvió a fijar para el 2 de febrero”, se explicó.

En los pasillos de Tribunales, sin embargo, hay gran malestar con la postura que se acusa de parte del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta las carencias infraestructurales que urgen al penal de Batán: allí sostienen que la Provincia intenta dilatar la discusión de una “solución integral” con diferentes “parches”. “Ni siquiera han respondido cuál sería la cantidad de internos que debe haber en la cárcel, conforme al estado en el que hoy se encuentra. No se ve para nada la intención de hacer un plan de obras con valor integral”, reprocharon las autoridades judiciales consultadas por 0223.

Tras esta postergación, en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil que interviene en el habeas corpus correctivo ya barajan la posibilidad de hacer la próxima audiencia de febrero dentro de la misma cárcel. “Va a ser un camino largo, pero así todas las partes van a poder ver si lo que está haciendo ahora el Gobierno resuelve realmente los problemas estructurales que tiene Batán”, avisó una fuente del lugar.