Un cambio preventor, el estudio de posgrado y ¿otro cobro tercerizado?

De fondo disponible a afectado

Múltiples aristas se discutieron sobre la nueva Tasa Vial que está encaminada a aprobarse el 18 de enero cuando la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes apruebe las ordenanzas Fiscal e Impositiva. El primer aspecto cuestionado por Unión por la Patria fue que se trataba de un fondo de libre disponibilidad, donde más allá de su nombre -Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal - el gobierno municipal estaría legalmente habilitado para utilizarlo para cualquier fin, por ejemplo, el pago de sueldos.

Una rápida respuesta política dio el Ejecutivo, que a las pocas horas publicó una licitación pública para realizar obras viales financiadas por la futura tasa, con apertura de sobres para el 26 de enero. El proyecto en diseño se adelantó para dar una señal política y contrarrestar la crítica opositora, si bien al momento el Pliego de Bases y Condiciones permanece sin publicarse.

Igualmente, en el marco de la Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante, el viernes el interbloque oficialista avanzó con la única modificación de fondo en las ordenanzas Fiscal e Impositiva -más allá de dos menores de forma-, donde transformó a la tasa en un recurso afectado al Fondo para el Mantenimiento de la Red Urbana Municipal.

Fuentes del oficialismo revelaron en off el verdadero objetivo del cambio, pensando en un futuro donde en el horizonte pueda aparecer una judicialización de la tasa, como ya ocurrió en otros distritos en que se implementa. Un requisito planteado en una amplia jurisprudencia es que una tasa debe estar ligada a la contraprestación de un servicio, algo que debe ser objetivable, fáctico y demostrable. Así entonces, al atar directamente la tasa a las obras viales, la Municipalidad se estaría previniendo de una de las objeciones que, en última instancia, podría realizar la Suprema Corte.

El estudio de posgrado

Un insumo fundamental terminó de moldear la idea que el gobierno venía analizando hace meses para crear la Tasa Vial. “Tasa para el mantenimiento de la red vial. ¿Es posible su aplicación en el partido de General Pueyrredon?”, se llama el trabajo integrador final del posgrado de Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas, realizado en 2018 por la abogada Camila Bustamente.

Allí se analizan los argumentos jurídicos y se debaten los contraargumentos en torno a su eventual inconstitucionalidad, las facultades tributarias de los municipios, se retoman las experiencias vigentes hasta ese momento en diversos municipios bonaerenses con los distintos modelos implementados y, dato crucial para el caso local, se hace hincapié en la necesidad de implementar herramientas de control para que la tasa que locales y turistas paguen en los surtidores, efectivamente ingrese en su totalidad  a las arcas municipales.

Y mientras el estudio de 53 páginas pasaba por las manos de los concejales oficialistas, más de uno no se privó de comentar un dato curioso sobre la autora. Bustamente es la hija de Lucila Branderiz, dirigente de Acción Marplatense y responsable de la Secretaría Privada durante el gobierno de su pareja, el exintendente Gustavo Pulti. “Se ve que Taccone y Ayala no lo leyeron”, se mofó un edil, en referencia al voto en contra de los concejales del partido vecinalista.

Silbando bajito

Sin hacer referencias en las diversas exposiciones de funcionarios y concejales del oficialismo, el gobierno incluyó sigilosamente un artículo en la Ordenanza Complementaria que habilita a que en de aquí a cuatro meses se abra un proceso para que Edea pase a cobrar una Tasa por Alumbrado Público. La revelación la hizo la siempre meticulosa Virginia Sívori, concejala de Unión por la Patria, que lo expuso en la Sesión Extraordinaria del viernes tras analizar puntillosamente todo el paquete presupuestario elevado por el Ejecutivo.

“Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 10.740 y facúltese al Departamento Ejecutivo a firmar convenios con las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Electricidad en los términos de dicha Ley”, establece el Artículo 84°.

¿Qué plantea dicha ley sancionada en 1991? En primer lugar, establece que las empresas prestadoras de electricidad “deberán percibir, a solitud y en representación de las Municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que éstas fijen en su jurisdicción”. Las Comunas deberán hacerlo a través de una ordenanza y el convenio deberá ser firmado dentro de los 120 días desde que la Municipalidad adhiera al régimen.

El proceso sería similar al de la Tasa Vial: se extrae un componente de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), se lo autonomiza y un privado pasa a ser el recaudador. El objetivo también es similar: de este modo habría una mayor cobrabilidad, ya que a quien no paga la luz se le corta el servicio, a diferencia de lo que pasa con el tributo municipal, que el contribuyente no sufre la restricción de un servicio público. El cambio también incorpora nuevos contribuyentes, como en la tasa vial: los inquilinos comenzarían a pagar la tasa, mientras que hasta ahora lo hacían los propietarios de los inmuebles.

El proceso de modificación de la fórmula para calcular la TSU, una demanda histórica de la ciudad, también parecería caer en saco roto, más allá que siguen vigente un convenio con la Unmdp. “Sin el componente vial y sin alumbrado público, ¿qué será de la TSU?”, consultó Sívori, sin que haya respuestas.

En la vidriera nacional

Como pocas veces desde fines de 2019, el intendente Guillermo Montenegro tuvo una semana de alto protagonismo en la política nacional. Un aspecto del que muchos tomaron nota en la rosca, ya previendo las posibles proyecciones de la carrera del jefe comunal al no tener posibilidad de renovar el cargo en 2027.

El conflicto en torno al proyecto de ley de Javier Milei que busca modificar el Régimen Federal de Pesca generó un inédito frente común entre todos los sectores de la pesca marplatense ante lo que, de implementarse, significaría un golpe de muerte para la actividad en la ciudad. También se transformó en el primer tópico que valió un reproche público del gobierno local al nacional, pese a que ya había medidas como el cierre de la obra pública, con fuerte impacto en la región.

La reunión que el jueves mantuvieron en Casa Rosada el ministro del Interior Guillermo Francos, el gobernador chubutense “Nacho” Torres y el propio Montenegro, abrió un canal de diálogo para que Nación de marcha atrás con algunos o todos los aspectos de la norma propuesta. Claridad falta para saber cómo se traducirá eso en el ámbito legislativo, donde ahora parece pasar la pelota. Poco aportaron las consideraciones posteriores del vocero Adorni, que parecieron contradecir a Francos. “Lo mataron por todos lados a Milei con el DNU y la Ley Ómnibus, hubo cacerolazos, marchas, va a haber el primer paro de la CGT, pero el primer freno a Milei se lo puso Montenegro”, relataba, jocoso, referente del oficialismo mientras el jueves por la noche veía desfilar al intendente por los canales de cable con alcance nacional.

En poco menos de una hora y cuarto, entre las 19.25 y las 20.40 de ese mismo jueves el exjuez federal pasó por TN, La Nación + y A24. Todas las notas las comenzó de igual manera: pegándole al kirchnerismo por la “herencia económica” y reconociendo la apertura al diálogo del nuevo gobierno nacional. “No es la primera vez que tengo un problema en Mar del Plata, pero es la primera vez q entro a la Casa Rosada”, repitió, en un palo a Alberto Fernández. También reveló el por qué de la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, en el encuentro: se acordó la necesidad de reforzar la custodia de la Zona Económica Exclusiva donde buques asiáticos llevan adelante pesca ilegal.

Todos los pasos de Montenegro en Capital fueron seguidos de cerca por el senador Maxi Abad, quien el viernes viajó hasta Mar del Plata para protagonizar la reunión que ambos tuvieron con sectores de la pesca, donde los pusieron en autos de los pormenores de las reuniones sostenidas en Buenos Aires. Allí también se materializó la idea de conformar una comisión permanente que empezó a tomar forma en la resonante reunión que el mundo de la pesca y la política tuvo el miércoles en el Concejo Deliberante, impulsada por el concejal peronista Miguel Guglielmotti y que fue sucedida por la visita de urgencia del gobernador Kicillof.