Cabrales va a la Justicia, incomodidades por los decks y la jubilación esperada

Conflicto judicial entre Cabrales y la Municipalidad por la TISH

La empresa Cabrales, una de las más importantes de Mar del Plata, inició en los últimos días una acción declarativa de certeza contra la Municipalidad de General Pueyrredon y ante la Justicia Federal, para que se determine si es legal el reclamo que -ahora se conoce- sostiene la Comuna sobre la firma para que abone la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) sobre los ingresos que genera no solo en este distrito -como asegura corresponde la demandante-, sino en toda la provincia.

“La pretensión del municipio conculca elementales principios y garantías constitucionales, toda vez que la comuna carece de potestad tributaria para gravar ingresos generados fuera de sus límites territoriales, haciendo operar la TISH como un impuesto al comercio interjurisdiccional y como una auténtica aduana interior, lesionando principalmente el derecho de propiedad que asiste a mi mandante”, sostuvo Cabrales SA en la demanda a la que accedió 0223, donde argumenta que ello no está avalado por la ordenanza fiscal vigente.

Allí, también pide una medida cautelar hasta que se dicte sentencia definitiva, donde se ordene al Municipio que “se abstenga de continuar reclamando, administrativa y/o judicialmente, eventuales diferencias derivadas del cobro de la TISH y el Fondo de Promoción Turística, como consecuencia de incluir en su base imponible ingresos originados extraterritorialmente correspondientes a la actividad que Cabrales desarrolla fuera de su jurisdicción”. La cautelar también apunta a que la Municipalidad se abstenga de iniciar ejecuciones fiscales y/o apremios en reclamo de las diferencias derivadas, como así también de trabar medidas cautelares sobre los activos y cuentas de Cabrales y/o de sus directores.

“Lo que se busca desentrañar es si el municipio se ha extralimitado en sus facultades al pretender gravar ingresos obtenidos fuera de sus límites territoriales. es decir, excediendo su competencia geográfica. Ello genera la creación de un gravamen aplicable sobre el comercio interjurisdiccional, cuestión que contraría notoriamente nuestra Constitución”, remarcó el abogado de la empresa, sobre lo cual entiende que es competencia de la justicia federal.

Según se desprende de la documental adjuntada a la demanda que se tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Santiago Martin -que dio vista a la Fiscalía General para que emita dictamen-, en agosto la Municipalidad cursó una intimación a Cabrales, donde requirió el pago en concepto de deuda de $50.406.504 en concepto de Tish y de $5.040.824 por el Fondo de Promoción Turística. Le daba un plazo de 15 días, tras lo cual avanzaría con acicones legales. Tras ello, ahora se dio impulso a la acción judicial.

Las incomodidades ante el debate por los decks

Una fuerte repercusión generó el informe que este medio publicó sobre el incumplimiento de los locales gastronómicos a la ordenanza que regula los decks en la vía pública, cuyo plazo extra de 180 días para adaptarse que otorgó Montenegro en abril venció a fines de octubre sin que haya mayores novedades.

En el oficialismo primó la cautela, aunque dejaron trascender el enojo por el incumplimiento de ese plazo adicional que al filo de lo reglamentario había otorgado la Comuna, dado que la ordenanza votada por el Concejo Deliberante en 2022 fijaba al 30 de abril como fecha tope. El pedido de la Asociación Empresaria Gastronómica y Hotelera (AEGH) para una nueva prórroga hasta diciembre aún no fue respondido por la Municipalidad, que en los próximos días podría comenzar a enviar las intimaciones que contempla la normativa.

Por su lado, Unión por la Patria también se refugió en el silencio, pese a la posibilidad de poner en evidencia la falta de controles municipales y el paso en falso del intendente. “No tenemos una postura acordada en el bloque con respecto a este tema”, reconocieron desde una concejalía opositora, cuando 0223 quiso incorporar la mirada del principal bloque opositor a la nota que reinstaló el debate por las estructuras.

Ahora, el tema volverá al ámbito legislativo, ya que la AEGH presentó una nota al Concejo Deliberante para que se extienda al 9 de diciembre el plazo para presentar el Plan de Readecuación, y que se den 180 días más para adaptar las estructuras, a partir de la fecha en que la Municipalidad apruebe dicho plan.

Un polémico juez cerca de la jubilación

Es, posiblemente, el juez marplatense más conocido a nivel nacional. Sus fallos han levantado más de una polémica, como así también sus picantes tuits que muchas veces se apartan de la compostura que se espera de un juez, más aún de un juez federal.

Según circula en los pasillos de los Justicia Federal de Mar del Plata, el titular del Juzgado 4, Alfredo López, inició en los últimos días los trámites jubilatorios, por lo que comienza a dar sus últimos pasos como magistrado.

El pago de las vacaciones no gozadas de Arroyo llego a la Suprema Corte

Pese a los diversos reveses judiciales que recibió en los últimos meses, el intendente Montenegro se mantiene firme en llevar hasta las últimas instancias su postura de que no corresponde que exfuncionarios políticos cobren una indemnización por las vacaciones no gozadas. Y en ese marco, ahora llevó hasta la Suprema Corte la causa sostenida por los herederos de Carlos Arroyo.

En los últimos días, la Municipalidad, representada por el subsecretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, presentó un recurso de queja ante al máximo tribunal bonaerense luego que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administración de Mar del Plata denegará el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que la propia Comuna elevó luego que el tribunal de segunda instancia fallará en agosto favorablemente a Arroyo.

En ese fallo, al igual que en otros similares impulsados por otros exfuncionarios del gobierno municipal de Cambiemos, los camaristas Roberto Mora, Elio Riccitelli y Diego Ucín reconocieron el derecho que la asiste a los funcionarios políticos de cobrar una indemnización por las vacaciones no gozadas.

Más allá de los argumentos de orden ético esgrimidos por el gobierno de Montenegro en cuanto a que un funcionario no debería cobrarle a los contribuyentes por las vacaciones que decidió no utilizar, desde un comienzo le fue dificultoso a los abogados de la Comuna encontrar reparos en el plano legal, que es, en definitiva, donde se resuelve el pleito en los estrados. Por caso, la propia Suprema Corte ya sentó jurisprudencia con un fallo de septiembre, donde falló en favor del expresidente del Emtur, Eduardo Leitao.