Toma en Las Heras: no apelaron el fallo del juez y se hará el desalojo

Los demandados tenían cinco días hábiles para apelar la decisión y no presentaron ningún recurso. Este miércoles les informarán la situación a los ocupantes y les darán 48 horas para que lo abandonen por voluntad propia. 

El predio en el barrio Las Heras será desalojado en las próximas horas.

28 de Marzo de 2023 12:16

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Justicia de Garantías había hecho lugar al pedido del fiscal Juan Pablo Lódola para desalojar el predio ocupado en el barrio Las Heras, pero había planteado que la resolución debía ser ratificada por la Cámara de Apelaciones en caso de que los demandados apelaran. Sin embargo, este martes se vencieron los cinco días hábiles y los ocupantes del lugar no presentaron ningún recurso por lo que se espera que en las próximas horas el predio sea desalojado.

A partir de esta nueva situación, la policía se ocupará este miércoles de notificar a los imputados de la situación y les informará que tienen 48 horas para retirarse del predio. Una vez que se venza ese plazo y si los ocupantes aún sostienen la ocupación del predio de Fortunato de la Plaza y Tetamanti, el magistrado dispuso la realización de una nueva audiencia de mediación para agotar todas las instancias de diálogo. 

En caso de que luego de todas estas instancias no permitan que los vecinos que ocuparon el terreno lo abandonen el lunes próximo se concretaría el desalojo con la fuerza pública. 

La toma en el predio se oiriginó a mediados de marzo, cuando más de 50 familias se instalaron en los terrenos de Las Heras. Como ya había ocurrido en la ocupación del año pasado, los vecinos de la zona resistieron la ocupación y realizaron la denuncia. 

A partir de allí, el fiscal especializado Juan Pablo Lódola intervino al frente de la investigación y luego de recoger testimonios solicitó a la Justicia de Garantías que desaloje el predio. En su resolución, el representante del Ministerio Público remarcó que la ocupación se había gestado a través de violencia y amenazas, lo cual permitía imputar a los responsables del delito de usurpación.