Los 10 grandes temas para un Concejo Deliberante marcado por la mayoría oficialista

En su primer mandato, Guillermo Montenegro convivió con un Concejo Deliberante, cuanto menos, poco resolutivo. Pese a sortear las limitaciones en pandemia con la virtualidad, la incapacidad del oficialismo de generar consensos en debates cruciales, apuntan desde la oposición, y la voluntad obstructora de los segundos, arremeten los primeros; el órgano legislativo local no pudo resolver temas urgentes para la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus vecinos.

Ejemplos sobran, como el fracaso del primer pliego para licitar el nuevo Sistema Integrado de Transporte Urbano (Situ), el estancamiento del debate por la regulación de los cuidacoches, de las apps de transporte y la permanente delegación de facultades al intendente para que a puro decreto aumente la tarifa del colectivo, entre las más salientes.

Un solo factor hará cambiar esa dinámica en el inicio del segundo mandato de Montenegro: con los cinco concejales logrados en la última elección, el interbloque de Juntos por el Cambio llegó a 13 ediles y pasó a tener la mayoría sobre los 24 integrantes. El aspecto favorable de un Concejo Deliberante con mayor capacidad de resolución podría ser contrarrestado con la tentación de la mayoría automática -la tan señalada “escribanía”- de parte del gobierno, alejándose de los necesarios consensos que le dan mayor volumen político a las normativas que surjan, no incorporando a su vez los aportes y propuestas valiosas que puedan surgir de los cuatro bloques opositores. Una señal del rumbo fue la aprobación exprés de la reforma de la Defensoría del Pueblo, sin consulta a las instituciones afectadas y sin contemplar propuestas de la oposición.

En esa tensión se desenvolverá el nuevo Concejo Deliberante, que en 2024 deberá demostrar capacidad de resolver proyectos que se arrastran de los últimos años y otros nuevos que prometen abrir más de una polémica. Entre los últimos, voces del oficialismo ya blanquean la intención de completar las vacantes en los Juzgados de Faltas. En cambio, por ahora no asoman señales sobre una eventual reforma del Código de Ordenamiento Territorial (COT), mientras nacen nuevas versiones sobre la apertura a la participación privada en la gestión del Estadio Minella, algo que, de existir, deberá ser convalidado por el Legislativo local.

1. Jueces de Faltas

Seis años se cumplirán en los próximos meses de que los Juzgados de Faltas funcionan con solo tres de sus cinco titulares, desde la jubilación de las doctoras Ana María Castelao y Carmen Susana Maffioni. En vano fueron los intentos del exintendente Carlos Arroyo por nombrar sus sucesores y limitados fueron durante la gestión Montenegro, pese a algún anunció esporádico.

La necesidad de acordar con algún sector de la oposición –a los jueces los propone el intendente pero deben ser convalidados por mayoría simple de los concejales- fue dilatando la elevación de los pliegos. Hasta ahora. Las conversaciones entre el Pro y la UCR avanzaron tras el triunfo en las elecciones y está todo encaminado para que haya una propuesta tras la temporada. Allí se retomaría la idea de especializar a uno de los Juzgados en faltas de tránsito, mientras que se evalúa la posibilidad de elevar tres candidatos, contemplando la pronta jubilación de uno de los actuales magistrados.

2. Licitación del transporte público de pasajeros

Luego de archivar en 2022 el primer proyecto que había presentado el Ejecutivo para aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación del Sistema Integrado de Transporte Urbano (Situ) y de, en noviembre de este año, devolver el segundo proyecto luego de señalamientos de la CNRT y las concesionarias, se espera que en 2024 el Concejo Deliberante vuelva a tener en sus manos un nuevo proyecto mejorado. Tendrá tiempo para su abordaje, ya que recientemente el intendente extendió los contratos por dos años más, hasta diciembre de 2025.

3. Regulación (o no) de las apps de transporte

Pese a estar prohibidas por ordenanza, las apps de transporte funcionan a luz del día en Mar del Plata, lo que viene generando fuertes cuestionamientos de los taxistas y remiseros debidamente registrados. En 2022 la Coalición Cívica presentó un proyecto para regularlas, que luego recibió el apoyo de Montenegro, quien en la campaña de 2019 las había rechazado. El expediente aún tiene estado legislativo y su autora, Angélica González, ya adelanta en off su intención de volver a ponerlo en agenda e incluso esta semana propuso dejar de multar a las apps. Al servicio de autos, una de las app ya sumó los viajes en moto, donde aún queda pendiente el anuncio del actual secretario de Producción, Fernando Muro, de presentar un proyecto para también regular los mototaxis.

4. Estacionamiento Medido

Este lunes se reactivó el expediente para tercerizar el estacionamiento medido a través de una licitación para la gestión, administración y mantenimiento del sistema en Mar del Plata, por un periodo de nueve años y que de esa forma dejará de estar en manos de la propia Municipalidad. El pliego además habilita a que a futuro se amplíen las zonas donde se cobra el estacionamiento medido, que actualmente abarca al cuadrante delimitado por las calles Buenos Aires, 25 de Mayo, España y Avenida Colón.

5. Publicidad en la vía pública

Este año se retomará el tratamiento del proyecto que el Ejecutivo presentó para licitar por 10 años la explotación de publicidad en la vía pública, dividido en dos concesiones. La explotación abarca 651 refugios y otros 50 a construir, casillas de guardavidas, 100 pantallas luminosas, 1.600 carapantallas, dos mil banderolas en luminarias, entre otros espacios. El negocio de la publicidad en la vía pública -concentrado en tres grandes jugadores a nivel nacional- tendrá su propio capítulo en la ciudad.

6. Regularización de Unidades Turísticas Fiscales

Luego de avances para regularizar la situación de las UTF Playa Bristol y Playa Estrada, el EmturyC buscará avanzar con la realización de licitaciones para la concesión de playas que están gestionadas desde hace años a través de permisos precarios. En estudio está un proyecto de 2022 para licitar la playa nudista La Escondida, actualmente gestionada por una ONG. Aún quedará la perspectiva sobre el futuro del Camping Municipal, a cargo de la Asociación de Scouts Argentina, y de Playa Redonda, a cargo de una entidad conservacionista. Sobre estas dos UTF hay en estudio proyectos en la Secretaría de Obras para avanzar con iniciativas en el marco del Régimen de Iniciativa Privada.

7. Cambio de la TSU

Una de las grandes cuentas pendientes del primer mandato de Montenegro, donde todos los sectores políticos coinciden que la fórmula por la cual se calcula la Tasa de Servicios Urbanas (TSU) no sirve. La dificultad está en cuál será la propuesta superadora. A tales efectos, un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas fue contratado en 2020 para elaborar un proyecto, donde se viene postergando su presentación en medio de varios idas y vueltas. El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, aseguró a 0223 que el proceso sigue abierto y que esperan novedades en el corto plazo sobre el estudio a cargo de la Unmdp.

8. Gastronomía: baile espontáneo y rooftops

Otros dos proyectos demorados de 2022 con los que se busca dinamizar aún más la actividad gastronómica -tras la regulación definitiva de los decks- son aquellos que buscan flexibilizar los show musicales y el baile en locales gastronómicos y la habilitación de los bares en terrazas.

En cuanto al primero, presentado por el ahora secretario de Producción, Fernando Muro, los cambios más trascendentales apuntan a la posibilidad que se permita el baile e incluso que los espacios gastronómicos funcionen exclusivamente como sala de espectáculos. No son los únicos aspectos innovadores, dado que también se permitirá la ampliación de las actividades, con la actuación de Dj's, se extiende el horario nocturno de las 2 a 4 y los permisos podrán tener vigencia por tiempo indefinido. Vecinos de Alem ya pusieron la voz en alto, advirtiendo que se podría volver a la situación de una década atrás.

Respecto al segundo, se busca avanzar con la tendencia de los rooptops que viene creciendo en Buenos Aires. El proyecto original, autoría de la Coalición Cívica, contempla que se puedan instalar locales gastronómicos en terrazas no sólo de edificios comerciales, sino también habitacionales. Bomberos ya alertó sobre los cambios estructurales que se deberán hacer para cumplir con los protocolos de seguridad, mientras que algunas áreas municipales sugirieron no hacerlo en edificios de viviendas.

9. Programa de denuncias viales ciudadanas

Otro expediente de 2022 que acumula polvo en un cajón. Se trata del proyecto del Ejecutivo para habilitar una app mediante la cual vecinos podrán denunciar infracciones viales, principalmente el estacionamiento en zonas prohibidas. Se garantizará la protección de la identidad, mientras que desde la oposición plantean dudas sobre que las fotos que los usuarios suban a la app tengan valor legal como prueba. Infracciones tan usuales como el estacionamiento en doble fila no sería incorporado, ya que por su dinámica es complejo de demostrar a través de una imagen.

10. Cuidacoches

Tres proyectos con estado parlamentario conviven en un debate que en 2022 parecía estar cerca de ser resuelto, donde incluso hubo jornadas de debate institucionales, pero que entró en una espiral de silencio que se extiende hasta ahora. Las propuestas de la UCR, el Pro y Unión por la Patria coincidían en los principales rasgos, como que los permisos solo sean otorgados a vecinos de General Pueyrredon, que la retribución sea voluntaria y que los carnets sean dados de baja cuando los “trapitos” ejerzan bajo los efectos del alcohol o drogas. Como en cada verano, la problemática volverá a salir a la luz en los portales ante el arribo de decenas de trapitos de afuera de la ciudad. El propio gobierno municipal lo tiene como tema de primer orden, con permanentes partes sobre la detención de “trapitos” violentos.

Sin embargo, una sola diferencia lo trabó, en un marco donde el enfoque de UP se hacía desde la economía popular y de JxC desde una política de seguridad. El oficialismo postula como requisito para que una persona sea autorizada el no tener antecedentes penales, mientras que desde el bloque opositor remarcaban la inconstitucionalidad de la medida.