Con el apoyo de Lauría, el oficialismo se dispone a aprobar su proyecto de Reconocimiento Facial de Prófugos

El debate legislativo de siete meses por la autorización para la instalación de un sistema tecnológico que permita el reconocimiento facial de prófugos llegará a su fin este jueves, cuando el Concejo Deliberante sancione, con cambios, la ordenanza que en enero solicitó el intendente Guillermo Montenegro. De no mediar sorpresas, el voto de Nicolás Lauría será determinante para que el oficialismo logré revertir el dictamen de mayoría de la oposición, por lo que no deberá someter el pliego de bases y condiciones de la licitación al escrutinio del Concejo Deliberante.

Con 11 votos propios, el interbloque de Juntos sumaría el acompañamiento de Lauría a su dictamen que en las comisiones quedó en minoría, por lo podrá forzar un desempate que le será favorable frente a los 12 votos que sumará el dictamen de mayoría sostenido por el Frente de Todos, Acción Marplatense y Alejandro Carrancio. Si bien Lauría y Carrancio pertenecen al mismo bloque, Creciendo Juntos, ambos se mueven con autonomía: el primero expresa cada vez posiciones más cercanas al gobierno, mientras que el segundo se encuentra alineado a la oposición, a la par que se posiciona como referente del sector libertario referenciado en Javier Milei.

El propio Lauría ya adelantó en declaraciones periodísticas que ve con buenos ojos el proyecto defendido por el gobierno de Juntos, pese a que en abril se abstuvo cuando el expediente se votó en la Comisión de Seguridad. Ahora expuso que los argumentos vertidos por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, fueron suficientes para confiar en la transparencia en su implementación. En caso se darse ese escenario, el desempate representará un triunfo para el oficialismo, dado que allí interviene el voto doble de la presidenta del Concejo Deliberante, la radical Marina Sánchez Herrero.

El proyecto que impulsa el Ejecutivo presenta modificaciones sustanciales respecto al original que Montenegro elevó en enero al Concejo Deliberante. El más fundamental, que contempla un llamado a licitación pública, una posibilidad que en la redacción inicial no estaba explicitada. Asimismo, se incorporaron aspectos tendientes a brindar garantías de un uso transparente del software, como el establecimiento que toda la información no relevante deberá ser “inmediatamente descartada”.

Estos nuevos aspectos fueron agregados en el transcurso de los meses, en el marco de fuertes cuestionamientos de la oposición y de organismos como el Inadi. “Montenegro te quiere espiar”, llegó a decir el concejal Vito Amalfitano, en un marco donde la justicia porteña había suspendido el sistema en Caba, tras el presunto uso indebido de los datos biométricos.

Si bien la oposición contaba con la capacidad de bloquear el avance del proyecto, por tener mayoría en las comisiones de Legislación y Hacienda, finalmente le allanó el camino al gobierno al impulsar un dictamen propio a comienzos de agosto. A diferencia del oficialismo, allí se establece que no solo deberá haber una licitación pública, sino que el Pliego de Bases y Condiciones tendrá que ser aprobado por el Concejo Deliberante. Si bien desde la oposición se reconoció en todo momento que el intendente Guillermo Montenegro no estaba obligado legalmente a obtener el permiso del Concejo Deliberante para implementar el software, se planteó como contrapartida al pedido de apoyo político que el pliego también sea autorizado por los concejales.

Por otro lado, el dictamen de la oposición avanza con más condicionamientos para limitar el potencial uso inadecuado del sistema: se pide un Protocolo Integral de Administración, de un Programa Logístico y la convocatoria a un Comité de Ética integrado por funcionarios judiciales, académicos, concejales y el Inadi, entre otros.