La oposición pide la renuncia de funcionarios de Montenegro involucrados en aprietes a concejales de la UCR

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos salieron a pedir públicamente la renuncia de los tres funcionarios de la gestión de Guillermo Montenegro que quedaron involucrados en las denuncias por amenazas que hicieron dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que forma parte de la misma coalición que hoy gobierna Mar del Plata.

A través de sus redes, la presidenta del bloque, Marina Santoro, reclamó una definición del intendente respecto del futuro del subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, después que la Justicia les impusiera una restricción de acercamiento hacia los concejales Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero.

"El intendente⁦ cada vez que puede hace gala de su 'transparencia' pero ayer la justicia dictaminó que tres de sus funcionarios no se pueden acercar a tres de sus concejales, ¿cuándo le va a pedir entonces la renuncia a estos violentos?", se preguntó la referente local del kirchnerismo, en Twitter.

En el mismo sentido se expresó Sol de la Torre, otra de las concejalas del FdT: "El intendente hace de la violencia política su método de conducción del Estado. Lo que no entiende, o no le importa, es que una vez que arranca es muy difícil detenerla. Y como en este caso, se le puede volver en contra. Por eso más que nunca, el amor vence al odio".

Hasta el momento, no se ha conocido una postura del Gobierno una vez conocido el dictamen de la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos. La medida de restricción indica que durante los próximos tres meses los tres funcionarios de Montenegro y Christian Echeverría, titular de la CTA Autónoma, tienen prohibido acercarse a menos de un radio 200 metros de los representantes del partido centenario.

Nuñez, uno de los impulsores de la denuncia, le bajo el tono al escándalo y descartó pedir las renuncias de los hombres que por estas horas siguen cumpliendo funciones en la secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Vilma Baragiola, otra referente de la UCR.

“El intendente es quien tiene que analizar la situación que se está dando con el radicalismo, su principal socio político, y tomara las decisiones que considere. Sabemos que es una situación particular pero esto depende del Ejecutivo. Ninguno de nosotros le va a ir a decir al intendente qué funcionarios tiene que nombrar o cuáles tiene que remover”, remarcó, en diálogo con 0223.

La medida de restricción se origina por la denuncia por amenazas y otros episodios de violencia que presentaron dirigentes de la UCR a fines de marzo, y se conoce poco después de la ampliación de la misma denuncia que hizo esta semana Nuñez, a partir de las “pintadas agraviantes” que se registraron en la casa donde vive su hija.