Jury a Viñas y Gómez Urso: "La destitución de los jueces no es venganza sino prevención"

 "La destitución no es venganza sino prevención". Así resume Cristina Montserrat Hendrickse, la abogada que trabaja para la familia de Lucía Pérez en el proceso de jury, el espíritu de la sanción que se reclama contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes el 28 de noviembre de 2018 donde absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por la acusación de violación seguida de muerte contra la adolescente de 16 años.

La letrada se mostró contenta por la audiencia a la que se convocó para el 23 de noviembre en esta etapa del juicio político y mostró expectativas de que allí se confirme la acusación contra los magistrados marplatenses por los delitos de "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta".

"La acusación no es aislada sino que fueron formuladas por diferentes partes, por lo que entendemos que tiene una solidez y una consistencia que no puede ser desechada sin más sino que será objeto de un profundo análisis", confió Montserrat Hendrickse, quien ratificó: "Confiamos, queremos y creemos que va a haber acusación, que va a ser admitida y que este proceso va a seguir adelante".

Además de la denuncia de la propia familia de la menor, la acusación contra Gómez Urso y Viñas es sostenida por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, la Comisión Bicameral integrada por doce legisladores (cinco senadores y siete diputados), y el defensor del pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino. En la audiencia del 23, se analizará la "verosimilitud" del planteo para hacer lugar o no y dar lugar al debate en donde se definirá la posible destitución de los magistrados. Si se entiende que la acusación no es verosímil, entonces el proceso ya queda sin efecto.

La abogada de la familia de Pérez, de todos modos, aclaró que el hecho de que el jurado verifique en esta primera instancia la verosimilitud de la acusación no quiere decir que "adelante sentencia" sino simplemente "que hay elementos que dan credibilidad" de las situaciones acusadas en función del trabajo que desempeñaron durante el juicio de 2018. "Que se admita la acusación no quiere decir que vayan a ser condenados los jueces después", remarcó.

"Entendemos que sobran elementos para ello porque se incorporó la sentencia que absolvió a los imputados, y también las sentencias de Casación Penal que anuló el primer fallo de los jueces y de la Suprema Corte donde se confirmó la anulación del primer fallo", sostuvo la representante legal, y añadió: "Hay acusaciones precisas, concretas y circunstanciadas, y esperamos un análisis prudente de las mismas".

Sin embargo, la abogada dijo que si se admite la acusación, tal como se espera, entonces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas serán "inmediatamente suspendidos" de sus funciones, por lo que no podrán ejercer la magistratura hasta tanto el jury defina en un debate - que probablemente se materialice a principios del 2022, una vez finalizada la feria judicial - si corresponde o no una sanción, que consiste en la destitución de sus cargos.

"La suspensión que se aplicaría ahora es en realidad una medida preventiva para preservar, no este proceso, sino el resto de los procesos que ellos conducen. Porque si después los destituyen, entonces todos los fallos que dicten en ese momento podrían quedar nulos posteriormente", explicó, en una entrevista con 0223.

Mensaje para los jueces del país

Para la letrada, la sanción de destitución que podrían recibir los magistrados marplatenses por su accionar en el caso de Lucía Pérez podría ser un llamado de atención para todo el Poder Judicial argentino. "Creo que este jury va a dejar un mensaje fuerte para todos los jueces del país. Esperamos que sirva para que todos los Poderes Judiciales de Argentina no crean que la perspectiva de género es una ideología".

"Entendemos que se han verificado muchos hechos que justifican la sanción a estos magistrados y por eso esperamos la destitución. Pero no es que la familia busca venganza con la destitución, en el aspecto retributivo de la sanción, sino que lo que principalmente busca es hacer valor el aspecto de de la sanción", dijo Montserrat Hendrickse.

La abogada insistió en que la perspectiva de género integra el marco jurídico de los derechos humanos, incorporados y reconocidos por la Constitución Nacional en convenios y tratados internacionales. "Hay que despojarse de los perjuicios y estereotipos, en creer en la víctima perfecta, en la buena mujer, para que recién ahí se pueda analizar la conducta de los victimarios. No hay que juzgar la vida de la víctima, y todos estos son conceptos del derecho que no son discrecionales para los jueces sino que ellos tienen la obligación de aplicarlos", apuntó.

"Cada uno puede tener su opinión personal pero los jueces tienen que actuar conforme derecho, y principalmente sobre el derecho de mayor jerarquía normativa como la Constitución Nacional y los tratados internacionales que se incorporaron. Nadie se puede apartar de esto. Y por eso creo es un mensaje muy importante que jueces que se han apartado de estas pautas que marcan los derechos humanos, sean sancionados y no queden impunes", reflexionó.