Piden que intervenga la Corte por el caso de abuso en el camping: "Está en crisis el orden federal"

Los abogados defensores de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, los jóvenes que en septiembre del año pasado fueron juzgados y declarados no culpables por el abuso sexual de una menor en el camping miramarense “El Durazno”, hicieron llegar este lunes una nueva presentación a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que declare procedentes los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y doctrina legal y de nulidad con los que se busca frenar el segundo juicio que ordenó realizar en diciembre el tribunal de Casación Penal después de haber anulado la sentencia que había resuelto un juzgado popular.

El escrito fue elevado esta mañana por Martín Bernat, quien junto a Martín Gimenez representa a Jaime y Villalba, y contiene duras críticas contra los dictámenes de Casación, acusando al organismo platense de tomar decisiones “manifiestamente antirrepublicanas”. “Se encuentra en crisis el orden federal de nuestro país; hay un claro atropello a principios, derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, el ne bis in idem y el derecho de defensa en juicio”, advirtió el letrado.

El 23 de diciembre del 2021, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini  de la Sala III de Casación declararon nulo el veredicto del 17 de septiembre donde un jurado popular declaró no culpables a Pitman,  Jaime y Villalba. Para fundar la medida, el tribunal tuvo en cuenta la falta de intervención de la Asesora de Menores durante la declaración de la menor en el proceso.

Y a principios de este mes, los mismos jueces declararon “inadmisibles” los recursos de las defensas al entender que han sido interpuestos “en forma prematura” ya que la sentencia impugnada carece de “carácter definitivo”. Sin embargo, Bernat sostuvo que su queja “se encuentra deducida sobradamente en condiciones temporales” y que debe garantizarse el “derecho de revisión” ya que los efectos del dictamen anulatorio de Casación  “no pueden, de ninguna manera, ser reparados ulteriormente”.

“Existen motivos de agravio federales y cuestiones de gravedad institucional que tornan obligatoria la posibilidad de que vuestra Corte entienda en la cuestión”, consideró el abogado, en la presentación a la que accedió a 0223, donde solicitó al máximo tribunal de la Provincia que “haga lugar a la queja intentada, revoque la decisión impugnada y resuelva admitir los recursos mal denegados”.

Para Bernat, la postura que adopta el tribunal de Casación “permite concluir - sin esfuerzo alguno- que es contraria a derecho, notoriamente arbitraria, de neto corte antirrepublicano y violatoria de la garantía constitucional (y supra-constitucional) de la doble instancia y doble conforme”. “Resulta de semejante envergadura el tinte antirrepublicano de la decisión adoptada por los integrantes de Sala III del Tribunal de Casación que desconocen abiertamente la doctrina legal citada, ni siquiera para abrir los Recursos Extraordinarios interpuestos”, insistió.

“Me permito afirmar que la resolución recurrida por el presente, al igual que la sentencia impugnada por los Recursos Extraordinarios mal denegados, resultan actos manifiestamente incompatibles con nuestro sistema jurídico y forma de gobierno, constituyendo meros actos de poder autoritarios sin, ni siquiera, buscar su camuflaje mediante la adopción de ropajes de legalidad, aunque solo sea mediante argumentos meramente aparentes”, reiteró el abogado, en otro tramo de su escrito.

Bernat, además, consideró que la anulación del fallo absolutorio de los imputados marca un “exceso” en la “esfera de competencia y jurisdicción” que le atañe al tribunal de Casación. “Mediante una decisión manifiestamente antirrepublicana, se decidió -sin mayores reflexiones- revocar una decisión emanada directamente del Pueblo, por cuya propia naturaleza resulta irrevisable, aboliendo de esa forma, en 7 carillas, siglos de evolución juradista”, enfatizó.

La reciente presentación a la Suprema Corte es una de las últimas vías recursivas que tiene la defensa de los imputados para tratar de frenar la realización del segundo juicio. En caso de que los ministros del Tribunal bonaerense se expidan en sintonía con los planteos de Casación, el nuevo debate será una realidad y restará esperar por la designación de un tribunal para conocer en qué fecha se hará.

En la madrugada del 1 de enero de 2019, durante los festejos por Año Nuevo, una menor denunció una violación grupal en el camping El Durazno de Miramar.  Al principio, cinco jóvenes habían sido involucrados en la grave acusación pero con el avance de la diligencia investigativa se dispuso el sobreseimiento de Roberto Costa y Emanuel Díaz el 9 de septiembre de 2019.