Polémica: proponen instalar un local gastronómico en un excentro de detención

El rechazo inicial de la oposición y de organismos de derechos humanos cosechó un reciente proyecto de ordenanza del intendente Guillermo Montenegro, a través del cual se busca autorizar una triangulación para habilitar el funcionamiento de un local gastronómico en un predio donde funcionó el excentro clandestino de detención y tortura de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (Esim), lindero al Faro de la Memoria.

La propuesta, presentada a mediados de junio y que comenzó a ser debatida este martes en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante, tiene un triple componente. En primer lugar, se autoriza el permiso de uso y ocupación con carácter precario a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, de una parte de la parcela de una hectárea y de dominio fiscal municipal ubicada en la zona de la rotonda de El Faro, en Avenida de los Trabajadores Nº 5700 y pegada al mar. El permiso tiene un plazo de cinco años, con opción de prórroga de un año y se habilita el uso de suelo para instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación.

En segundo lugar, se autoriza la firma de un convenio entre la sociedad de fomento y la Municipalidad, donde se estipula un canon anual de $3 millones, es decir, $250 mil mensuales que se irán actualizando por inflación. Finalmente, se habilita que la entidad civil ceda el uso del predio a un tercero, “siempre que dicha cesión no exceda el marco del permiso de uso y ocupación”. El tercero en cuestión sería la empresa Burbarrel SA, más conocida por su producto estrella, el gin Restinga.

El proyecto es muy similar a uno que el actual Ejecutivo municipal buscó reflotar en 2022 en base a un convenio que Arroyo firmó en 2019, pero no contó con el apoyo del Concejo Deliberante -en momentos donde, a diferencia de ahora, el oficialismo no tenía mayoría automática- y fue finalmente archivado en marzo de este año. En aquella oportunidad, quien aparecía en medio de la triangulación no era la Sociedad de Fomento Faro Norte, sino la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena.

Ello implicaba una polémica adicional a la respectiva a los derechos humanos, dado que la entidad vinculada a exmarinos liderados por Augusto Menecier realiza una ocupación ilegal de dichas instalaciones desde que las usurpó en 2005. La excusa de la asociación es que el lugar pertenece a la Armada Argentina, de quien aseguran sí recibieron autorización, aunque está documentado que el predio fue cedido a la Municipalidad en 1980 por la Provincia. El conflicto incluso tuvo su capítulo judicial, con una orden de desalojo en 2014, pero que nunca se llegó a ejecutar. La presentación del nuevo proyecto vuelve a evidenciar el dominio fiscal municipal de dichas instalaciones.

Repudio y rechazo de organismos de derechos humanos

Previo al inicio del tratamiento en el Concejo Deliberante, los organismos de derechos humanos difundieron un comunicado donde expresaron su “más enérgico repudio y rechazo” al proyecto del gobierno. “Este espacio, que fue testigo de la violación sistemática de los derechos humanos, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de cientos de personas, debe ser preservado como un sitio de memoria, reflexión y homenaje a las víctimas, o reconvertido en un predio para la promoción de los derechos humanos de las nuevas generaciones”, exigieron.

“Transformar un sitio de tan alto significado histórico y dolor en un establecimiento comercial dedicado al ocio y la diversión es una afrenta a la memoria de aquellos que sufrieron y perdieron sus vidas allí. A quienes pretenden ignorar el dolor y la historia de estos lugares, les recordamos que la memoria no es un negocio y que la justicia no se negocia”, añadieron, pidiendo al Concejo que descarte la propuesta.

Pedidos de informes y cuestionamientos opositores

El expediente tuvo un breve abordaje en la Comisión de Obras celebrada este martes, donde la concejala Verónica Lagos (Unión por la Patria) fue la única en expedirse. Se mostró coincidente con la postura de los organismos de derechos humanos respecto a la necesidad de preservar el espacio como un sitio de la memoria, a la par que recordó que la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó un proyecto para allí crear el Parque de las Infancias.

En tanto, también planteó dudas respecto a cuestiones de forma, en lo concerniente a si una sociedad de fomento puede legalmente ejercer este tipo de uso comercial del predio. “Son entidades sin fines de lucro, pero piden el uso y la explotación, traen a un tercero, que es Burbarrel SA, a quien se lo cedería. No sabemos si está facultada a hacer este tipo de cesiones. Entendemos que no”, concluyó, con mayor certeza.

Por este planteo, la comisión presidida por Angélica González (Coalición Cïvica) resolvió dejar el expediente en tratamiento a la espera de dos informes. Uno de la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad, para aclarar esta cuestión de forma, y otro de la Comisión Técnica del Paseo Costanero Sur -que tiene control sobre esa zona que es reserva ambiental- para la actualización del informe de impacto ambiental que ya se había realizado en 2022. En tanto, en el próximo tratamiento del expediente, se habilita una exposición de los organismos de derechos humanos.