El gobierno propondrá nuevos jueces de Faltas, una tasa en medio del debate y la Defensoría en la mira

Completar las vacantes en los Juzgados de Faltas, prioridad N°1

El segundo mandato de Guillermo Montenegro parece comenzar con el acelerador a fondo, donde el Ejecutivo irá por proyectos y medidas que hasta el momento estaban en stand by. Ya se conoce la propuesta para achicar a un integrante la Defensoría del Pueblo y su designación directa por el Concejo Deliberante, un aumento de tasas con el que busca recuperar ingresos por lo que entienden como un retraso que se arrastra de los últimos dos años y hasta la creación de una nueva tasa vial que se aplicará a la carga de combustibles.

¿Qué cambió desde el 10 de diciembre? La composición del Concejo Deliberante, donde ahora Juntos por el Cambio disfruta de la mayoría, extensible incluso a todas las comisiones, espacio donde muchos proyectos naufragan. Las novedades, adelantan desde los pasillos del Palacio Municipal, seguirán apareciendo en las próximas semanas, pero más inminente aún es la presentación de un proyecto de ordenanza para la designación de nuevos jueces de Faltas.

De esta forma, el Ejecutivo avanzará con la designación de las dos vacantes que se arrastran desde hace seis años en los Juzgados de Faltas, a partir de la jubilación de las doctoras Ana María Castelao y Carmen Susana Maffioni a comienzos de 2018. La situación afecta gravemente al funcionamiento del órgano encargado de juzgar y sancionar las faltas, infracciones y contravenciones a las normas municipales, profundizado por el incremento de las infracciones de tránsito a partir de la instalación del nuevo sistema de fotomultas, sumado al crecimiento del parque automotor. El cuadro, advierten quienes conocen los pasillos del edificio de Garay 3136 donde funcionan los cinco juzgados, se profundizará próximamente por la jubilación de un tercer juez.

Precisamente, por este último motivo, por estas horas se analiza la viabilidad de elevar una tercera terna de candidatos, que debe ser convalida por el Concejo Deliberante. Incluso aún permanece activa la idea de afectar un juzgado solo a las infracciones de tránsito, donde muchos recuerdan un proyecto para crear una sexta dependencia que se debatió durante la gestión de Carlos Arroyo. “No está descartado que se cree el sexto juzgado y ahí sean cuatro los jueces a nombrar”, reconocieron a este medio desde el oficialismo.

Los jueces los propone el intendente y deben ser convalidados por mayoría simple de los concejales, por lo que durante su primer mandato Montenegro se hubiera visto obligado a acordar con algún sector de la oposición. Dicho de un modo más directo: debería haber cedido uno de los juzgados para obtener dichos votos.

Por eso se fue dilatando la elevación de los pliegos a sabiendas que contaba con grandes chances de lograr la mayoría en las elecciones de octubre, en caso de obtener un piso de cinco concejales, objetivo finalmente logrado. Según supo este medio, las conversaciones entre el Pro y la UCR avanzaron tras el triunfo electoral y está todo encaminado para que haya una propuesta en breve.

Tasa Vial: del desencanto de los expendedores al movimiento político del Ejecutivo

Las expectativas de la prensa sobre la controversia que abriría la propuesta del gobierno para crear la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal se confirmaron horas después de conocerse detalles del proyecto de Presupuesto 2024 y el de las ordenanza Fiscal e Impositiva. Sorpresa e indignación causó en la Cámara de Expendedores de Mar del Plata, ya que se enteraron de la propuesta cuando en la noche del martes le comenzaron a llegar las publicaciones de los portales de noticias. “Nos enteramos por ustedes”, reconocieron desde la entidad a 0223.

Las declaraciones del secretario de Hacienda, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, sobre que previamente habían mantenido contacto con la Cámara, de quienes no habían recibido “objeciones”, acrecentó la bronca, por lo que el viernes su titular Patricio Delfino salió con los tapones de punta. No solo expresó el “total” rechazó a la idea, sino que advirtió que si se aprueba intentarán frenarlo por la vía judicial, al entender que es una medida inconstitucional.

La doble imposición pasará a ser de una de las claves del debate que le espera al Concejo Deliberante. Desde Unión por la Patria ya habían detectado lo mismo que públicamente expresaron los titulares de las estaciones de servicio. Si bien se elimina el componente “mantenimiento vial” de la TSU, la doble imposición –es decir, el cobro doble de un impuesto- se mantendría porque la Municipalidad ya percibe por vía de la coparticipación parte de los impuestos con que se grava en un 38% la carga de combustibles. Ese es el argumento central con el que, asegura Delfino, irán a la justica para lograr la anulación de la tasa, a la cual catalogaron de impuesto.

En un rápido movimiento, el gobierno atacó otro argumento que expresó la concejal y economista Virginia Sívori, sobre que la tasa no tiene la condición de fondo afectado, por lo que podría ser utilizada por el intendente para otros fines. El viernes, la Comuna ya convocó a licitación pública para realizar obras de bacheo, fresado y recapado por $2 mil millones, exactamente la mitad lo que el gobierno prevé recaudar por este concepto en todo 2024 (a valores actuales). Además, informaron que en caso que el Concejo Deliberante no apruebe la tasa, la licitación será suspendida, dejando expuestos a quienes propongan quitarla del proyecto.

El abrupto fin a la Defensoría que fue

Un cambio estructural le espera a la Defensoría del Pueblo, donde el oficialismo ya cosechó los acuerdos necesarios para aprobar una nueva ordenanza que apunta a reducir de tres a uno sus titulares, además de la eliminación de las elecciones, ya que será designado directamente por el Concejo Deliberante.

Inicialmente, el gobierno tenía previsto avanzar con el debate luego de la temporada de verano, pero finalmente resolvió ir a fondo en los próximos días y el martes que será abordado en la Comisión de Legislación, en el marco de un proyecto original de La Libertad Avanza, que ya adelantó su apoyo a la reforma del oficialismo.

La modificación principal entre aquel y éste proyecto no es menor: en lugar que el Defensor sea designado a propuesta de la oposición, se hará directamente por mayoría simple de los concejales, previa inscripción de un registro público. Hasta comienzos de diciembre la posibilidad de mantener la redacción inicial era analizada como posible en el Pro, para mantener cierta tradición institucional de que organismos de esta naturaleza estén en manos de la oposición. Pero algo cambió en los últimos días.

“Con esto lo que buscan es nombrar a alguien afín al gobierno, para evitar que la Defensoría sea un organismo de contralor del accionar de los funcionarios municipales”, apuntan desde Unión por la Patria. “No le vamos a regalar un puesto institucional para que todos los días estén cuestionando al gobierno”, se sinceraron desde el otro lado, donde insisten además el déficit operativo que tiene la Defensoría tripartita.

En el medio, se sumaron voces de las ONG´s, colegios profesionales y sociedades de fomento en contra del proyecto, precisamente los tres estamentos que hasta ahora elegían, mediante elecciones, a su representante en la gestión tripartita de la Defensoría. El martes movilizarán al Concejo Deliberante para oponerse. También salió públicamente el Colegio de Técnicos, pero con una mirada totalmente diferente: “la Defensoría no puede defenderse ni a ella misma”, sostuvo, agregando que “no ha estado a la altura de las circunstancias”, con resultados escasos. A esto se suman voces de la política que alertan sobre una situación interna de mucha conflictividad en el organismo.