Alojamiento, gastronomía y recreación en el predio del Faro: los interrogantes que abre el proyecto

El intendente Guillermo Montenegro presentó esta semana un pedido al Concejo Deliberante para que autorice el desarrollo de un emprendimiento turístico recreativo en un predio lindero al Faro de la Memoria. Por un lado, se busca convalidar un convenio que en 2019 el exintendente Carlos Arroyo firmó con una asociación de exmarinos que utilizaba irregularmente el predio de avenida de los Trabajadores 5700 y, a su vez, habilitar un segundo convenio donde esta entidad le cede la utilización parcial del espacio a una cervecería, la real encargada de desarrollar el proyecto comercial. Todo ello deberá ir acompañado de una ordenanza que autorice los nuevos usos del suelo.

Mientras los asesores de los bloques comienzan a analizar el expediente, los primeros interrogantes sobre la legalidad y conveniencia de la propuesta comienzan a tomar relevancia. Algunos, incluso se arrastran desde el primer debate legislativo de 2019, cuando Agrupación Atlántica intentó y no logró que se convalide el convenio que la Comuna firmó con la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena.

Allí emerge un primer cuestionamiento. El espacio fue cedido a la Municipalidad en 1980 por la Provincia de Buenos Aires y en 2005 fue ocupado por la asociación, sin permiso del gobierno local. En la causa judicial que, años más tarde, impulsó el intendente Gustavo Pulti, la asociación argumentó que el lugar en realidad pertenece a la Armada Argentina, de quien sí recibieron autorización. En 2014 incluso llegó a haber una orden judicial de desalojo, la cual nunca se ejecutó. Poco después la entidad fue por más y comenzó a explotar un emprendimiento comercial, con la apertura de un camping.

La firma del convenio en 2019 cambió el panorama: el Estado municipal desistió de continuar con la acción judicial y la entidad civil pasó a reconocer la titularidad municipal sobre el terreno en litigio. El convenio, sin embargo, nunca fue convalidado por el Concejo Deliberante, por lo que su presencia en el predio sigue siendo irregular. “Este permiso constituye un premio al accionar delictivo”, expresó el Colectivo Faro de la Memoria en aquel entonces, en una carta acompañada por Abuelas de Plaza de Mayo.

La Organización MAR, que intervino activamente en el expediente por el cual se buscó tramitar el convenio, también formuló varios cuestionamientos. Por un lado, habló de competencia desleal: el convenio que ahora busca revalidad el gobierno municipal establece el pago de un canon anual de $80 mil pesos, unos $6.666 por mes.

También lo catalogó como “antijurídico y perjudicial para los intereses patrimoniales del Municipio”, debido a lo dispuesto por el artículo 28, inciso b del Decreto Ley 9533, según el cual el canon abonado por la explotación de un bien de dominio del Estado no puede ser inferior al 10% de la valuación fiscal vigente. En ese entonces, el bien estaba valuado en $11,8 millones, por lo que el canon debía ser de unos $98 mil mensuales.

La falta de intervención del Emtur es otro aspecto notorio en el tema en debate. Como el predio no está constituido como Unidad Turística Fiscal (UTF), el proceso se tramita directamente desde el Ejecutivo sin participación del ente conducido por Bernardo Martín. De la mano de esto emerge un segundo aspecto, donde la entrega del predio por un plazo inicial de 5 años, con la posibilidad de una extensión por igual término, se realizaría a través de un contrato de cesión y no de una licitación pública, como se especula lo demanden concejales de la oposición.

El rol de Restinga

El proyecto presentado por el Ejecutivo apunta a convalidar un segundo acuerdo, en este caso uno donde la Asociación Luis Piedrabuena cede parcialmente el predio para que la firma Burbarrell SA lleve adelante el emprendimiento que contempla la habilitación de centro recreativo con instalaciones destinadas a alojamiento temporario y recreación, sumando un establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación. La destilería Burbarrell es más conocida aún por su producto insignia, el gin Restinga.

La participación de la Asociación Luis Piedrabuena, mediando entre la Municipalidad y Burbarrell, será otro de los puntos de debate. ¿Cuál será el vínculo entre la Comuna y la empresa? Ese será uno de los interrogantes que se pondrá sobre la mesa, ya que no es del todo preciso, según surge del expediente.

En el convenio se especifica que la firma deberá llevar adelante “las obras comprometidas” en el expediente administrativo que tramita la Municipalidad. ¿Cuáles son las obras? No están detalladas en los archivos que hoy estudian los bloques políticos. Tampoco hay claridad sobre el canon que abonará por la explotación del espacio: el convenio solo detalla que la firma “se compromete y obliga a pagar a la Municipalidad el canon que determine por el uso y explotación del espacio cedido”.