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Judiciales

19 de Febrero de 2020 18:00

La increíble historia del Semar XI, un edificio "tomado" por sus administradores

El edificio Semar XI, ubicado en Brown y Arenales. Foto: 0223.

Los administradores del consorcio fueron removidos por la Justicia. Sin embargo, volvieron al edificio e impiden trabajar al administrador judicial. La historia incluye un "ocupa" que alquila las cocheras como si fuera un estacionamiento.

“Con todas las facturas de pintura que pagamos, alcanza para pintar el mar”, grafica Graciela Cano, propietaria de uno de los 281 departamento que hay en el edificio Semar XI, ubicado en Brown y Arenales, que desde hace años atraviesan situaciones tan insólitas como irregulares. Todo esto motivó a que la Justicia remueva a los administradores del consorcio y nombre a un administrador judicial.

Sin embargo, esta decisión no terminó de solucionar todos los problemas: los representantes de la anterior administración, que tienen dos causas elevadas a juicio por estafas y otros delitos, se autoproclamaron administradores y siguen yendo a amedrentar a los propietarios y a dificultar la tarea del nuevo administrador.

Adolfo Salminci es uno de los protagonistas de la historia. Policía retirado, Salminci compró una vivienda en el edificio que cuenta con 281 departamentos, 175 cocheras y 11 locales. Y en 2007 vio una oportunidad: quedarse con la administración de un edificio habitado en su mayoría por gente mayor y muchas personas que no son de Mar del Plata.

Durante años, se produjeron diversas irregularidades. Los vecinos cuentan que en una época funcionó un lavadero clandestino cuyas ganancias iban para el bolsillo de Salminci y su familia.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró nula la subasta de una cochera del edificio. La decisión del camarista Ricardo Monterisi no solo anuló la operación, sino que dejó al desnudo cómo operó la administración del edificio, a cargo de Adolfo Salminci, y la denominada Liga de Remates para comprar varias cocheras a precios irrisorios.

“Pese a la cantidad de departamentos y unidades funcionales, el edificio nunca tuvo una cuenta corriente. Los propietarios depositaban las expensas en las cuentas de los Salminci”, contó a 0223 Esteban Iriarte, el administrador judicial que el 26 de diciembre desembarcó en el lugar por decisión de la Justicia.

 

Intervención judicial

Adolfo Salminci y su hijo Marcelo Salminci tienen dos causas elevadas a juicio. Una de ellas es por estafas procesales, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos. Acumulan, además, un sinfín de denuncias en la comisaría Segunda y la Fiscalía General. Nada de eso les impidió durante años ejercer el control absoluto de la administración del edificio. La resistencia de muchos propietarios tampoco surtió efecto: los Salminci renovaban su mandato en asambleas fraudulentas a las que convocaban a algunos propietarios por mail, sin permitir que la mayoría participara.

Para cerrar el círculo, el Consejo de Administración, órgano que controla a los administradores, estaba presidido por Marcelo Salminci, que además es el abogado del consorcio. “Además de ser poco ético que la persona que controle al administrador sea su hijo, todo se hizo en asambleas absolutamente irregulares”, indicó una fuente consultada por este medio.

El 26 de diciembre de 2019, la titular del Juzgado Civil y Comercial 9, Patricia Gunsberg, decidió remover a la administración Salminci del edificio Semar XI y designó a Esteban Iriarte como administrador judicial con el objetivo de que se regularice la situación y convoque a una asamblea para que se elija formalmente a un administrador.

“Hasta ahora no pude conseguir el registro de propietarios, libros de sueldo, libros de consorcio, no tengo contratos de ningún alquiler. No tengo ninguna documentación respaldatoria. No hay un registro de expensas”, enumero Iriarte en diálogo con 0223.

 

Un "ocupa" que alquila cocheras

Entre las múltiples irregularidades que se producen en el lugar, entre las que se cuentan pago de expensas siderales, rendiciones inexistentes de trabajos, sueldos a cerrajeros, abogados y otros profesionales, en los últimos tiempos surgió una insólita: una familia ocupó un departamento.

Por el hecho, ya hay un juicio de desalojo en curso. Pero esto no es lo más insólito del caso: el hombre y su familia ofician de “trapitos” en la zona y utiliza las cocheras del edificio como estacionamiento para los automovilistas que andan por la zona. “Cobra lo que se le antoja. Y utiliza la cochera del edificio como un estacionamiento privado. La mayoría de los propietarios de las cocheras no están enterados”, contó Graciela Cano, propietaria de un departamento. Incluso, hay lugares comunes del edificio que no funcionan como cocheras que fueron pintados para que puedan estacionar autos.

 

Fue justamente ella la que este martes tuvo un incidente con la familia que ocupa un departamento. “Lo más insólito es que participan de las reuniones que se hacen en el edificio. Los Salminci los envían. Ayer me agredieron porque fueron a decir que Edea iba a cortar la luz del edificio y yo fui a aclarar que no era así. Que el nuevo administrador estaba pagando y que la deuda es la que ellos dejaron por no pagar durante años”, agregó Cano.

 

Intentos frustrados de poner orden

Pese a las dificultades que hacen imposible convocar a una asamblea para regularizar la situación, el nuevo administrador intentó ordenar algunas cuestiones: cambiar cerraduras, poner cámaras de seguridad y regularizar la situación de algunas personas que decían ser empleadas, pero que no figuraban en ningún lado.

Entre esas cuestiones, colocó cámaras de seguridad y cambió las cerraduras de los portones. En uno de los accesos a la cochera cambió el lector electrónico. “Esto suponía un inconveniente muy menor para los propietarios que tenían que venir a la administración a buscar la llave nueva. Y mientras tanto el portero les abría el portón”, plantó Esteban Iriarte. No obstante, como muchas de las personas que usaban la cochera no eran ni propietarios ni tenían relación con el edificio comenzaron a producirse “eventos”, según definió Iriarte. Primero, algunas discusiones, hasta que finalmente “alguien” sacó el lector electrónico del portón.

Otra de las decisiones del nuevo administrador fue contratar a una empresa de seguridad para garantizar la vigilancia del edificio. Ya no está más: cada guardia que llegaba era intimidado por los viejos administradores hasta que la empresa decidió dejar de prestar el servicio.

Las cámaras de seguridad tampoco funcionan. Primero se robaron una, luego rompieron otra hasta que finalmente se llevaron el DVR que registra las imágenes que toman las cámaras para que nada quede grabado.

 

"El edifcio está tomado" 

Luego de que la jueza Civil y Comercial Patricia Gunsberg decidiera remover a la administración Salminci ellos decidieron apelar la medida. Sin embargo, la medida cautelar adoptada por la magistrado quedó vigente mientras la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial analiza la presentación.

De todos modos, los Salminci volvieron a la carga. El 24 de enero último convocaron a una asamblea de manera ilegítima y designaron a un nuevo administrador: Pablo Salminci, otro de los hijos de Adolfo. “Participaron 20 personas y desconocieron por completo el fallo judicial”, explicó Iriarte.

Queda claro que la falta de legitimidad no es un escollo para esta familia: desde ese entonces se manejan en el edificio como los verdaderos administradores. Iriarte prácticamente no puede ir por las agresiones y presiones que sufre cada vez que llega. Y los vecinos denuncian que el edificio está controlado por una “patota”.

“Hay siempre cuatro o cinco personas que responden a ellos. Algunas personas que hacían tareas de mantenimiento, el trapito que ocupa un departamento y otras personas de esas características que son los que amenazan a los propietarios”, contó un vecino que agregó: "El edificio está tomado"