Un PH, una parrilla y una demolición: el insólito conflicto vecinal que empezó en Güemes y terminó en tribunales

¿Qué tienen en común una parrilla, una losa y unas grietas? En este PH marplatense, la respuesta es sencilla: un conflicto vecinal que terminó con martillo judicial. El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata ordenó a un propietario que demuela una construcción levantada en el techo común del edificio, tras constatar que avanzó sin pedir permiso, sin planos, sin profesional, sin asamblea y -quizás lo más grave- sin disimulo.

Todo comenzó cuando el propietario de una de las unidades funcionales del inmueble ubicado la zona del centro de Güemes decidió que era hora de ampliar. ¿El método? Subirse a la losa común -esa parte del edificio que según el reglamento no es terraza, ni balcón, ni quincho, ni nada que pueda usarse sin permiso- que está sobre su casa y construir a gusto y piacere.

Según relataron en su demanda dos mujeres propietarias de los departamentos linderos, el hombre levantó muros, puso mampostería, construyó una parrilla y hasta proyectó nuevos ambientes, todo sin decir “buen día” al resto del consorcio. La obra avanzó pese a múltiples órdenes municipales de paralización y actas de infracción.

“Esto no es una terraza de uso privado, es una losa común”, protestaron las demandantes, quienes también denunciaron pérdida de luz, vistas invasivas y hasta grietas en sus propias unidades. 

Las demandantes aclararon que todo el complejo es en planta baja y que el techo de las unidades no es una terraza, sino una losa común, a la cual no se tiene acceso por escalera y no es de uso privada, accediendo a ella solo para realizar arreglos o reparaciones, es decir que es de uso común e inaccesible y no figura ni constituye una unidad funcional.

La defensa: “¡Ellas también construyeron!”

Por su lado y según se describe en el fallo firmado recientemente por el juez Martín Zambecchi, el acusado ensayó una defensa que pareció más sacada de un recreo escolar que de un expediente: “ellas también hicieron obras sin permiso”. Señaló que las vecinas modificaron frentes, pusieron marquesinas y techos, y que el edificio, en rigor, nunca funcionó como un consorcio: no hay administrador, no se pagan expensas y, por lo tanto, las reglas serían flexibles.

Eso sí, negó haber construido una parrilla, una pileta o una habitación, y dijo que simplemente estaba solucionando filtraciones. Incluso pidió una indemnización por daño moral, afirmando que estaba siendo víctima de un uso abusivo del derecho. 

El fallo: tirar todo abajo

Luego de una pericia técnica demoledora, el juez Martín Zambecchi concluyó que las obras se hicieron sin autorización de nadie, ni vecinos ni municipio, que se violó el reglamento de copropiedad, que prohíbe alterar las partes comunes, que el peso de lo construido provocó grietas en las unidades vecinas, donde además la seguridad del edificio está comprometida.

Y con todo eso, no hubo mucha vuelta que darle: ordenó a al demandado a demoler lo construido en un plazo de 10 días hábiles desde que la sentencia quede firme, bajo apercibimiento de que lo hagan otros -y a su costo-, o que se le inicien acciones por daños y perjuicios.