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Submarino ara san juan

15 de Noviembre de 2019 08:11

Dos años sin el ARA San Juan: una causa, la misma carátula y miradas contrapuestas

0223 habló con los abogados querellantes en la causa que intenta esclarecer la tragedia histórica. A la fecha, la investigación sigue caratulada por "averiguación de ilícito" y sin ningún funcionario detenido.

Responsables. Lo único que buscan, piden y anhelan los familiares de las víctimas de los 44 submarinistas que iban a bordo del ARA San Juan es eso: responsables. El tiempo no borra las heridas y por eso no cesa en las familias el deseo y la intención de saber con nombre y apellido cada uno de los autores que, por desconocimiento o desidia u omisión, facilitaron el devenir de los sucesos que culminaron con la histórica tragedia del 17 de noviembre de 2017.

La Justicia, por ahora, parece lejos de satisfacer semejante demanda: la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para esclarecer el hundimiento del navío lleva la carátula de "averiguación de ilícito", la misma con la que se decidieron rotular los expedientes al momento de dar los primeros pasos en la pesquisa.

A la complejidad propia que suponía una investigación de estas características y sin precedentes en la historia argentina, hubo que agregar otra circunstancia no menor: la desaparición misma del submarino. Durante un año, la Justicia tuvo que desdoblar sus esfuerzos en tratar de localizar al ARA San Juan y en intentar reconstruir los minutos finales de una nave de la que parecía haberse perdido todo registro de su paradero.

Recién el 16 de noviembre de 2018 la Armada Argentina terminó de confirmar el hallazgo de la embarcación pero las dilaciones persistieron: hubo importantes demoras para revelar las imágenes captadas por el barco Seabed Constructor de Ocean Infinity - la empresa que lo localizó a más de 900 metros de las profundidades del mar - y poner a plena disposición de la Justicia las 67 mil fotos suministradas por la compañía estadounidense.

Y a la fecha, según lo que denunció Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes en la causa, todavía no se llevaron adelante todos los peritajes que corresponden sobre los registros fílmicos que aportó la firma a la Justicia Federal. "Ni siquiera se ha nombrado un perito para peritar todo eso y muchas otras cosas. Es todo muy irregular; parece una fantochada", apuntó.

Tagliapietra es también el padre de Alejandro, capitán de corbeta y uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Su mirada es la más crítica que se puede encontrar sobre el estado de de avance de la causa, al punto tal que ya ha solicitado en dos oportunidades a la Magistratura la apertura del inicio de un proceso de jury contra Marta Yáñez para que sea apartada de la investigación, al entender que ha entorpecido sus resultados por diferentes irregularidades y falencias.

En estos dos meses, y con el riesgo de prescripción de algunos delitos, la causa se movilizó: entre octubre y noviembre, la magistrada avanzó con los llamados a indagatoria de siete hombres que ocupaban altos cargos en la Armada Argentina al momento de producirse la tragedia. 

Entre ellos, figuran Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado mayor de la Fuerza de Submarinos; Hugo Miguel Correa, jefe de Operaciones de Submarinos; Jorge Andrés Sulia, excapitán de corbeta; Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos (Cofs); Luis Enrique López Mazzeo, por entonces jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (Coaa); José Marti Garro, jefe de Operaciones del Coaa; y Eduardo Luis Malchiodi, jefe de Mantenimiento de la Armada (Jema).

Sin embargo, el letrado querellante dijo no entender "con qué sentido se hicieron los llamados a indagatoria" al no precisar el "encuadre legal" de las imputaciones que recaen sobre los sospechosos. "No hay acusaciones formales y es muy extraño. En mi experiencia como abogado nunca vi esto. Es casi inédito que se indague a alguien sin notificarles de que delito se los acusa", consideró.

Además, el abogado reparó que, en el caso de los primeros tres imputados, ya pasaron los 10 días hábiles para resolver su situación procesal y la jueza no tomó ninguna determinación al respecto. "Todavía no hay nadie detenido. Parece evidente de que hay un pacto previo y que tienen asegurado de que no van a correr ningún riesgo", señaló, en declaraciones vertidas a 0223.

 

Como padre, Tagliapietra confesó sentir "mucha tristeza y frustración" por la falta de respuestas que acusó en todo este tiempo de parte del Ejecutivo y la Justicia. "Se mezcla todo en mi caso y uno siempre revive días muy duros y que tampoco nunca se aclararon. No tuvimos grandes gestos de homenajes del Gobierno y ni siquiera tenemos una tumba para dejarles una flor", lamentó.

"No se hizo nada de lo poco que se prometió y eso profundiza la sensación de vacío. Nadie supera nunca en la vida la pérdida de un hijo, eso es algo imposible; pero acá, la diferencia es que hay tantas cosas pendientes y frentes abiertos y sin cerrarse que todavía se hace mucho más difícil transitar por este dolor", explicó el papá de uno de los submarinistas.

La postura que dejaron entrever Valeria Carreras y Lorena Arias, las dos abogadas que integran la otra querella de la causa, fue un poco más optimista al reconocer que hubo "muchísimo movimiento" en el último tiempo. "Se hizo muchísimo", insistió Carreras, que forma parte del estudio del reconocido abogado Fernando Burlando.

En diálogo con este medio, Carreras aclaró que los llamados a indagatorias con los que avanzó Yáñez se vieron motivados por sus presentaciones. "Lo importante es que la jueza tomó el guante y llamó a indagatorias. Y por cuestiones de agenda hizo esta cantidad de llamados pero todavía le quedan otros seis más", adelantó.

Los pedidos de imputaciones que hizo la abogada querellante incluyeron a "diez altísimos oficiales de la Armada Argentina" pero también al propio Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad. En cada caso, la acusación tiene una gravedad de diverso grado y configurada en distintos delitos, según indicó.

"Es importante resaltar también que la jueza no rechazó las imputaciones que realizamos contra Macri y Aguad este 25 de octubre, cuando se cumplieron dos años de la última zarpada del submarino. Si lo hubiese hecho, tendríamos que haber apelado para insistir con nuestra postura y sin embargo las tuvo en cuenta para ponerlas en consideración", reveló.

Además, Carreras dijo que solicitó la "reserva" en la causa para imputar con los elementos probatorios recabados en base a las tres hipótesis principales que se sostienen en torno al desencadenante de la tragedia: la implosión del submarino, la explosión del navío producido por un ataque externo o una mina y la posible colisión con un buque de pesca ilegal. "Para les tres hipótesis pudimos lograr la sumatoria de prueba para hacer las acusaciones", aseguró.

Sin embargo, en esta querella también hay lugar para algunos escepticismos que dan lugar a un margen de sospecha de magnitudes no menores: la abogada aclaró que todavía falta avanzar con la verificación técnica de las imágenes del hallazgo del submarino para constatar que sean "reales y fehacientes". "De eso todavía no tenemos seguridad", reconoció.

La letrada, además, confió que se reservó la posibilidad de incorporar a la causa el testimonio del agregado de Michael Reyburn, el agregado de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos, que fue quien llamó al ministro Aguad el 17 de noviembre de 2017 para exigir el decreto del zar internacional. "Esto es gravísimo porque Estados Unidos tiene una estación de detección de sonido que se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando en el Gobierno todavía decían que estaba desaparecido", planteó.

Esto, según Carreras, abre dos ejes distintos a la hora de definir las imputaciones: la posibilidad de la comisión del delito de homicido con dolo eventual, por el conocimiento previo de las malas condiciones en las que estaba el submarino, y la comisión del delito de abandono de persona, porque pese a los llamados que envió la tripulación el Gobierno no dispuso un operativo de rescate inmediato.

De las 44 familias, sólo 26 decidieron presentarse como querellantes, y su representación se divide entre la querella mayoritaria de los estudios de los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando, junto con el de Lorena Arias, y en forma paralela trabaja Luis Tagliapietra.