Agroquímicos en Mar Chiquita: afirman que hubo fraude en el estudio de impacto ambiental

La polémica ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Mar Chiquita meses atrás, promulgada por el intendente Jorge Paredi, sobre el uso de los productos fitosanitarios en el distrito, sigue en el centro del debate. Las manifestaciones en contra de lo determinado por las autoridades han sido masivas y generan múltiples críticas contra la gestión oficialista. 

En los últimos días, desde la organización Paren de Fumigarnos y la Asamblea Paremos el Desierto Verde pusieron el foco directamente en el abogado Javier Viadas, a cargo de coordinar el proyecto finalmente aprobado por los concejales, donde se establecieron distancias irrisorias para la aplicación de los agroquímicos.

Según advierten las organizaciones ambientalistas, la semana pasada Viadas solicitó recusar al juez Héctor Casas, responsable del Juzgado Civil y Comercial N° 15, quien en diciembre del año pasado dictaminó la prohibición de fumigar a menos de 1.500 metros de los centros urbanos o cursos de agua existentes en la zona costera del partido.

El 14 de septiembre último, en el marco de un ciclo de charlas del Colegio de Magistrados de Mar del Plata, el juez expresó que todos los magistrados “están llamados a prestar un servicio de justicia adecuado, incluso en lo referido a medio ambiente” y que eso fue lo que lo llevó a actuar ante un conflicto que “evidentemente afectaba a la población”.

Según aducen las organizaciones, para el citado productor agropecuario y abogado de los campos demandantes, esas palabras hablan de las “convicciones que el juez no debería tener”.

Viadas es representante de Surco SA, firma que explota los campos La Esperanza y El Milagro, uno de ellos, en sociedad con Los Grobo SA, y resultó ser el principal impulsor y defensor de la nueva normativa que permite fumigaciones a tan solo 150 metros de diversas viviendas.

En diálogo con 0223, Viadas aseguró que la ordenanza es modelo en Argentina, pero las organizaciones afirman que el abogado utilizó “de modo fraudulento y tendencioso el nombre de prestigiosos investigadores del Conicet” con el único fin de dotar de cierta legitimidad al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por los campos demandados.

Los especialistas en cuestión ya aseveraron que no participaron “en ningún modo” del proyecto y que “ni siquiera conocen a Eduardo Jorge Haday Pitasny”, autor y responsable del EIA.

“Nos preguntamos desde qué lugar ético y moral Javier Viadas, integrante de la corporación agroindustrial y pretendido legislador de una ordenanza express, plantea la remoción de un juez que lo único que hizo fue adecuarse al orden público, cumplir con el principio precautorio y hacer valer el Art. 41 de la Constitución Nacional, el cual reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano que, en Mar Chiquita, se halla contaminado por las prácticas agrícolas con venenos químicos”, expresaron desde la organización.

Entre otras de las incongruencias señaladas por las organizaciones sobre el polémico proyecto, figura que Viadas trabajó junto a dos supuestas instituciones para elaborar la ordenanza llamadas Campo y Medio Ambiente y ONG Verde Sustentable. “De la primera no se registra antecedentes de actividad y sobre la segunda está inscripta como empresa S.A.”, sentenciaron desde la asamblea.