Un funcionario municipal va a la Justicia contra el Tribunal de Cuentas, nace la "Doctrina Volponi" y otra salida radical

Una multa a un funcionario de Montenegro se dirimirá en la Justicia

El expresidente del Emsur y actual titular del Emder, Sebastián D´Andrea, presentó en los últimos días ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una impugnación a la resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que este año confirmó una multa (cargos, en términos técnicos) de $233.998, responsabilizándolo de adjudicar una licitación a una oferta que no era la más conveniente para la Comuna.

El Fallo 813 original data de 2023 y es sobre la Rendición de Cuentas 2022, el cual finalmente quedó confirmado este año a través el Fallo 318, en el cual se desechó el descarto presentado por D´Andrea a la sanción que también alcanzaba al entonces jefe de Compras del Emsur. Por tratarse de una presentación ante el Tribunal de Cuentas, la causa ya fue elevada a instancia de Cámara, para un posterior paso a la Suprema Corte.

El conflicto se dio en el marco de la Licitación Privada 03/2021 para contratar la obra de impermeabilización de cubiertas en el edificio administrativo del Cementerio Parque. El ente recibió tres ofertas, donde dos estaban por debajo del presupuesto oficial de $3.103.184. La Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación sugirió convocar a mejora de precios, ya que ambas empresas eran alcanzadas por los beneficios de la Ordenanza 24.820 que da preferencia a ofertas de firmas que cuenten con certificado MyPymes.

En la segunda instancia, una de ellas ofertó $2.590.338 ey la otra $2.484.995. Sin embargo, finalmente se descartó la segunda al considerar que la empresa no elevó el certificado MiPymes. Esa situación fue observada tiempo después por el Tribunal de Cuentas, retomando la primera actuación de la Comisión de Estudio donde se había asegurado que “estando ambas oferentes en cuestión alcanzadas por la previsión de la Ordenanza N° 24820, lo que impide su operatividad como mecanismo de definición, resulta se ordene llame a mejorar las propuestas económicas entre ambas".

Por todo ello, lo único a tomar en cuenta en la segunda instancia debía ser el monto de la oferta, eligiendo el Emsur la menos conveniente en términos económicos. Ello generó la formulación de cargos contra D´Andrea por $105.343 -la diferencia entre ambas ofertas-, lo que ascendió a $233.998 con la aplicación de intereses. La sanción se debe a que un funcionario debe responder con su patrimonio ante una decisión que le genera un gasto indebido al Municipio.

En su presentación judicial, a la que accedió 0223, D´Andrea cuestionó la resolución del Tribunal de Cuentas y aseguró que “en base al dictamen del área jurídica que ante la operatividad de la Ordenanza n° 24.820 debía adjudicarse a la firma que reúna las condiciones descriptas en dicha norma”, donde la firma desechada no había presentado el famoso certificado.

“La empresa reunía los extremos exigidos para resultar beneficiaria del privilegio que la misma determina, extremo que no ocurría con la competidora, que adolecía del certificado MiPyme, por lo que ante lo dispuesto por el art. 3° de la citada Ordenanza, quedaba excluida del mencionado beneficio”, insistió el funcionario, que busca impugnar la decisión del tribunal.

Nueva polémica legislativa por la falta de informes

El tratamiento de un proyecto de ordenanza que surge desde un bloque tiene una dinámica bastante habitual, con un primer tratamiento en comisión del cual suele surgir un pedido de informes a las áreas gubernamentales implicadas en la temática. Se trata de una consideración lógica, ya que se busca trabajar conjuntamente entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo, éste último, quien en última instancia deberá aplicar la normativa y quien cuenta con más elementos técnicos para analizar su viabilidad y perfeccionamiento.

Claro que también entra en juego el factor político y la dilación en la remisión de esos informes suele ser moneda corriente, más aún cuando el proyecto surge desde la oposición y, todavía con mayor injerencia, cuando evidencia alguna falencia en la gestión municipal. Precisamente, en las comisiones se acumulan los expedientes frenados por la falta de reportes desde las secretarías y entes, en un reproche habitual en boca de los concejales opositores.

Y un capítulo inédito se vivió esta semana en la Comisión de Movilidad Urbana, con el nacimiento de la “Doctrina Volponi”. Fue durante el tratamiento de un proyecto de vecinos del Puerto para instalar un semáforo de cuatro tiempos en Triunvirato y Tripulantes del Fournier, y un reductor de velocidad en Posadas y Rosales, en un expediente que hace un año espera un informe del Emvial para poder avanzar.

Más allá de coincidir con la propuesta, el oficialismo avanzó con su archivo con una justificación del presidente de la comisión, Guillermo Volponi (Pro), que llamó la atención: “Nos tomamos el tiempo para esperar una respuesta y no vino nunca. La no respuesta es una respuesta en sí mismo”; esgrimió.

Otro radical menos en el gabinete

Luego de la salida en julio del exsecretario de Educación, Marcelo López, otro radical le pone punto final a su trayecto en el gobierno de Guillermo Montenegro. Se trata de Aníbal Drago, quien hasta ahora estaba a cargo de la Dirección General de Coordinación, Relación Institucional y Comunitaria en la Secretaría de Obras.

Se trata de una nueva salida de un radical del gabinete luego del viraje libertario del Pro y ante la expectativa de qué pasará con los hombres y mujeres del centenario partido que se desempeña en el equipo de gestión, uno 40 aproximadamente. Más allá del factor político, tanto en este caso como en el de López se informó oficialmente que el motivo es de estricta índole personal, más concretamente para acogerse al beneficio jubilatorio.

El nombre de Aníbal Drago tiene un rol importante en la historia de Mar del Plata en el Siglo XXI, más precisamente en torno al evento más importante que se haya realizado en la ciudad en el período. Es que Drago se desempeñó como secretario privado del entonces intendente Daniel Katz y se le atribuye ser el ideólogo de la candidatura de Mar del Plata para acoger la IV Cumbre de las Américas realizada un año después, donde tuvo un rol destacado en su organización.