Crimen de Gabriel Aramayo: entre el regreso de los menores a su casa y la búsqueda de los prófugos

Hace 150 días Gabriel Aramayo moría en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde lo habían trasladado luego de que un grupo de delincuentes lo golpeara brutalmente para robarle la moto en Hernandarias y Polonia. Algo más de cinco meses después, la causa se tramita en dos fiscalías, tiene dos menores indicados como autores, un mayor detenido, uno prófugo, un imputado en libertad y –según la familia de la víctima- al menos otras dos personas estuvieron involucradas en el hecho.

En un primer momento el homicidio en ocasión de robo fue investigado por el fiscal Leandro Arévalo que -menos de una semana después del ataque- solicitó la detención de Claudio “Pirulo” Altamiranda. La medida se hizo efectiva  tras un allanamiento en el asentamiento Santa Rita.

El joven de 19 años se negó a declarar y a partir de los elementos que presentó su abogado Mauricio Varela que lo ubicaron en otro lugar al momento de los hechos, fue liberado el 3 de julio, aunque sigue imputado. Sin embargo, para la abogada Daniela Gutiérrez –representante de la familia de la víctima- esas declaraciones y dichos corresponden solamente a familiares directos del imputado.

El resto de los indicios obtenidos por los investigadores permitieron acreditar que del fallido robo en el que provocaron las heridas mortales, participaron varios menores de edad, por lo que el expediente fue derivado al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Yañez Urrutia.

Menores inimputables, una evaluación y vuelta a casa

La investigación que el fiscal realizó junto a personal de la DDI avanzó y permitió identificar al menos dos menores que habrían participado del violento ataque “´piraña”. El 5 de noviembre pasado, y tras el aval de la Justicia de Garantías del Fuero, se realizaron un par de allanamientos simultáneos en los que detuvieron a dos adolescentes de 14 y 16 años.

En los operativos a cargo del Gabinete de Menores de la DDI secuestraron un arma de fuego, varios proyectiles de fusil y efectivizaron las medidas de seguridad para con los dos menores que al momento del hecho tenían 13 y 15 años.

En diálogo con 0223 el fiscal Yañez Urrutia confirmó que luego de que los adolescentes se negaran a declarar por pedido de la defensa, solicitó para ambos las medidas de seguridad de acuerdo a las leyes nacionales y provinciales, por lo que estuvieron algunos días privados de la libertad.

El equipo técnico del Centro de Admisión y Derivación hizo las evaluaciones de rigor y determinó que podían reintegrarse a la familia y trabajar en forma integrada. De esta manera serán los profesionales intervinientes quienes deben informar a la Jueza de Garantías el abordaje que se va a realizar. “Todavía no lo hicieron”, confirmó el fiscal.

Si bien la tarea de Yañez Urrutia continúa para establecer la participación de algún otro menor –tal como sostiene la familia de la víctima- ante la complejidad de la causa le solicitó a la Fiscalía General que la participación de mayores sea investigada una vez más por la Unidad Fiscal de Instrucción que estaba en turno.

“Cuando hay menores y mayores la causa queda en este Fuero, yo investigué a ambos, pero ante el caudal de pruebas recabada y la complejidad  solicité por excepción remitir esa parte nuevamente al fiscal Arévalo para que siga adelante y sea él -en caso de llegar a juicio- quien esté en el debate”, explicó.

Una detención y un prófugo conocido

El regreso de parte del expediente a la UFI 7 y los datos recabados por personal de la DDI permitieron establecer que además de los menores inimputables, en el grupo que atacó a Aramayo estaban Sergio Fabián Urbistondo y Franco Gabriel Altamiranda Díaz. Tras la realización de un par de allanamientos, el primero de ellos se entregó  y el otro permanece prófugo.

Sergio Urbistondo

Urbistondo –de 34 años- se presentó junto al abogado Osvaldo Verdi y ante el fiscal Arévalo negó haber atacado a la víctima. “Reconoció que estaba por la zona, pero dijo que había ido a buscar a su hijo” señalaron fuentes oficiales luego de que lo trasladaran nuevamente a la Unidad Penal 44 de Batán.

Sin embargo, Altamiranda Díaz, no adoptó la misma postura y permanece prófugo. Los investigadores junto a la policía intensifican las diligencias para tratar de dar con el paradero y la captura del joven, por lo que dieron a conocer su fotografía para obtener algún dato que permita ubicarlo.

Franco Gabriel Altamiranda Díaz

Tal como informó este medio, apenas dos semanas antes del ataque mortal, Altamiranda Díaz, en su rol de “levantador de autos”  había sido condenado a tres años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Los hechos que le imputaron –robos consumados, tentativas y encubrimiento- se dieron en un lapso de nueve meses.

Uno de los puntos de la sentencia que firmo el Juez Juan Manuel Sueyro resultó ser premonitorio, ya que al descartar el pedido de cuestiones atenuantes sostuvo que para Altarmiranda Díaz “una sentencia condenatoria no es otra cosa que un accidente procesal, una circunstancia incapaz de modificar su culpabilidad”.

La familia pide más testigos

Apenas conocida la detención de Urbistondo y el pedido de captura de Altamiranda Díaz, la abogada que representa a la familia de la víctima sostuvo que la medida cayó bien, pero son conscientes que aún falta un esfuerzo más para el esclarecimiento total del crimen.

“Apelamos  la comunidad para que aunque sea con la figura de testigo reservado se presenten a declarar. Sabemos que hay más testigos y necesitamos más testimonios”, le dijo la abogada Daniel Gutiérrez a este medio.

Si bien en un comienzo plantearon que eran seis las personas involucradas, el avance de la investigación hace pensar a la profesional que un total de siete sujetos participaron del ataque y que restaría identificar con certeza a un mayor y un menor de edad. En el caso del tercer menor que habría atacado a Aramayo estiman que tiene 17 años, por lo que ya era punible al momento del hecho.

“Lamentablemente se perdió mucho tiempo en el comienzo de la investigación: no se hizo la pericia accidentológica de la moto y fue casi imposible conseguir imágenes de las cámara s de seguridad de la zona”, agregó.

Gutiérrez sostuvo que mantuvieron diálogo con ambos fiscales y que aguardan que en los próximas días se efectivicen algunas de las medidas que la familia solicitó en el expediente.