Para la defensa del acusado de matar a un empresario "no hay prueba directa ni suficiente"

La defensa del acusado de matar al empresario Ezequiel Guasone en el interior de su local en julio de 2021 adelantó que el juicio por jurados que comienza este lunes podría extenderse un día más de lo previsto a partir de la cantidad de testigos previstos y de la decisión de Ricardo Aguerrido de prestar declaración.

El imputado por homicidio llegar al debate cumpliendo arresto domiciliario y para el abogado César Sivo eso ocurre porque existe un nivel de duda lo suficientemente importante para que la Justicia diga que no se puede llegar con alguien que quizás no es culpable en detención rigurosa.

"Es una causa con prueba circunstancial que para los ojos de la defensa no es lo suficientemente solida para mantener el encierro y menos para una condena", le dijo a 0223 antes del comienzo de la actividad.

En tal sentido explicó que la prueba circunstancial busca elementos que permitan relacionar, vincular a la persona con el hecho. "En la prueba directa, el testigo ve. En la indirecta se debe inferir inequívocamente que tal persona es autora del ilícito y en este caso entendemos que esa prueba no es suficiente", agregó.

Consultado acerca de la relación comercial conflictiva que Aguerrido mantenía con Guasone, el profesional sostuvo que la víctima la presentaba de esa manera, pero en realidad se pagaban los alquileres regularmente y eso está documentado con papeles que se presentaron. "La desocupación del local se había resuelto con la entrega de una suma de dinero y pagarés. Está claro que no había motivo ni conflicto particular para ser el homicida", explicó.

Para Sivo, existía otras líneas investigativas que no se tuvieron en cuenta en el comienzo de la instrucción a cargo de la fiscal Romina Díaz. "Hay testigos que hacen referencia a otros problemas puntuales que tendrían más lógica para pensar que otras personas pudieran tener que ver", concluyó.

Aguerrido fue detenido por personal de la DDI el 31 de julio de 2021, casi una semana después del hallazgo del cuerpo de la víctima. En su declaración ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 y la Jueza de Garantías Rosa Frende, negó tener algo que ver con el homicidio, aceptó que le saquen sangre para periciar y ofreció testigos, documentación y audios para incorporar al expediente.

Según la hipótesis fiscal, en el marco del alquiler que el imputado hacía del local de la víctima se generaron varios conflictos por deudas e incumplimiento del contrato. Una compra del fondo del comercio, unos pagarés por saldar, el deterioro de la edificación y la sospecha de deudas por consumo de drogas aparecieron en el expediente que investiga el homicidio.

Si bien la Justicia de Garantías consideró la existencia de elementos suficientes para ordenar la detención del empresario y su posterior prisión preventiva, también le otorgó en mayo de 2022 el arresto domiciliario. La decisión se tomó al considerar que no existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación y se hizo efectiva tras el pago de una fianza de un millón y medio de pesos, la conformación de un domicilio fijo y el monitoreo electrónico a través del Servicio Penitenciario Bonaerense.