La Justicia amplió la condena por el robo de una moto secuestrada e incluyó a la Municipalidad

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata modificó una sentencia de primera instancia y resolvió que tanto la Municipalidad como la Provincia de Buenos Aires deberán indemnizar a un vecino al que le robaron su moto mientras estaba bajo custodia oficial.

El origen del hecho se remonta a 2019, cuando una Honda Storm fue secuestrada durante un operativo de tránsito. La moto fue llevada al predio municipal destinado al depósito de rodados retenidos, pero, cuando el propietario inició el trámite para retirarla, constató que había sido sustraída.

En primera instancia, el juez Marcelo Fernández del Contencioso Administrativo N°2  había condenado únicamente a la Provincia, entendiendo que la Policía Bonaerense tenía la guarda del rodado. Sin embargo, tras la apelación, los camaristas Alfredo Méndez y Ricardo Monterisi coincidieron en que el municipio también debía ser considerado responsable.

Según el fallo, la Municipalidad de General Pueyrredon no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo del motovehículo y al encontrarse bajo su custodia el depósito, le era exigible un deber de vigilancia y conservación que no cumplió.

El tribunal integrado por Diego Ucín y Roberto Mora destacó que la responsabilidad de la comuna surge del hecho de que el depósito donde se encontraba la moto es administrado por la Municipalidad, quien tiene a su cargo la guarda de los bienes secuestrados hasta tanto se disponga su restitución. En ese sentido, precisaron que no basta con invocar que el predio se encontraba bajo vigilancia policía para desligar a la administración local.

“El más ligero repaso de las constancias probatorias da cuenta de la significativa participación de los funcionarios municipales en los acontecimientos que motivaron el inicio de la presente contienda judicial”, apuntaron los camaristas. Asimismo, indicaron que la Comuna “desplegó y asumió a su cargo la inicial conducta administrativa consistente en la detención del vehículo, el posterior labrado de las actas de infracción y la disposición de la orden de secuestro preventivo”.

De este modo, la Cámara hizo extensiva la condena a la comuna y mantuvo el monto fijado en primera instancia para resarcir el valor de la moto y los daños derivados de la imposibilidad de uso, por un monto que se determinará durante la ejecución de la sentencia. Por esto, corresponde declarar la responsabilidad solidaria de ambas demandadas en la reparación del perjuicio.

La decisión dejó firme el reconocimiento del derecho del motociclista a ser compensado y amplió el alcance de la condena, al establecer que la pérdida del bien fue consecuencia de la actuación deficiente de ambos niveles de gobierno.

Origen del conflicto

El hecho se originó el 26 de agosto de 2019, cuando durante un operativo de la Policía Bonaerense -con apoyo de Tránsito municipal- en la costa y Avenida LIbertad, frente a Plaza España, le fue secuestrada la moto por no contar con toda la documentación que exige la ley de tránsito.

El implicado pagó las multas tras presentarse ante el Juzgado de Faltas N°3 pero gigante fue su asombro cuando se apersonó en el playón de secuestro en Libertad y Tandil y nadie sabía nada de su rodado. Lo mismo pasó en el playón de Alberti y Tres Arroyos, por lo que realizó la correspondiente denuncia penal, cuando ya corría octubre de 2019.

Recién en febrero de 2021 se le notificó de una resolución de la Secretaría de Seguridad municipal donde se aseguraba que el rodado había quedado bajo guarda y custodia de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), es decir, de Provincia, en el predio de Tres Arroyos 2.750. Luego se supo de un informe de personal de la dicha playa de secuestro sobre que la moto había sido robada en septiembre de 2019, junto a otras cuatro unidades, luego que autores desconocidos accedieron por la fuerza al predio.