La CGT se presentó ante la Justicia para frenar la reforma laboral aprobada por el Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes una acción judicial para intentar frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y recientemente aprobada por el Congreso. La central sindical solicitó que la normativa sea declarada inconstitucional y que se suspenda su aplicación hasta que la Justicia analice el fondo del reclamo.

La presentación se realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. En el escrito, la conducción de la CGT sostiene que la ley vulnera derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, particularmente los establecidos en el artículo 14 bis.

Según la central obrera, la reforma afecta garantías vinculadas con la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y el sistema de seguridad social. También advierte que la norma contradice principios internacionales en materia laboral establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados con jerarquía constitucional.

Entre los argumentos planteados en la demanda, los sindicatos sostienen que la reforma viola el principio de progresividad o no regresión, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder respecto de niveles de protección ya alcanzados. Además, invocan el llamado principio protector, basado en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores y orientado a evitar abusos contra la parte más débil de la relación laboral.

La CGT también cuestionó aspectos concretos de la normativa. Entre ellos mencionó la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas mediante sistemas de compensación de horas, la modificación del régimen de indemnizaciones por despido y la creación de un fondo destinado a cubrir esos pagos.

La reforma laboral fue sancionada por el Congreso a fines de febrero y forma parte de un paquete de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y promover la formalización del empleo. Desde el oficialismo sostienen que la nueva normativa busca reducir la litigiosidad laboral, facilitar la contratación y generar condiciones para el crecimiento económico.

En cambio, sectores sindicales y parte de la oposición consideran que las modificaciones implican un retroceso en derechos laborales adquiridos y debilitan la capacidad de negociación de los trabajadores frente a las empresas.

La presentación judicial forma parte de la estrategia que viene impulsando la CGT contra la reforma laboral, que incluyó movilizaciones y protestas durante el tratamiento del proyecto en el Congreso. En tanto, el amparo se presentó horas después que este vienes entre en vigencia la nueva Ley Laboral, tras ser promulgada por el presidente Javier Milei.