Larreta defendió el sistema de reconocimiento facial: "La fantasía de que se sigue a las personas es un disparate"

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Horacio Rodríguez Larreta, pidió esta semana que la Justicia levante la prohibición que le impide a su gestión volver a hacer uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos, el software de seguridad que en los próximos meses promete desembarcar a Mar del Plata.

La tecnología se dejó de aplicar en Capital a partir de abril, después que el juez contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo ordenara suspender su implementación al advertir diferentes irregularidades. El magistrado entendió que había prueba suficiente para determinar que Rodríguez Larreta había aprovechado el sistema para obtener datos biométricos de políticos, empresarios, periodistas y dirigentes sociales.

Y a principios de septiembre, la jueza Elena Amanda Liberatori declaró la “inconstitucionalidad” del reconocimiento facial al considerar que "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes" del distrito de Caba. La sentencia ya fue apelada por el Gobierno pero, hasta la fecha, no hubo novedades judiciales al respecto.

“Me da bronca. Me caliento un poco con este tema porque es inexplicable. Hay delincuentes que hoy podrían estar en cana, y hoy no están en cana porque todavía está parado. Llegamos a sacar a dos mil prófugos de la calle gracias a ese sistema, y eso significa violadores, ladrones, asesinos, delincuentes”, expresó el referente del PRO, en una entrevista que concedió a la La Nación en las últimas horas.

Rodríguez Larreta aclaró, en este sentido, que “la cámara solamente tiene como base de datos para cruzar aquellos que están profugos”. “Es una base nacional donde hay cuarenta y pico mil personas. Solo esos datos son los que están en la base de datos y se cruzan contra la gente que va caminando”, aseguró, al hacer referencia a los registros que constan en el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), donde están registradas todas las personas declaradas en rebeldía, con pedido de capturas, averiguación de paradero y/o comparendos.

En sus fallos, los jueces porteños habían advertido, a partir de la información suministrada por el Registro Nacional de las Personas, que las solicitudes de datos biométricos efectuadas por el Gobierno porteño entre el 24 de abril de 2019 y el 9 de marzo de 2022 fueron 9.900.282, un número que ampliamente excede la base del Conarc.

“No es que estamos persiguiendo si vas al supermercado o a la peluquería. Lo digo porque hay una fantasía de que se sigue a las personas. Es un disparate. Es una tecnología que se usa en otras ciudades del mundo”, apuntó Larreta, quien también consideró que la medida judicial que prohíbe el sistema de reconocimiento facial se trata de un “ataque político intencionado que atenta directamente contra la seguridad de millones de personas”.

Las repercusiones porteñas en torno a este softwarte tienen un natural interés para Mar del Plata ya que, a fines de agosto, el Concejo Deliberante autorizó a la gestión de Guillermo Montenegro a llamar a una licitación para contratar una empresa que brinde a la municipalidad el soporte de una tecnología de similares características. La gestión local aspira a tener listo el pliego licitatorio antes de fin de año, según lo que pudo saber este medio.

Una vez resuelta esta instancia, las autoridades municipales deben negociar la firma de convenios con diversos organismos para poder valerse de las bases de datos a las que accederá el software. En una primera etapa, el sistema de reconocimiento facial se implementaría solamente en 50 cámaras de seguridad públicas de la ciudad. Tras la experiencia de Capital, el equipo de Montenegro se comprometió a brindar garantías de un uso transparente del software, como el establecimiento que toda la información no relevante deberá ser “inmediatamente descartada”.

También se pusieron más condicionamientos para limitar el potencial uso inadecuado del sistema: los concejales reclamaron un Protocolo Integral de Administración, un Programa Logístico y la convocatoria a un Comité de Ética integrado por funcionarios judiciales, académicos, ediles y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), entre otros actores.