Colonia agroecológica en Chapadmalal: legitiman el amparo de la sociedad de fomento de El Marquesado

El titular del Juzgado Federal Nº2 de Mar del Plata, Santiago Martín, legitimó el amparo que presentó tiempo atrás la sociedad de fomento del barrio El Marquesado después que la Administración de Bienes del Estado (Aabe) le cediera en febrero un campo de 140 hectáreas en Chapadmalal a Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, que depende del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois.

Después de la presentación, la fiscalía que intervino en el expediente planteó reparos al recurso por la situación legal particular en la que se encuentra la sociedad de fomento del lugar. Hoy, la entidad es dirigida por una “Comisión Normalizadora”, encabezada por el vecino Marcelo Bolonio, hasta tanto se regularice un trámite de Condonación y Normalización previsto en la Ley 15192, después de algunas irregularidades que había registrado en años anteriores.

El Ministerio Público Fiscal había cuestionado la legitimidad de los vecinos involucrados para iniciar una acción judicial de estas características en nombre de la sociedad de fomento, al tener en cuenta que un dictamen de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que establece un plazo máximo de 180 días para la duración del mandato de la mencionada comisión.

Martín, si bien reconoció estas circunstancias, decidió ponderar la tutela de los derechos ambientales que están en juego y se pronunció a favor de amparo. “El excesivo apego a rigidices formales al evaluar la legitimación, es susceptible de atentar contra la apertura que en esta materia ofrecen las normas constitucionales y legales. Por tales razones es que me  aparto de los argumentos esgrimidos por la fiscalía interviniente y se tiene por acreditada la legitimación activa del peticionante”, sostuvo, en un dictamen que firmó el martes y al cual accedió 0223.

Qué busca la sociedad de fomento

Por la vía del amparo, Bolonio y otros vecinos buscan que la Justicia Federal dicte una “cautelar inhibitoria preventiva y precautoria” hasta que la ONG del Movimiento de Trabajadores Excluidos acredite haber efectuado los estudios de impacto y factibilidad ambiental correspondientes y, de ese modo, “no se modifique el statu quo de las 140 hectáreas” que entregó en custodia provisoria la Aabe, a cargo de Eduardo Albanese.

La sociedad de fomento justificó la petición de esta medida al sostener que en el último tiempo hubo una “extracción indiscriminada de agua sin haberse realizado estudios de pre factibilidad, factibilidad e impacto ambiental”, lo que, según ellos, “provocará un daño irreversible en el Barrio el Marquesado”.

“Esto producirá que las bombas que ahora proveen el agua a ambos barrios linderos, queden suspendidas en el pozo, absorbiendo aire y barro al retirarse sus napas, provocando un daño irreparable, no solo en el suelo sino también en las personas y en la salud de aquellas que en la actualidad se encuentran viviendo en el lugar, sin perjuicio de los impactos de otras tantas actividades contaminantes y extractivas que se desarrollarán a lo largo del predio y que también tienen implicancias relevantes con la generación de residuos de micro plásticos”, aseguraron en su presentación.

Así, lo que se sostiene es que la asociación civil del MTE estaría “desobedeciendo” la orden dictada por el juez federal Ariel Lijo, quien había ordenado que se retrotraiga la situación del predio al estado anterior al 1 de mayo de 2023.

Sin definiciones

Más allá de pronunciarse a favor de la legitimidad del recurso, el juez Martín evitó profundizar en otras definiciones. Aclaró que no dará tratamiento de la cautelar inhibitoria que se solicitó hasta no recibir una serie de oficios que reclamó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12. “Hasta tanto se cumplimente con los recaudos señalados, se difiere la decisión relativa al tratamiento de la medida cautelar requerida”, remarcó.

A la espera de esa información, Martín también hizo un pedido a la organización de Grabois para que “indique si tiene conocimiento sobre el inicio y trámite del expediente administrativo ante el organismo competente, relativo al impacto ambiental vinculado a las tareas que denuncia” la sociedad de fomento de El Marquesado.