Agua contaminada en Mar del Sud: la intervención del Consejo Escolar se extenderá inicialmente por 90 días

Desde el área de educación del gobierno bonaerense a cargo del ministro Alberto Sileoni emitieron este 30 de septiembre la resolución que oficializa la intervención del Consejo Escolar del partido de General Alvarado, una decisión conocida semanas atrás que regirá, en principio, por 90 días. La novedad tiene lugar una semana después de las cuatro imputaciones resueltas por la justicia en el marco de la investigación por la denuncia vinculada al suministro de agua contaminada en escuelas de la localidad de Mar del Sur.

La resolución definió que el interventor, Emanuel Ocaranza, tendrá las facultades establecidas en diversos artículos de la ley 13.688 para realizar todas las acciones necesarias a fin de lograr la normalización del funcionamiento del órgano. Si dentro de los plazos establecidos Ocaranza necesita seguir al mando de futuras competencias administrativas y de gestión, la intervención podrá extenderse por otros 90 días.

En la medida publicada en el boletín oficial del gobierno bonaerense, las autoridades comunicaron la determinación de transformar la avocación dispuesta inicialmente por la intervención directa del Consejo Escolar de General Alvarado, atento a las imputaciones del contratista y de los tres funcionarios más importantes del organismo.

La delicada problemática en el polo escolar de Mar del Sur comenzó en 2024, cunado un grupo de padres de alumnos advirtieron que sus hijos presentaban cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos, que luego mermaron durante el receso del verano 2025. En el marco del inicio del ciclo lectivo de este año y tras encargar un análisis del agua de las escuelas, se concluyó que la misma no era potable y los padres y madres descubrieron que a ellos se les exhibían certificados de potabilidad que eran apócrifos.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, se comprobó que había un informe sobre el agua que presentaba indicios de ser real, con el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la firma de una perito química. Uno de los padres de un alumno afectado dialogó con la profesional que supuestamente había firmado los informes (uno de febrero de este año, el otro del año pasado) que habilitaban el consumo del agua del pozo de las escuelas. La perito le explicó que ninguno de los dos había sido firmado por ella, lo que derivó en una denuncia judicial.

La investigación avanzó y el pasado 27 de agosto se realizaron una serie de allanamientos en localidades del partido bonaerense de General Alvarado, en los que se confiscó documentación y los teléfonos celulares de las personas investigadas.

Posteriormente el titular del área de investigación y litigio de casos sencillos, el fiscal federal Carlos Martínez, formalizó la imputación de las cuatro citadas personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud, que comparten el mismo predio y pozo de agua.

Los imputados son un contratista que debía certificar que el agua que se distribuía en las escuelas era potable y que habría además falsificado informes en más de un centenar de oportunidades, y tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado –su presidenta, vicepresidenta y tesorero-, quienes serán juzgados por el incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica de documentos públicos.