Presupuesto 2026: el Gobierno apuesta a la media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación tratará hoy el Presupuesto 2026. El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría y convocó a una sesión especial, apostando a conseguir la media sanción del proyecto durante el período de sesiones extraordinarias.

El borrador final del proyecto, presentado en el plenario de comisiones, mantiene casi sin cambios el texto de noviembre. Allí se fijan los principales objetivos económicos para el próximo año: un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del producto.

En línea con ello, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad aprobadas por el Congreso, prorroga hasta 2045 las exenciones impositivas a la energía renovable e incorpora deducciones de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Otros proyectos presentados

Además del proyecto impulsado por La Libertad Avanza, tuvieron lugar otros dos dictámenes. Uno de ellos fue expuesto por Germán Martínez de Unión por la Patria, quien defendió la continuidad de las leyes de financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y los fondos para la salud pediátrica. Además recordó otras propuestas que se debatieron en el año, como el presupuesto para el ENARD, el sostenimiento del esquema de aumentos progresivos para Educación y la continuidad del régimen de Zona Fría.

El otro dictamen es de Provincias Unidas y cuenta con el respaldo de tres diputados. La propuesta tiene que ver con que alcanzar el equilibrio fiscal no debe implicar desfinanciar políticas esenciales. Por eso plantea nuevas líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo. También incorpora herramientas para proteger el patrimonio estratégico del Estado y ordenar el registro de la deuda pública.

En paralelo al debate del presupuesto, el Gobierno impulsa también el llamado “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una iniciativa que busca penalizar el déficit fiscal. En este proyecto se prevé penas de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación para funcionarios que autoricen o ejecuten aumentos del gasto sin contar con recursos específicos para financiarlos.

La iniciativa generó fuertes críticas, incluso entre los sectores dialoguistas que sí acompañan el proyecto presupuestario. Tal es el caso del diputado de la Coalición Cívina Maximiliano Ferraro, que calificó el proyecto como “un mamarracho jurídico e inconstitucional”. 

Unión por la Patria presentó un proyecto alternativo que, entre otras cosas, propone la creación de un fondo anticíclico. Es decir, uno donde se ahorre en épocas de crecimiento y se utilicen esos recursos en momentos de crisis.