Autódromo Juan Manuel Fangio: un decreto genera dudas sobre las obras de valorización

La gestión sobre el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce quedó en el centro del debate a partir de una serie de cuestionamientos vinculados a la ejecución de las obras de renovación del histórico circuito iniciadas en 2023, el uso de los fondos públicos destinados por la gobernación bonaerense y las condiciones de seguridad del predio. Las observaciones fueron planteadas por Sebastián Fiori, ex integrante de la Asociación Autódromo Balcarce, en una nota difundida por Radio Sudestada.

Desde hace una década la municipalidad de Balcarce, bajo la gestión del intendente Esteban Reino, asumió la responsabilidad plena de la puesta en valor del autódromo, comprometiéndose a ejecutar obras de infraestructura, garantizar la seguridad deportiva y cumplir con normativas técnicas nacionales e internacionales. En aquel entonces el Ejecutivo municipal se presentó como técnicamente competente para administrar fondos, certificar avances y firmar convenios vinculados a la actividad automovilística, una situación que cambió en los últimos días del 2025.

La renovación del autódromo Juan Manuel Fangio

Uno de los hitos en la historia reciente del circuito es el convenio firmado en 2023 con la provincia de Buenos Aires, mediante el cual el municipio asumió obligaciones formales como la administración de fondos provinciales, la supervisión y certificación de obras, la elaboración de documentación técnica y la rendición de cuentas ante organismos de control. De acuerdo a lo expuesto, en ese proceso se transfirieron inicialmente más de 500 millones de pesos y se comprometieron, en total, unos 2.000 millones de pesos para la puesta en valor del autódromo.

En consecuencia, desde 2023 y a lo largo de 2024 se realizaron diversas intervenciones en el autódromo, incluso durante el 2025 también se construyó un paredón de más de 2.000 metros que entusiasmó a las autoridades por la pronta vuelta de la actividad automovilística.

El gobierno municipal de Balcarce, técnicamente incompetente

El foco del planteo actual se centra en el reciente decreto 4336, fechado el 22 de diciembre de 2025, en el cual el propio intendente reconoce que la municipalidad carece de competencia técnica para elaborar la documentación final, planimetría e informes necesarios para la rehabilitación integral del circuito.

Para Fiori, esta declaración genera una contradicción administrativa y legal, ya que el municipio admite no contar con capacidades que previamente había asumido y certificado.

En el mismo sentido, se remarca la falta de intervención del Concejo Deliberante ante pedidos de informes, solicitudes de auditoría técnica y reclamos ciudadanos vinculados a la ejecución de las obras y al destino de los fondos. De acuerdo a lo señalado, no hubo respuestas formales ni acciones de control visibles por parte del cuerpo legislativo local.

Suspensión de actividades automovilísticas

De acuerdo a lo expuesto por Fiori, también se mencionan presentaciones administrativas solicitando la suspensión de actividades automovilísticas hasta garantizar condiciones de seguridad adecuadas, la presentación de planos y proyectos técnicos elaborados por profesionales y la rendición de cuentas de las obras ejecutadas, sin que esa documentación haya sido puesta a disposición públicamente. En octubre de 2025, seis pilotos del TC realizaron una serie de pruebas técnicas y giros de reconocimiento en el contexto del proceso de reactivación y puesta en valor del mítico trazado.

El planteo incluye además interrogantes sobre la participación de terceros, como la cooperativa El Mirador, que habría recibido fondos vinculados al autódromo, sin que existan informes públicos sobre contratos, certificaciones, materiales utilizados o controles técnicos de los trabajos realizados.

Finalmente, se advierte que el autódromo continúa en obras y que no se habrían difundido informes técnicos que aseguren condiciones seguras para actividades deportivas o eventos públicos. En ese contexto, se insiste en la necesidad de suspender preventivamente cualquier uso del predio —salvo actividades de bajo riesgo— hasta tanto se garantice el cumplimiento de las normas técnicas, la seguridad y la transparencia administrativa.