Repudian la suspensión "transitoria" de la licencia del joven que mató a dos motociclistas a 130 km/h

La mamá de Fran Murcia, uno de los dos hombres asesinados en Constitución por Santiago Aquindo, utilizó las redes para hacer oír su malestar. "Están matando a nuestros hijos una y otra vez. Respeto por favor", pidió Mónica Jenkins.  

Cuando lo asesinaron, Fran Murcia tenía tres hijos de 10, 12 y 14 años.

20 de Agosto de 2022 13:04

Por Redacción 0223

PARA 0223

Familiares de Francisco Murcia, el motociclista que fue asesinado a más de 130 kilómetros por hora junto a Pablo Pereira, repudiaron la decisión del gobierno de Guillermo Montenegro de haber suspendido “transitoriamente” la licencia de conducir de Santiago Aquindo, el joven que provocó el impactante siniestro en octubre del 2018 en la zona de Constitución.

Mónica Jenkis, la mamá de la víctima, utilizó los redes para hacer oír el rechazo a la medida que se determinó a nivel municipal, después de la medida de seguridad que le impuso al conductor en mayo de este año.

La mujer calificó la resolución de Gobierno como una “tomada de pelo” y pidió a las autoridades que “dejen de burlarse de la muerte de Fran Murcia y Pablo Pereira”. “Los están asesinado una y otra vez; dejen de matarlos. Respeto por favor”, pidió.

Mónica Jenkis es una de las madres del dolor que lucha por penas más severas contra quienes protagonizan imprudencias al volante. Foto: 0223.

“Solo le sacan la licencia mientras esté internado en el spa (NdR: en referencia a la clínica de internación) donde cumple su supuesta medida de seguridad porque fue declarado peligroso para sí y para terceros, y mientras tanto sale todos los días sin el acompañante adecuado para que impida que otra seca de un porro le despierte otro supuesto brote”, reprochó la madre.

Al momento del fatídico choque, Fran Murcia tenía 33 años y tres hijos de 10, 12 y 14 años. Los tres vivían con él y en la madrugada en la que Aquindo le arrebató la vida se dirigía, precisamente, a su casa para reencontrarse con los chicos, después de cumplir con su jornada laboral de chef en la cervecería Shelter.

Para definir la suspensión del registro, el gobierno de Montenegro se amparó en el artículo 19 de la Ley Nacional 24449, donde se establece que se debe suspender la licencia de un conductor “cuando se ha comprobado la inadecuación de su condición psicofísica”.

Así, en la resolución número 1375/22 que dio a conocer esta semana 0223, el Ejecutivo determinó que “resulta necesario proceder a suspender transitoriamente la licencia de conducir de Santiago Emanuel Aquindo en virtud de entender que no cuenta con la capacidad psicofísica para conducir”.   La municipalidad también aclaró que esta suspensión “operará a todo efecto hasta tanto finalice la medida de seguridad impuesta en la sentencia dictada” el 24 de mayo pasado.

Sin condena

La medida de seguridad que se determinó contra Aquindo es por el plazo de 8 años.  El automovilista deberá permanecer internado en una institución de salud mental para someterse a un tratamiento que garantice una recuperación plena. Ese tratamiento, actualmente, se lleva adelante en la Clínica Atlántica, donde el asesino al volante permanece alojado desde hace más de dos años.

Esta resolución se tomó después de que el 29 de abril un jurado popular declarara “no culpable por inimputabildad” a Aquindo por provocar el choque que terminó con la vida de dos motociclistas. El jurado entendió que el conductor había sufrido un brote psicótico al momento del hecho, circunstancia que le impidió comprender la brutal criminalidad de los actos que provocó.

Como esta declaración veda cualquier posibilidad de condena, en la última etapa de este proceso la Justicia tuvo que evaluar si correspondía la aplicación de una medida de seguridad. Esta instancia no tiene un carácter punitivo sino que solo apunta a prevenir escenarios de riesgo según las condiciones de salud mental de la persona juzgada.

En la madrugada del 31 de octubre del 2018, Aquindo asesinó a Murcia y Pereira, al impactarlos de frente con su vehículo cuando circulaba en Constitución y Roldán a más de 130 kilómetros por hora, descalzo y con un semáforo en rojo.