Bonificación docente: el Procurador General bonaerense respaldó el planteo del Municipio

Julio Conte Grand emitió un dictamen en el que reconoce que hay un "conflicto de poderes" en la norma que sancionó el Concejo Deliberante y le pidió a la Suprema Corte que se expida en ese sentido.

23 de Mayo de 2019 17:08

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, resolvió un dictamen a favor de que la Suprema Corte reconozca el "conflicto de poderes" que había planteado el Municipio meses atrás cuando se desató la polémica por la quita de la bonificación que percibían en sus haberes los docentes municipales desde hace casi tres décadas.

Fuentes oficiales que consultó 0223 aclararon que lo resuelto por el funcionario judicial no tiene "carácter vinculante" en la decisión que tomen el máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, el cual deberá tomar una determinación al respecto en un plazo máximo de 60 días, según está estipulado por ley.

En su dictamen, Conte Grand sostuvo que "debe prosperar" el conflicto de poderes que denunció la administración de Carlos Arroyo y, por ende, anular la ordenanza que había sido votada por los ediles para modificar el estatuto docente.

El Procurador entendió, según las fuentes consultadas, que el cuerpo legislativo de la ciudad "extralimitó sus atribuciones" al tomar injerencia en una decisión que atañe a la "política presupuestaria del Ejecutivo". "Al modificar esa ordenanza, se está invadiendo una competencia exclusiva del Ejecutivo", se sostuvo como fundamento troncal.

En octubre del año pasado, Arroyo decidió modificar, a través de la vía del decreto, la forma en la que se liquidan los salarios docentes, lo cual, en la práctica, despojaba a los maestros de las escuelas municipales de una bonificación que se percibía desde 1989 y representaba unos cinco mil pesos extra en sus sueldos.

El jefe comunal entendió que los agentes comunales percibían un salario por una cantidad de horas que en realidad no cumplían y consideró que eso fue un “error histórico”, más allá de que dirigentes que participaron de la elaboración de esa bonificación aclararon que se implementó con ese objetivo.

Ante la fuerte polémica que se desató, el Concejo Deliberante avanzó con el aval de una nueva ordenanza que otorgaba legitimidad a la antigua forma de liquidación. Pese a ello, Arroyo redobló la apuesta y definió el veto de la norma unos días después.

Los concejales tampoco se quedaron atrás: reachazaron el veto y votaron nuevamente “por insistencia” la ordenanza. Fue a partir de este revés que el Intendente realizó a mediados de diciembre una presentación ante la Suprema Corte en la que demandó al Concejo Deliberante por protagonizar un “conflicto de poderes”.