Paso clave: el oficialismo aprobó en sesión el aumento de tasas del 120% con actualización por inflación

Con el rechazo de los cuatro bloques opositores, el oficialismo dio un paso fundamental hacia la aprobación definitiva del aumento de tasas con la sanción de las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva, donde sobresale un incremento del 120% de las tasas y derechos, a los cuales se le aplicarán incrementos periódicos en base a la inflación minorista informada por el Indec, además de la implementación de una tasa sobre la carga de combustibles.

Con los 13 votos del interbloque de Juntos por el Cambio, las normativas fueron aprobadas este mediodía en Sesión Extraordinaria y ahora ambos expedientes pasaron a la instancia para su sanción definitiva, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que se realizará a mediados de enero. En contra votaron los concejales de Unión por la Patria, Frente Renovador, Acción Marplatense y La Libertad Avanza, quienes principalmente cuestionaron que con la indexación no se da certidumbre a los vecinos respecto a los valores que deberán afrontar durante el año.

La novedad saliente es el cambio del esquema histórico de un aumento anual de las tasas y derechos que se viene implementando en los últimos gobiernos municipales, incluidos los cuatro años del primer mandato de Guillermo Montenegro. En vista de la disparada inflacionaria que se prevé para 2024, el Ejecutivo incorporó una cláusula gatillo para actualizar periódicamente los distintos tributos a partir de las variaciones registrados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mensualmente el Indec.

Dicha posibilidad habilita al intendente a decretar las actualizaciones sin la necesidad de pasar por el Concejo Deliberante, donde podrá aplicar subas de hasta el porcentaje de inflación informado por el organismo nacional. Esto quiere decir que el jefe comunal podría igualmente establecer incrementos por debajo de dicha pauta.

En tanto, la cláusula gatillo de los tributos municipales difiere de la que se implementará en el caso de la tarifa del servicio sanitario que brinda Osse. En el caso de la empresa municipal pública se aplicará una fórmula donde incide en un 45% la variación de salarios, quedando el restante 55% distribuido en tres índices diversos vinculados a la inflación. Al no tener ninguna atadura a la realidad salarial, la pregunta que se instala desde la oposición es sobre el impacto que habrá en la cobrabilidad, habida cuenta del retraso salarial que se evidencia en los últimos meses, profundizado desde diciembre con una disparada inflacionaria y un congelamiento de las paritarias en múltiples sectores, principalmente el público, o con cierres por debajo de la inflación.

Pese a contar con una herramienta para actualizar periódicamente por inflación y que no haya una licuación de los ingresos -donde los recursos por ingresos no tributarios (los que recauda la propia Municipalidad) representan el 50% del total-, la propuesta del Ejecutivo igualmente incluye un fuerte aumento inicial para los primeros dos meses del año, de un 120%. En el caso de la Tasa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) será aún mayor, del 142%, ya que está atada a la factura de Osse, que manejará esa pauta.

Según explicó el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, la intención es resolver el “desfasaje” que se generó durante los dos últimos ejercicios presupuestarios, donde la inflación superó ampliamente al aumento de tasas. En 2022 el incremento fue del 45% y en 2023 del 73%, frente a inflaciones del 94% y 148%, respectivamente, donde aún resta conocer el impacto de diciembre, mes récord del año pasado.

Nueva tasa para la carga de combustibles

Otro aspecto significativo de la nueva política fiscal del intendente Guillermo Montenegro es la aprobación de la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal, que aplicará una alícuota con un impacto del 1,86% sobre el precio de ticket que cada cliente pagará al momento de cargar combustibles líquidos en estaciones de servicio de General Pueyrredon.

Hasta 2023, lo respectivo a mantenimiento vial era uno de los componentes de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que ahora se autonomizará en forma de tasa específica. Los fondos que se generen -proyectados en 4 mil millones de pesos para 2024- serán destinados para obras viales y de hecho, para dar una señal ante críticas, el gobierno ya lanzó una licitación para bacheo y engranzado por 2 mil millones, a financiarse con la Tasa Vial. La iniciativa se dio luego que Unión por la Patria señalará que la Tasa Vial es un fondo de libre disponibilidad y no un fondo afectado, por lo que legalmente el intendente tendría la posibilidad de destinarlo para lo que crea conveniente. Igualmente, sobre la marcha de la sesión el concejal Agustín Neme informó un cambio en la ordenanza Fiscal, determinado que los ingresos de la tasa sean afectados al Fondo para el Mantenimiento de la Red Urbana Municipal.

La Tasa Vial alcanza no solo a los residentes sino también a los turistas, donde el Ejecutivo explicó que el objetivo es que quienes paguen sean los que efectivamente usan la red vial municipal, a diferencia de lo que ocurre actualmente, donde el propietario de una vivienda que es peatón o ciclista igual la abona. Lo mismo alcanzará a los pasajeros de transporte público, ya que las concesionarias estarán exentas de su pago. Otro aspecto relevante es que genera una cobrabilidad del 100%, a diferencia de lo ocurre actualmente.

El debate de la Tasa Vial también estuvo marcado por la polémica en torno a su constitucionalidad, habida cuenta que existe jurisprudencia que observó la existencia de una doble imposición, debido a que contribuyentes ya pagan impuestos cargados a las naftas, que luego regresan a la Municipalidad vía coparticipación. El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires también advirtió que los funcionarios responsables podrían afrontar en un futuro cargos económicos en caso que la Ciudad pierda juicios. Como dato, la Cámara de Expendedores de Mar del Plata ya adelantó su rechazo y advirtió que planteará en la Justicia su inconstitucionalidad. Por su lado, el gobierno rechaza dicha presunción y muestra como dato de la realidad que la tasa ya se aplica en una veintena de municipios gobernados por diversos frentes políticos, incluido Unión por la Patria.