Con 16 testigos sigue el juicio al acusado de matar a comerciante dentro de un local

Poco más de doce horas de descanso tuvieron las personas seleccionadas para formar el jurado que juzga a un hombre por el asesinato del comerciante Ezequiel Guasone en el interior del local ubicado en San Luis y San Lorenzo en julio de 2021 entre el cierre de la primera jornada el lunes y el inicio de la actividad este martes.

Tras la demorada selección de los doce jurados titulares y los suplentes que tuvo lugar el lunes, tanto la fiscal Romina Díaz como los abogados defensores César Sivo y Romina Merino hicieron los alegatos de apertura. Mientras que la fiscal mantuvo su hipótesis que ubica a Ricardo Aguerrido como el autor material del hecho, los abogados insistieron en la falta de prueba directa para la acusación y, mucho menos, para una condena.

La primera jornada tuvo como única testigo a la hija de la víctima, mientras que este martes la actividad se retoma con las declaraciones de la ex esposa de Guasone y varios de sus amigos. A continuación, seguramente tras un cuarto intermedio, será el turno de un par de empleados de hoteles, prestamistas y cuatro testigos de identidad reservada, para dar un total de 16 exposiciones.

El total de testigos previstos para el juicio, de 50 personas, puede tener alguna modificación si lo acuerdan las partes con el Juez Federico Wacker Schroder que preside el desarrollo del mismo. Ante tal cantidad de testimonios y la certeza que el imputado va a prestar declaración, no se descarta que la deliberación del jurado y su resolución, pase para el día sábado.

El hecho

Aguerrido, defendido por los abogados César Sivo y Romina Merino, fue detenido el 31 de julio de 2021, casi una semana después del hallazgo del cuerpo de la víctima. En su declaración ante la fiscal Romina Díaz y la Jueza de Garantías Rosa Frende, negó tener algo que ver con el homicidio, aceptó que le saquen sangre para periciar y ofreció testigos, documentación y audios para incorporar al expediente.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, en el marco del alquiler que el imputado hacía del local de la víctima se generaron varios conflictos por deudas e incumplimiento del contrato. Una compra del fondo del comercio, unos pagarés por saldar, el deterioro de la edificación y la sospecha de deudas por consumo de drogas aparecieron en el expediente que investiga el homicidio.

Si bien la Justicia de Garantías consideró la existencia de elementos suficientes para ordenar la detención del empresario y su posterior prisión preventiva, también le otorgó en mayo de 2022 el arresto domiciliario. La decisión se tomó al considerar que no existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación y se hizo efectiva tras el pago de una fianza de un millón y medio de pesos, la conformación de un domicilio fijo y el monitoreo electrónico a través del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Para el defensor la hipótesis de que su cliente lo mató por una deuda es forzada y además no tiene sentido ya que se había comenzado a regularizar con la venta del fondo de comercio y la firma de los pagarés. “Incluso en esos documentos Guasone reconoció como deuda el tiempo en que el local estuvo cerrado por cuestiones ajenas a mi defendido”, explicó Sivo en su momento a este medio.