¿Seguridad o economía popular?: encuentros y distancias entre los proyectos para regular a los “trapitos”

La normativa necesaria para regular la actividad de los cuidacoches es uno de los debates de mayor complejidad en las grandes ciudades del país. Mar del Plata no le escapa a la tendencia y pese a los diversos intentos realizados en los últimos años, sigue siendo una cuenta pendiente de la política.

A raíz de un nuevo proyecto presentado en el Concejo Deliberante, la temática volverá a instalarse en la agenda pública en las próximas semanas, cuando se comience a debatir una propuesta del Frente de Todos para llevar adelante una jornada de trabajo para poner en común las distintas perspectivas y miradas, tanto de los bloques de concejales, del gobierno municipal, como también de los propios “trapitos” y las organizaciones que muchos de ellos integran.

En 2020, el intendente presentó al tema como uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.

Muy pocos conocen que General Pueyrredon ya cuenta con una normativa al respecto, la Ordenanza 2.450 de 1964 sancionada bajo el gobierno del socialista Jorge Lombardo. Sin embargo, no tiene efectos prácticos por su desactualización, donde por caso hasta contempla la posibilidad de otorgar permisos de trabajo a menores de edad.

El 2020 parecía ser el año indica para saldar la deuda. En enero, la entonces concejal Vilma Baragiola presentó una propuesta y el 2 de marzo, durante su primer discurso de apertura de sesiones, el intendente Guillermo Montenegro lo puso como de los debates legislativos centrales de su gobierno. “Les pido su compromiso para poder trabajar en conjunto temas que aportan a mejorar la seguridad de todos los vecinos como varios proyectos que apuntan a regular la actividad de los cuidacoches”, planteó.

Ni siquiera la pandemia frenó la actividad legislativa y en junio se sumaron dos nuevas propuestas, las del oficialista Agustín Neme y otra del Frente de Todos, con impulso de los ediles vinculados a los movimientos sociales, Sol de la Torre y Roberto Gandolfi. Sin embargo, todo se desinfló y luego de diversos giros y ninguna aprobación en comisión, el expediente que aglutina los tres proyectos permanece cajoneado en la Comisión de Industria desde marzo de 2021.

La actual Secretaría de Desarrollo presentó un primer proyecto en enero de 2020

Base de acuerdos

Los tres proyectos tienen una base de acuerdos desde donde deberán forjar nuevos entendimientos para lograr una nueva legislación. El punto central es la conformación de un registro, donde se deberán inscribir los interesados en ejercer la actividad de “cuidadores de vehículos”, tal y como son denominados. Además, los habilitados deberán contar con un carnet identificatorio, que tendrá una foto con nombre y apellido.

En el caso de Baragiola, el proyecto deja varios aspectos abiertos a la reglamentación que deberá realizar el Ejecutivo. Por ello, las coincidencias son mayores entre los proyectos de Neme y el Frente de Todos. La residencia en General Pueyrredon aparece como un requisito central, mientras que deberán realizar cursos y capacitaciones implementados por la Municipalidad. Tendrán una zona fija de trabajo, no pudiendo desempeñarse en otro lugar de la ciudad. Además, se establece una zona de cobertura total del servicio, que podrá ser ampliada ante eventos o situaciones particulares.

El Frente de Todos presentó su propia propuesta, elaborada junto a trabajadores de la economía popular.

Además, los “trapitos”, que no tendrán relación laboral con la Municipalidad, no podrán pedir el pago de una contribución, la cual será a voluntad del automovilista. Finalmente, el permiso tendrá un año de duración con posibilidad de ser renovado, mientras que caducará cuando se compruebe la solitud de dinero, reiteración de denuncias de vecinos por mal comportamiento, si trabajan bajo los efectos del alcohol o drogas ilegales o sin la identificación.

Los puntos en tensión

Más allá de los acuerdos, las diferencias amenazan con dificultar la posibilidad de un entendimiento. El contrapunto central radica en el enfoque desde el cual se analiza el fenómeno de los “trapitos”. En los proyectos del oficialismo se observa un encuadre desde la seguridad ciudadana, mientras que en el del Frente de Todos, un enfoque con epicentro en la economía popular. Un solo dato lo evidencia: para los primeros, la autoridad de aplicación debe ser la Secretaría de Seguridad; para los segundos, la Secretaría de Desarrollo Productivo.

“Resulta ser mayúsculo el rechazo que se genera en la comunidad, cuando estas prácticas son desarrolladas de modo compulsivo”, sostuvo Neme en su propuesta. En tanto, el Frente de Todos remarcó que “la actividad es una forma de subsistencia ante la desigualdad y la crisis económica y social”. Las diferencias están a la vista.

El requisito de no contar con antecedentes penales por la comisión delitos contra las personas o contra la propiedad privada o pública solicitado por las iniciativas del interbloque de Juntos, asoma como un punto complejo de armonizar con la oposición. Precisamente, el Frente de Todos lo cuestionó públicamente y su proyecto presentado juntos a “cuidacoches” fue una respuesta al de Neme: “se armó con los trabajadores, no desde una oficina”, chicaneó Sol de la Torre.

El oficialismo pide como requisito que los "trapitos" no cuenten con antecedentes penales

Además, en la propuesta del Pro se exige que cada “trapito“ presente una nota de recomendación dada por los vecinos para obtener la credencia, la cual no se dará a personas que tengan ingresos comprobados superiores a un salario mínimo, vital y móvil, hoy en $38.940.

Finalmente, la propuesta impulsada por el Frente de Todos plantea la creación de una Mesa de Seguimiento del Programa, integrada por concejales y funcionarios, desde donde acompañar la implementación e impulsar las capacitaciones.