Emergencia alimentaria, un hito y una deuda para 2020

Una victoria de la fórmula presidencial del Frente de Todos era previsible para muchos en la antesala de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), pero no probablemente por una ventaja de más de 15 puntos sobre los candidatos de Juntos por el Cambio. El resultado se tradujo en una disparada en el precio del tipo de cambio, que indefectiblemente se replicó en los alimentos y los productos básicos.

Con un dólar por encima de los $60 e incrementos de un 20%, la coyuntura social y económica del país obligó al Estado a canalizar la principal demanda de organizaciones sociales, merenderos y comedores: la implementación de la emergencia alimentaria. El debate que se instaló en la agenda política obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación de manera cuasi unánime el 12 de septiembre.

El tema ya estaba instalado en el país y numerosos municipios hicieron eco de los reclamos de los sectores sociales, signados por el aumento de los alimentos y de las tarifas de los servicios. General Pueyrredon no fue la excepción y también declaró la emergencia alimentaria un día más tarde que la Cámara Baja.

En el recinto del Concejo Deliberante, la totalidad de los ediles resolvieron en una sesión ordinaria darle el visto bueno al proyecto presentado por la entonces oposición para redefinir la asignación de determinadas partidas de dinero para resolver las problemáticas de abastecimiento de alimentos. Después de varias jornadas de protestas - que incluyeron una toma de 35 días en la sede local de Desarrollo Social de la Nación por parte del Polo Obrero -, Mar del Plata y Batán daban cuenta de su situación social.

Una semana más tarde, el Senado convirtió en ley el proyecto en todo el territorio nacional que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022. Además de extender el plazo del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002, se decretó la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y se dispuso un aumento de emergencia del 50%, como mínimo, "de las partidas presupuestarias vigentes" correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, entre otras modificaciones.

Sin embargo, la falta de voluntad política para implementar medidas que permitan cumplir con lo acordado motivan al día de hoy el repudio de organizaciones que pregonan por la puesta en marcha de medidas que permitan terminar con el hambre en Mar del Plata y toda la Argentina, casi cuatro meses después de lo anunciado.

Según denunció la consejera escolar de Unidad Ciudadana Eva Fernández en abril pasado, hay unos mil alumnos del sistema inicial y de primaria que quedan excluidos de los comedores escolares y que el 90% de los chicos de la escolaridad secundaria y técnica no tienen garantizado un desayuno o una merienda completa.

La ex presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie, detallaba para esa fecha que se otorgaban en el distrito 47 mil prestaciones. La entonces presidenta de la Comisión de Servicio Alimentario, Gabriela Viadas, aseguraba que "los cupos de jardines e iniciales se vienen incrementando desde los últimos cinco años". Eso, en parte se debe a una disminución en la matrícula de los colegios privados y un aumento en las escuelas públicas, tal lo confirmado por la Dirección de Educación de Gestión Privada (Dipregep). En este marco, para el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) la asistencia de niños, niñas y adolescentes se triplicó en los últimos años.

Actualmente, los movimientos sociales mantienen unos 250 merenderos a los que asisten 23 mil personas, tal garantizó la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep). Estos números van en concordancia con las cifras de pobreza que afectan a tres de cada diez habitantes según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec). Es decir, 187.913 marplatenses y batanenses son pobres.

A mediados de noviembre, los ediles del Concejo Deliberante dieron lugar al pedido de incrementar el valor de las siete mil tarjetas alimentarias que se reparten. Con una inflación interanual del 55%, pasaron a costar de $300 a $876. No soluciona nada, pero representa una ayuda considerable para los que menos tienen.

"La comida no alcanza", repiten desde las cocinas de los barrios más humildes. La demanda es urgente, el hambre no puede esperar. El Estado municipal, provincial y nacional deben garantizar un plato de comida. Declarada la emergencia, ¿qué lugar le darán al debate durante el 2020?