La seguridad domina la agenda de Montenegro que vuelve a chocar con la oposición

Guillermo Montenegro utiliza las redes sociales como una vía de comunicación directa con los vecinos. Desde allí, reporta las charlas que tiene en distintos barrios; habla de la adhesión de comerciantes o emprendedores a políticas municipales; informa trabajos de puesta en valor de calles y espacios públicos; supo hacer hincapié en políticas de protección de los animales. En la última, cuatro de los últimos diez tuits los dedicó a la seguridad. Hay, allí, una de las principales demandas de los marplatenses.

La pandemia trastocó todas las encuestas de percepción. De acuerdo al momento, la salud o los problemas económicos se volvieron, por lejos, la principal preocupación de los vecinos. No fue un fenómeno de Mar del Plata: se repitió en todo el país. Superada esa etapa, volvió la vieja agenda de temas que, en muchos casos, se agravaron producto de la crisis que desató la pandemia. Así, la seguridad vuelve a ser una de las principales demandas de la sociedad.

Al intendente ese planteo lo golpea doblemente: no sólo por su deber como intendente de satisfacer las demandas de los vecinos, sino también porque entre sus pergaminos figura ser un “experto en seguridad”, lo cual aumenta la exigencia para que resuelva la problemática. Como cualquier entendido en la materia, Montenegro sabe que resolver este tema es imposible: se pueden mejorar algunos o todos los indicadores, pero los hechos delictivos siempre existirán.  

Montenegro habla de un plan de seguridad integral para General Pueyrredon, sostenido en diversos pilares. Uno de esos es la incorporación de tecnología y el avance de esas políticas comenzó a encontrar trabas en el Concejo Deliberante. Algo que tanto él, como dirigentes y concejales de su espacio, adjudicaron a esa oposición que sólo busca entorpecer su gestión. Vale una aclaración: hasta ahora, ninguno de todos los proyectos fue rechazado por el Concejo.

Esta semana, el jefe comunal anunció por redes que insistirá con el pedido para que se apruebe la implementación de un software de reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad. El proyecto sumó cuestionamientos de los bloques opositores, pero legislativamente dio su primer paso por unanimidad en la comisión de Seguridad (votos favorables del oficialismo y abstención de la oposición).

En el oficialismo enumeran las ventajas que ofrece este sistema que –en caso de ser convalidado- se utilizará en cámaras públicas y privadas: permite detectar prófugos, colaborar en averiguaciones de paradero, prevenir hechos de violencia de género cuando una persona viole una restricción de acercamiento o identificar a delincuentes que cometen delitos y queden registrados en cámaras de seguridad.

Desde la oposición se plantearon dudas sobre quién accederá a esa información y el posible manejo espurio que puede realizarse de cámaras de reconocimiento facial en marchas o protestas populares. Citaron que varios lugares del mundo prohibieron el uso de este tipo de tecnología justamente por estas situaciones. “Todas las herramientas de seguridad pueden ser usadas para el mal. Un policía puede usar mal un arma reglamentaria. Pero no podemos partir de la base de que ese será su uso. Es una herramienta muy útil”, señalaron desde el Ejecutivo.

Explicaron que la información que no sea relevante será eliminada y que sólo accederá el personal del Centro de Monitoreo. “La empresa proveedora del software lo único que hará es entregar el sistema”, aclararon. En caso de que el Concejo dé el aval, seré el Ejecutivo el encargado de avanzar con el proceso de contratación. Un dato: en el marco de la emergencia en seguridad pueden resolverlo sin la necesidad de llamar a licitación.

Esas y varias otras cuestiones son las que la oposición espera que el Ejecutivo responda antes de volver a tratar el expediente que quedó en la comisión de Legislación, la misma comisión en la que quedo detenido el convenio del Ejecutivo con la Universidad de San Martín para la implementación de fotomultas.

“No puede ser que un expediente de esta magnitud tenga sólo tres hojas”, se quejó el edil de Crear Juntos, Nicolás Lauría. Desde el Frente de Todos le sumaron un condimento ideológico, impulsado por la decisión de un juez que suspendió la aplicación de este sistema en la Ciudad de Buenos Aires por presunto espionaje ilegal. También agregan un manto de sospecha sobre la gestión de Montenegro: "Todos estos proyectos vienen cerrados. No hay una licitación que le dé transparencia. Pide autorización al Concejo para después hacer lo que quiere con las empresas que quiere", cuestionaron.

Acción Marplatense, en tanto, no tiene representantes en la comisión de Seguridad, pero en la misma línea que las bancadas opositoras planteó algunas dudas sobre los alcances del proyecto. “Lo vamos a estudiar con expertos y veremos las respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informe. Todavía no tenemos una posición tomada”, aclararon desde el bloque liderado por Horacio Taccone.

En el oficialismo analizan alternativas para poder avanzar con este sistema –al igual que con las fotomultas-. ¿Un decreto del intendente puede resolver los problemas legislativos? Algunos en el oficialismo creen que sí y ya tienen bajo la manga algún antecedente para avalarlo. Sería una jugada arriesgada. El oficialismo dirá que es el único modo de hacer ante una oposición que se opone a todo. La oposición cuestionará el pisoteo al poder legislativo y hasta podría judicializarse la decisión.

El futuro de la Utoi

El otro proyecto que debate el Concejo Deliberante es la autorización para que se instale una base de operaciones de la Utoi (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas). Tiene una particularidad: ya está en funcionamiento. El intendente Guillermo Montenegro eligió el edificio donde Gustavo Pulti pretendía montar una escuela de oficios digitales, en la avenida Jorge Newbery. Cuando ambos espacios negociaron el apoyo de Acción Marplatense al presupuesto 2022 el jefe de la bancada de AM pidió a Montenegro, entre otros puntos, que vuelva a destinar ese inmueble al fin para el que se construyó. Montenegro cedió en varias cuestiones, pero no en esa.

El debate de esta iniciativa comenzó con un rechazo férreo de AM. “No podemos cambiar aulas por espacios para la seguridad”, bramó Horacio Taccone durante el debate legislativo. En el partido vecinal creen que hay otras alternativas para que se instale la base de esta fuerza de elite de la Policía Bonaerense. Mencionaron, por caso, la Escuela de la Policía Juan Vucetich que "está vacía". La postura sobre el lugar es compartida por el Frente de Todos que considera que no es el lugar adecuado para su funcionamiento.

En el oficialismo confiaban que al tratarse de un acuerdo con la provincia el FdT pudiera tener una postura más “amigable” con el proyecto. Si bien la postura aún no está cerrada, hay rechazo al lugar elegido por el oficialismo.

¿Qué pasa si el Concejo no avala el proyecto? “Nos vamos a perder la posibilidad de tener una base de la Utoi. Sería una lástima por la importancia que tiene tener estos efectivos en Mar del Plata”, se lamentó una fuente del Ejecutivo, que sostuvo que no hay otro lugar adecuado. ¿Es un escenario posible? Sí. ¿Es responsabilidad de una oposición “destructiva” o de un oficialismo que avanza con un proyecto sin tener la aprobación necesaria del Concejo Deliberante? Encontrarán argumentos para justificar ambas posiciones. Algo que en estos tiempos es mucho más sencillo que encontrar acuerdos.