La Catedral tomada: el recuerdo del polémico sermón y el desalojo que anticipó el estallido social

Mar del Plata, 28 de julio de 1999. Aquel miércoles de invierno, el centro de la ciudad se convirtió en el escenario de un guion cinematográfico cargado de violencia y misticismo. La Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, joya neogótica y epicentro espiritual de La Feliz, dejó de ser un espacio de serenidad para impregnarse de un clima denso y perturbador.

A las nueve de la mañana, la paz en el templo era un espejismo. Hacía veintidós días que unas cincuenta personas del Movimiento de Desocupados Teresa Rodríguez (MTR) ocupaban las naves laterales para visibilizar la crisis social. La ciudad ocultaba una desocupación récord del 18,8 %, según la última Encuesta Permanente de Hogares, en ese momento, el 10,7 % de la población vivía bajo la línea de indigencia y el 33,8 % bajo la línea de pobreza.

Sin embargo, la historia se remontaba a años anteriores. Durante 1996 y 1997, los movimientos de desocupados habían realizado cortes en la Ruta 88 para solicitar puestos de trabajo. Tres años después, tras reiteradas reuniones y marchas, y ante el incumplimiento de los acuerdos, una gran columna se dirigió hacia el Palacio Municipal. Al llegar, en una maniobra que luego se volvería costumbre, las puertas del edificio se cerraron con rejas y una guardia policial se apostó en el frente.

Tras encontrar el municipio blindado, los manifestantes decidieron cruzar la plaza San Martín y entrar en la Catedral, buscando al obispo José María Arancedo como mediador. Ante la falta de respuestas de cualquier sector, el movimiento decidió iniciar la toma.

Durante tres semanas, el templo se transformó en un híbrido extraño: entre el olor a incienso se colaba el de los guisos colectivos, y entre las imágenes de los santos, la mirada de niños que habían convertido los confesonarios en armarios y las naves en dormitorios improvisados.

El sermón que encendió la mecha

La convivencia fue frágil, pero el punto de quiebre tuvo nombre propio: el padre José Ignacio Martínez. El domingo previo al desenlace, un sermón se volvió protagonista. El sacerdote pronunció un sermón en el que, supuestamente, utilizó términos que funcionaban como un estigma de marginalidad y peligrosidad. En desacuerdo con el tono del mensaje durante el oficio religioso, el cura fue increpado y agredido física y verbalmente por un grupo de ocupantes, incluso se lo calificó de “anticristo” y “nazi”. Martínez denunció los hechos en la Comisaría 1.ª y, recién a partir de ese momento, intervino la Justicia. La tregua de veinticuatro horas pedida por el obispo para un desalojo pacífico nació muerta, la paciencia se había agotado.

Todo estalló cuando un grupo de diez civiles autodenominados “feligreses” ingresó cerca de las nueve de la mañana con una misión clara. No buscaban confesión, sino la expulsión de los ocupantes. Según las crónicas de la época, el grupo comenzó a desocupar la Catedral a fuerza de empujones y golpes, incluso se aseguró haber escuchado disparos. Tras forzar la salida de los internos, los supuestos fieles cerraron todos los accesos al templo.

¿Civiles o “servicios”?

Según testimonios del diario La Nación, uno de los ingresantes manifestó: “Esto tenía que pasar porque esta gente no tiene ningún derecho a apropiarse de una iglesia que es de todos, aunque sus reclamos sean legítimos. Vinimos muy temprano a rezar un rosario por el padre agredido y, aprovechando que unos cuantos de estos tipos estaban mendigando en la calle, echamos a los otros. Después cerramos las puertas y los dejamos afuera. Ahora que no vengan a decir que somos parapoliciales o de la SIDE; somos simples feligreses”.

Las imágenes de aquella mañana registran detalles que aún hoy estremecen: pasillos de mármol transformados en campamentos, bancos de madera astillados y apilados como barricadas contra las puertas de la calle Mitre, utensilios de cocina, ropa y pelotas de fútbol. Según algunas versiones, en los confesonarios se hallaron dos armas de fuego con las que, supuestamente, se realizaron los disparos; no obstante, la investigación arrojó que las cápsulas encontradas no correspondían al calibre de ninguna de ellas.

Poco después del episodio violento, el fiscal Aldo Carnevale, junto con la policía, dispuso el acordonamiento preventivo. Los desalojados intentaron reingresar por la fuerza, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento, pero esta vez con los efectivos.

Hacia el mediodía, la Justicia ordenó la desocupación formal del templo, aun cuando ya se había producido el inusual desalojo a manos de civiles, medida dictada por el juez de garantías Marcelo Madina. En esa ocasión, personal municipal y agentes uniformados retiraron las pertenencias que los ocupantes habían acumulado durante las tres semanas de permanencia.

Mientras los ocupantes eran arreados hacia el exterior entre golpes, el misterio rodeaba a los agresores. El fiscal general Fabián Fernández Garello afirmó que no pertenecían a ninguna fuerza de seguridad. El saldo: mujeres y niños apaleados, destrozos y la frustración del obispo Arancedo. “La Iglesia los acompañó desde el primer día, como hace con todos los desposeídos, pese a que en este caso no estaba de acuerdo con el método elegido para pedir trabajo”, manifestó el prelado.

Una ciudad herida

Al mediodía, las consecuencias eran desoladoras. Con el correr de los días, el clima social se enardeció y la ciudad ocupó las portadas de todos los medios del país. Según la crónica de Página/12, un grupo de desconocidos causó destrozos en la parroquia Nuestra Señora del Milagro, en las afueras de la ciudad: arrancaron sanitarios, robaron elementos del depósito de Cáritas y dejaron una nota identificándose como “desocupados del barrio Libertad”.

Por los hechos, aquel día, hubo tres detenidos, entre ellos el líder Ricardo “Chacho” Berrozpe y Emilio Alí. Fueron veintidós días de ocupación por un conflicto que se rastreaba desde años atrás y que, sin saberlo, funcionó como un crudo anticipo del estallido que vendría años después para todo el país.