El Movimiento de Mujeres quiere que Montenegro vete la ordenanza que regula la Zona Roja

A casi una semana de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría una ordenanza que regula el trabajo sexual en la vía pública y que contempla multas y hasta penas de prisión para infractores; y a la espera de que el Departamento Ejecutivo defina el lugar en el que podrá realizarse la actividad, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata-Batán se declaró en estado de alerta y movilización y plantearon que el intendente Guillermo Montenegro debería vetar la norma. 

Tras expresar su “más enérgico repudio” a la sanción de la norma por considerar que “criminaliza” a las personas en situación de prostitución, desde el sector reclamaron al gobierno municipal que haga uso de sus facultades y dé marcha atrás con la decisión avalada por el oficialismo y el concejal Nicolás Lauría el viernes pasado. 

Al mismo tiempo, enfatizaron en la necesidad de que se avance en materia de políticas públicas que apunten a resolver los problemas estructurales de las personas que ofrecen sexo en la calle. Para ello, instaron a que se cumpla la ordenanza municipal N° 23.237 de cupo laboral travesti trans -aprobada por unanimidad en julio del 2017-, así como la ordenanza de emergencia en violencia por motivos de género.  

A través de un comunicado, desde el Movimiento de Mujeres evaluaron que la ordenanza en cuestión implica “un retroceso en materia de derechos humanos” y vulnera tratados internacionales constitucionalizados.

En ese sentido, subrayaron que la medida no resuelve los reclamos de los vecinos de los barrios en donde actualmente se ubican las trabajadoras sexuales, sino que pretende trasladar el problema a otras zonas de la ciudad, “desconociendo que las personas en situación de prostitución destinatarias de la misma también son vecinxs de la ciudad, y la solución propuesta los expone a más violencia y marginalidad de la que hoy ya padecen”. 

“No es aceptable que el estado se desentienda de la situación de pobreza de las personas en situación de prostitución, buscando el atajo sin dar respuesta a las múltiples vulneraciones de derechos que padecen cotidianamente”, cuestionaron.

A su vez, consideraron que la respuesta de parte del Estado ante las exigencias ciudadanas deben “tener como base garantizar derechos y nunca penalizar la pobreza y la exclusión”. “Resulta de una gravedad institucional alarmante que sean los integrantes del órgano deliberativo de la ciudad -doce concejales oficialistas y aliados- quienes propongan la represión y la violencia como respuesta a las problemáticas de la ciudad”, definieron.