La demanda que obliga al Grupo Fava a devolver más de $440 millones espera por nuevas definiciones en el 2023

Con las apelaciones ya presentadas, la demanda colectiva que obliga al Grupo Fava a devolver más de 440 millones de pesos por supuestas irregularidades en los préstamos personales que otorgó entre 2014 y 2019 deberá aguardar por nuevas definiciones judiciales en el 2023.

Una vez conocida la sentencia de primera instancia del juez Heber Daniel Amalfi, representantes legales de la histórica empresa de Mar del Plata apelaron la medida y también hicieron lo propio los abogados de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Ahora deberá tomar intervención en el caso la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, por lo que se esperan novedades en el expediente recién para el 2023. “El año próximo seguramente ya habrá una resolución”, confiaron las fuentes judiciales consultadas.

Si bien los recursos no tienen fundamentación porque los planteos se elevan directamente a los jueces de Cámara, 0223 pudo saber que uno de los aspectos que cuestiona la Adduc se relaciona con el último punto de la sentencia de Amalfi.

Allí, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 de Mar del Plata había establecido que cada cliente debía ir “personalmente a retirar el dinero” que le correspondía, en función del préstamo que solicitó en el período afectado por la demanda, al Grupo Fava.

Los abogados de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores consideran inadecuado el procedimiento de restitución que definió el juez Amalfi, y, en caso de quedar firme la sentencia de primera instancia, buscan gestionar la posibilidad para que la empresa marplatense “transfiera automáticamente” el dinero a las cuentas de los usuarios.

El caso

La demanda se inició en 2019, después de recurrentes consultas y quejas de clientes que accedieron al servicio de préstamos personales de Favacard SA: aseguraban que la firma acreditaba menos dinero que el que había prometido en préstamo. Luego de una investigación, se determinó que esto obedecía al cobro - en la primera cuota - de una comisión por “gastos de otorgamiento", que representaba un 3 por ciento del crédito.

Para Adduc, estas maniobras configuraban un “ilícito” por lo que, a través de la vía judicial, exigió a la empresa reparar el daño causado en los 209.026 créditos que otorgó entre 2014 y 2019, con la devolución del porcentaje de dinero que quitó por comisión a 78.069 personas de Mar del Plata y la zona.

Después de un extenso laberinto judicial, el juez Heber Daniel Amalfi falló a favor de la demanda ya que reconoció que la financiera marplatense hizo lugar a una “cláusula abusiva” y que “no logró acreditar que el concepto de ‘comisión de otorgamiento’ responda a la efectiva presentación de un servicio”. “Nunca se explicó en qué consistía el mismo y/o por qué el hecho de aceptar la solicitud de préstamo constituye un servicio distinto y/o diferenciado del préstamo en sí mismo”, reprochó.

De esa manera, el magistrado intimó “a restituir a cada usuario afectado, todas las sumas que hubieren recibido consecuencia de la aplicación de la ‘comisión por otorgamiento’ desde el 11 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2019”. A valores históricos, el dinero a devolver representa para Fava unos $71.020.592,53, según los cálculos de la perito contable Rosana Azmat, pero si se tienen en cuenta cada una de las condiciones que se impuso en la sentencia la suma actualizada asciende a $446.620.300.