Los trapitos seguirán sin nuevo marco normativo, el romance todavía no llega al Concejo y un tributo inconstitucional

Por la falta de avances, archivan los proyectos para regular a los cuidacoches

Muy lejos quedó aquel 2022 en el que parecía estar cerca la sanción de una ordenanza para regular el funcionamiento de los cuidacoches en Mar del Plata. El debate entre regulacionismo y prohibicionismo estaba largamente superado y todos los sectores iban por la primera alternativa, entendida como la política acertada que se venía implementando en algunas ciudades del país para resolver un conflicto presente en los grandes centros urbanos.

Tres proyectos había sobre la mesa, uno del radicalismo impulsado por la actual secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; un segundo del kirchnerismo presentado por Sol de la Torre, del sector de Juan Grabois; y un tercero del Pro autoría de Agustín Neme. Las coincidencias eran enormes, con la creación de un registro municipal donde debían inscribirse los cuidacoches, quienes debían tener residencia en General Pueyrredon, uso pechera y credencial, contar con una zona asignada y no podían pedir dinero a cambio, sino que la retribución sería por voluntad de los conductores. También se incluían distintos causales para darles de bajo del registro, como actuar bajo efectos de alcohol o drogas, tarifar el servicio o causar disturbios.

Hasta se llegaron a realizar dos jornadas de trabajo con presencia de los concejales y funcionarios del Ejecutivo, como así también de cuidacoches organizados dentro del MTE y otros independientes. Sin embargo, el acuerdo se trabó por un aspecto que surgía de la perspectiva desde la cual se enfocaba el fenómeno: el Pro partía de una óptica de seguridad ciudadana y exigía como requisito que las personas autorizadas no debían tener antecedentes penales, mientras que el kirchnerismo lo abordada desde la economía popular y objetaba que el planteo del Pro no solo era inconstitucional sino que desalentaba la reinserción social.

Todo el debate poco a poco fue quedando en el olvido y definitivamente los tres expedientes quedaron acumulando polvo en un cajón cuando el gobierno municipal cambió diametralmente la mirada y adoptó la postura prohibicionista, pese a que una ordenanza vigente de la década ´60 plantea un tipo de regulación, por lo que la tarea de cuidacoches en sí misma no vulnera el Código Contravencional.

Y el tiro de gracia se conoció días atrás, cuando finalmente la secretaria del Concejo Deliberante dispuso el archivo de los tres expedientes, ante la falta de tratamiento y en el marco del inicio del nuevo período legislativo. Una nueva regulación hoy día es una posibilidad fuera de agenda, aunque el Ejecutivo tampoco impulsará una prohibición que en los hechos se busca implementar con el accionar de la Patrulla Municipal.

El romance entre violetas y amarillos todavía no llega al Concejo Deliberante

Una foto entre Montenegro y Carrancio, otra del intendente sentado en la mesa chica bonaerense junto a Karina Milei y una permanente defensa de las políticas del gobierno nacional desde el gobierno municipal, son las demostraciones del acercamiento entre el Pro y La Libertad Avanza en Mar del Plata, con la incógnita de cómo se reflejará todo esto en la estrategia electoral. Sin embargo, el romance, al menos por ahora, no tiene su correlato en el Concejo Deliberante, allí donde el Ejecutivo tiene garantizada la mayoría pero donde no puede lograr el acompañamiento libertario.

Es que luego que La Libertad Avanza votará en contra todo el Presupuesto 2025, ahora el bloque se despachó con otro gesto de autonomía: se abstuvo en la votación sobre la Rendición de Cuentas 2024, permaneciendo en silencio ante los fuertes ataques de la oposición por el déficit que presentó el gobierno.

Y mientras desde Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador se viene alertando sobre la cada vez mayor propensión del oficialismo a archivar casi sin debate diversos proyectos de los bloques opositores, observadores de la política legislativa alertan sobre que la situación no es muy diversa con las iniciativas libertarias, que tampoco parecen contar con el respaldo de los ediles que responden al Ejecutivo.

Y dan números: en todo 2024 los concejales Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, con la asistencia de sus 14 asesores rentados entre los que se destaca el excandidato a intendente Rolando Demaio, presentaron 14 proyectos de ordenanza. De ese total, ocho fueron archivados, tres están en tratamiento, dos nunca fueron tratados y solo uno fue aprobado.

Entre las propuestas bochadas por el oficialismo hay algunas de contenido político como la derogación de la ordenanza que prohíbe la publicidad de Remax y otra de adhesión al Rigi, que finalmente se instrumentó por decreto de Montenegro. Las restantes están vinculadas a aspectos de gestión, como la instalación de código QR en monumentos, declarar patrimonio cultural inmaterial a la Guardia Nacional del Mar, modificar el sistema de residuos voluminosos y otras sobre aspectos de ordenamiento del tránsito.

Lo curioso es la materia de la ordenanza que pudieron lograr desde La Libertad Avanza durante el año pasado: declarar Visitante Notable al cantante y compositor Andrés Calamaro, en el marco de su visita del 6 de diciembre pasado en la que brindó un recital en el Polideportivo. En 2025 el bloque ya presentó cuatro proyectos que están dando sus primeros pasos, aunque al menos ya pudo sumar su segunda ordenanza aprobada, por la cual se nombró Vecino Destacado a Héctor José Pellegrino.

La Justicia declaró inconstitucional un derecho municipal

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de Mar del Plata declaró inconstitucional los Derechos por Juegos Permitidos y ordenó dejar de cobrarlos a un local de juegos electrónicos del centro comercial de Güemes que impulsó una demanda.

Luego de conceptualizar que el derecho en cuestión tiene características” propias de un tributo y, en especial, de un ´impuesto´”, el juez Marcelo Fernández consideró que “el fenómeno de doble imposición se muestra palmario” al cotejar el derecho municipal con el IVA, como reclamaba la demandante. “El tributo nacional mencionado y el municipal responden a un idéntico hecho imponible y las particularidades que tienen ambos tributos en nada alteran ese hecho sustancial”, afirmó el magistrado.

Por ello, en un fallo que ya fue apelado por la Municipalidad declaró que “el Derecho a los Juegos Permitidos resulta inconstitucional y la actora no resulta sujeto pasivo de ese tributo”.

La sentencia también estuvo acompañada de pasajes por demás duros hacia la defensa esgrimida por la Comuna: “la posición municipal encuentra como único sustento argumental el mencionado dictamen. Ese dictamen es -en algunas porciones- un verdadero galimatías. Piadosamente pasaré por alto la respuesta que brinda al interrogante que le formulara la Dirección de Asuntos Jurídicos, relativo a justificar que el “Derecho a los Juegos Permitidos” es un derecho y no un impuesto; dos párrafos entrecomillados, transcribiendo a Jarach no solo no responden el interrogante, sino que parecerían indicar precisamente lo contrario a lo pretendido”, apuntó. La conclusión fue la misma dirección: “pretendiendo justificar lo injustificable, el dictamen pierde de vista el concepto de hecho imponible, para confundirlo con la base de cálculo del tributo”.

Si bien el Derecho a los Juegos Permitidos aún forma parte de la ordenanza fiscal, no reporta grandes ingresos para la Comuna. De hecho, en la Rendición de Cuentas se detalló que apenas representó recursos por $13.168.707.