Con licitación pública: el oficialismo presentó un nuevo proyecto de reconocimiento facial de prófugos

Prevé mayores precisiones sobre la transparencia en el uso de datos y obliga al Ejecutivo a realizar la contratación a través de una licitación. También amplía la funcionalidad del sistema. La oposición mantiene reparos.

La nueva propuesta cuenta con el aval del Ejecutivo y seguirá siendo debatida en el Concejo Deliberante.

1 de Agosto de 2022 12:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

El interbloque de Juntos presentó un nuevo proyecto para la implementación del Reconocimiento Facial de Prófugos, donde incorpora la obligación de realizar la contratación a través de una licitación pública y se busca dar mayores certezas sobre la transparencia en el uso del sistema.

La nueva propuesta se conoció este lunes en el marco de la Comisión de Legislación, donde la edil Marianela Romero (UCR) formalizó la nueva redacción que modifica sustancialmente la iniciativa que en enero presentó el intendente Guillermo Montenegro. “Encomiéndese al Departamento Ejecutivo adquirir, mediante licitación pública, una solución de software tecnológica necesaria para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos y/u otras personas buscadas por la justicia”, establece el Artículo 5º, que modifica la redacción original que hablaba de una “contratación”.

Asimismo, como lo adelantó la semana pasada el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, se autoriza el uso del sistema para otros fines, como “la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos” que permitiría detectar delitos en flagrancia; como así también para la búsqueda de paradero de personas desaparecidas. En tanto, se especifica la función de “generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes”, lo que abriría la puerta a su utilización para detectar la violación de restricciones perimetrales.

Entre otras diferencias, también se establece a la Secretaría de Seguridad como autoridad de aplicación, mientras que se aclara que el sistema se podrá aplicar tanto a las cámaras del COM como también a segmentos de vídeo captadas por cámaras privadas. Tal como lo explicó Ferlauto, se prevé que el reconocimiento se podrá efectuar, por ejemplo, con vídeos de robos a comercios, lo que permitiría más sencillamente identificar a los delincuentes.

La radical Marianela Romero detalló la nueva propuesta del oficialismo, consensuada con el Ejecutivo. Foto: 0223.

Frente a los cuestionamientos de la oposición sobre el virtual uso indebido de los datos que genere el sistema, la nueva propuesta del interbloque oficialista contempla un conjunto de apreciacioens orientados a marginar esas críticas. En esa línea, de deberá contemplar “el tipo de información a recabar, protocolos y responsables del manejo y/o descarte de dicha información, medidas de seguridad y fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas y/o no coincidir con ningún parámetro de búsqueda”.

Toda información no relevante para las funciones del sistema descripto en la presente deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”, se aclara en el Artículo 7º, para mayores precisiones. Por otro lado, también se puntualiza que el pliego deberá tener un precio de referencia, plazo de facturación, pago y mecanismo de actualización de precios.

“Lo que el Ejecutivo nos propone es una política pública para trabajar en la seguridad de la ciudadanía. Debemos aprovechar al máximo la tecnología que se encuentra disponible para poder tener mejores resultados y una ciudad más segura”, planteó Romero, tras lo cual se decidió seguir debatiendo el nuevo proyecto en la próxima reunión de Legislación.

 

“Es indispensable discutir el pliego”

Si bien la aclaración de la realización de una licitación pública anula uno de los cuestionamientos del Frente de Todos, desde el principal bloque opositor se mantuvieron las críticas. Según se viene perfilando, la contratación se realizará a través de una licitación, aunque el pliego de bases y condiciones no deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante. “No hay fundamento legal para que el pliego se discuta en el recinto”, sostuvo Romero al respecto.

Otra, al menos parcialmente, es la mirada del Frente de Todos. Marina Santoro, su presidenta de bloque, reconoció que el gobierno puede implementar el sistema sin necesidad de contar con el aval de Concejo, aunque aclaró que “en caso que solicite el permiso, para nosotros es indispensable discutir el pliego”.

“Seguimos preocupados en relación a la llegada de un pliego de bases y condiciones, que nos permita discutir con responsabilidad, sigue siendo algo pendiente. Vamos a leer las modificaciones y lo discutiremos en la próxima comisión”, concluyó la legisladora kirchnerista.